Los horrores de Daniel Ortega: la persecución que se vive en Nicaragua, sobre la cual Colombia guardó silencio en la OEA

En Nicaragua, reina el caos y la desazón. Y el mundo entero se ha pronunciado. Hace poco, el clamor vino del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien aseguró que “está muy preocupado por el grave cierre del espacio civil y democrático en Nicaragua, y por recientes acciones contra organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de la Iglesia católica”.

La situación se ha tornado crítica y como todos los opositores del régimen han tenido que huir del país, ahora la persecución se da con ferocidad contra la iglesia. Desde 2007, Ortega, un exguerrillero que se mantiene en el poder desde 2007, ha encarcelado a decenas de opositores y clausurado medios de prensa, organizaciones educativas y de la sociedad civil. La Iglesia católica, cuyas relaciones con el Gobierno han sido tensas en los últimos cuatro años, es el último reducto de rebeldía desde donde se cuestionan los actos gubernamantales.

El 12 de agosto, la OEA llamó a sus estados miembros para enviar un fuerte mensaje contra ese Gobierno. Al final la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó a Nicaragua por “el hostigamiento” a la Iglesia católica, el “cierre forzado” de oenegés y la “persecución” de la prensa, e insistió en que el gobierno de Daniel Ortega libere a los presos políticos.

En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, el órgano ejecutivo de la organización, se adoptó la resolución sobre la situación en Nicaragua por 27 votos a favor de los 34 miembros activos, uno en contra (San Vicente y las Granadinas) y cuatro abstenciones (Bolivia, El Salvador, Honduras y México). El único ausente fue Colombia.

Un informe de Noticias Caracol comprobó que, contrario a lo que dijo el embajador de Colombia en la OEA, Luis Ernesto Vargas, el aval de la ausencia lo dio el mismo canciller Álvaro Leyva. El viceministro de Asuntos Multilaterales, Juan José Quintana, confirmó que fue el canciller quien dio la instrucción de no asistir, aunque no explicó las razones que motivaron la decisión.

Por esa razón, las reacciones desde diferentes sectores no se han hecho esperar y han calificado de “vergüenza” lo ocurrido hace un par de semanas.

El periodista nicaraguense Wilfredo Miranda Aburto narró para SEMANA, desde el exilio, cómo es la feroz persecución religiosa orquestada por la Policía sandinista, que secuestra y detiene a obispos y sacerdotes. Esta es su reportaje.

En contra de Dios

El sacerdote Sebastián López se levantó a primera hora del martes 16 de agosto, apuró un ligero desayuno, se calzó la sotana con la casulla verde y caminó hasta la entrada de la parroquia Santa Lucía, en Ciudad Darío, para arrancar con la misa matutina. Cuando abrió las puertas, los policías de las tropas especiales, con sus uniformes negros coronados por una capucha impenetrable, ya estaban allí.

Llegaron a decirle que ni él podía salir, ni sus feligreses entrar al templo… La misa quedó confiscada. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impuso al religioso un secuestro policial de facto.

Los feligreses que llegaron a Santa Lucía a la hora de la misa se encontraron con el cerco de antimotines, más pequeño, pero similar en intransigencia al que tiene impuesto el obispo Rolando Álvarez, quien estuvo secuestrado 15 días en la ciudad de Matagalpa y fue capturado este viernes por un convoy militar. No son casos aislados.

Desde hace casi un mes, la dictadura Ortega-Murillo ejecuta una ofensiva sistemática contra el catolicismo, en concreto contra obispos y sacerdotes críticos de las violaciones a los derechos humanos que campean en este país desde 2018, cuando las protestas sociales contra la administración sandinista fueron reventadas por policías y paramilitares, y que llevó a una matanza de más de 350 personas.

En Ciudad Darío, el párroco y la feligresía de inmediato entendieron que la represión los había alcanzado. Los policías no pudieron repeler a los parroquianos que se agolparon en el atrio de la iglesia. Al otro lado estaba el sacerdote que, pese a las amenazas, no renunció a oficiar. Inició la misa bajo secuestro y más pobladores llegaron.

Que la fe mueve montañas, me dijo de manera anónima un fiel que acudió al templo; fe como la del “granito de mostaza” para mover a esta dictadura y que deje de perseguir a nuestros sacerdotes. Estaba conmovido, en especial cuando el “cuerpo de Cristo” fue dado por el padre López.

“Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar”, así cantaba el sacerdote detrás de la malla. “El cuerpo de Cristo”, decía el padre. “Amén”, contestaba el feligrés, vigilando sobre el hombro al escuadrón policial con los fusiles al cinto. La eucaristía se celebró bajo hostigamiento, como no ocurre en la actualidad, al menos, en el hemisferio occidental; la Iglesia católica de Nicaragua es una de las más perseguidas y el papa Francisco calla, por ahora, desde el Vaticano.

En medio de persecución y cárcel contra opositores, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, feministas, ambientalistas, partidos políticos, empresarios, músicos, defensores de derechos humanos, campesinos, indígenas, escritores y cualquier ciudadano con voz crítica, la Iglesia católica es de las últimas instituciones con carácter y de amplia influencia que flanquea abiertamente al régimen, que ahora contraataca.

El domingo 14 de agosto, en Siuna, una de las ciudades del Triángulo Minero de Nicaragua, el sacerdote Óscar Benavidez fue detenido. Aunque oficialmente no se conoce la razón del arresto, fuentes eclesiales de Siuna aseguran que en sus últimas homilías dijo “que no se iba a callar ante la situación que vive Nicaragua, particularmente la Iglesia católica”.

Con el arresto de Benavidez, ya son tres los sacerdotes tras las rejas. A eso se suma la expulsión del nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag en marzo pasado, el exilio forzado del obispo Silvio Báez y el de dos sacerdotes más; una congregación de monjas expulsadas del país, un jesuita al que no le renovaron su pasaporte imponiendo destierro, y la investigación abierta y secuestro contra monseñor Rolando Álvarez en Matagalpa.

“Desde hace mucho tiempo venimos denunciando que la dictadura se encuentra ante un proceso frontal de aniquilamiento de todo lo que pueda significar una amenaza a su poderío, a su imposición en el poder. Hoy, después de desmantelar casi todo, el único espacio para expresar esa resistencia son las iglesias y, en especial, la católica”, explica la activista Haydée Castillo.

Defensores de derechos humanos ya catalogan lo de Nicaragua como una “persecución religiosa”. Un estudio titulado Nicaragua: ¿una iglesia perseguida? (2018-2022) señala que desde 2018 a la fecha el catolicismo ha sufrido 190 ataques, como el ingreso de una turba a la catedral de Managua, amenazas de muerte a sacerdotes y profanaciones de distintos templos. Se han registrado ataques físicos como el sufrido por el padre Mario Guevara, vicario de la Catedral Metropolitana, a quien una mujer de origen ruso y allegada al Gobierno le roció ácido sulfúrico.

En 2020, una bomba molotov fue lanzada en la catedral de Managua y calcinó la venerada imagen de la Sangre de Cristo. “Los principales jerarcas católicos han tenido un papel preponderante junto a muchos líderes en la lucha por preservar la libertad. Tiene que ver también con la visión de Ortega y Murillo de que ellos son el todopoderoso. Ellos quieren erigirse prácticamente como si fueran Jesús y María, y venderle la idea al pueblo de Nicaragua de que ellos son los elegidos”.

Previo al secuestro del obispo Álvarez, el régimen cerró 12 emisoras de la diócesis de Matagalpa, argumentando que “las licencias de operación no estaban vigentes”. En junio de 2022 fueron eliminados de la parrilla de programación de la empresa Telecable los canales de televisión de la Iglesia católica TV Merced, en el departamento de Matagalpa, y San José, en el departamento de Estelí. Mientras que, en mayo, fue clausurado de la parrilla de programación el Canal 51, también propiedad de la Iglesia católica.

La mayoría de estos medios de comunicación eran dirigidos por monseñor Álvarez, quien ejerce la vocería de la Iglesia católica. Álvarez es un obispo muy querido en Matagalpa. Antes de las protestas de 2018 encabezó un movimiento social y campesino que obligó al gobierno sandinista a cancelar una concesión minera a una transnacional. Álvarez tiene mucha cercanía con sus feligreses.

Es un religioso que baila, anda en bicicleta, cocina, canta y mantiene un evangelio humanista que condena la represión en Nicaragua. Con sus oraciones de exorcismo irrita a la pareja presidencial, a tal punto que lo mantienen secuestrado y la Policía no permite que a la curia ingresen alimentos y medicamentos. Monseñor Álvarez está cautivo junto a otros diez sacerdotes y laicos.

“Estamos sobreviviendo y Dios nos da las fuerzas”, me dice uno de los curas secuestrados en Matagalpa. “No dejan que nos pasen nada de víveres… pero estamos todos bien, unidos en oración”, dice el sacerdote, que pide anonimato.

Monseñor Álvarez fue cercado hace más de 13 días. Intentó salir de la curia para ir a oficiar misa, pero los oficiales no lo dejaron. Trató de sobrepasar a los antimotines con el Santísimo en manos y fue retenido por la fuerza. La vicepresidenta Rosario Murillo reaccionó encolerizada y acusó a Álvarez de montar “shows” y de cometer “crímenes de lesa espiritualidad”.

Lo único que el Vaticano ha dicho sobre la persecución contra los suyos en Nicaragua es que “están preocupados”. Una declaración hecha el 12 de agosto por el observador permanente de la Santa Sede en la Organización de Estados Americanos (OEA), monseñor Juan Antonio Cruz, cuando 27 países votaron una resolución condenatoria al acoso religioso.

El analista político en el exilio Óscar René Vargas cree que la postura del Vaticano es muy tibia. “Al pedir el Vaticano un ‘diálogo y entendimiento’ con la dictadura, hace caso omiso que la estrategia de Ortega-Murillo, para permanecer en el poder, sigue siendo ‘el poder o la muerte’”, afirma Vargas.

En la iglesia Santa Lucía, en Ciudad Darío, el sacerdote Sebastián López terminó la misa a la intemperie; entró a la sacristía y se sacó la casulla verde que los curas usan en “Tiempo Ordinario”, un color asociado desde los púlpitos con la esperanza y la vida, dos cuestiones que el infierno de la represión Ortega-Murillo consumen en Nicaragua.