Agridulces cifras de incautaciones revelan difícil panorama de la lucha antidrogas

Aunque las estadísticas por golpes contra estructuras de narcotráfico están en verde, la política del país frente a las drogas ilícitas genera más preocupación que aliento.

El cambio de las estrategias de lucha contra las drogas es central para el gobierno de Juan Manuel Santos, que ha sido audaz al plantear un nuevo enfoque en diversos escenarios internacionales. Sin embargo, las alarmas están encendidas para este año en el que coinciden: la implementación de un acuerdo de paz con las FARC, la inminente continuación en el pronunciado crecimiento de los cultivos ilícitos y la llegada de un gobierno estadounidense que podría endurecer su postura sobre el narcotráfico en Colombia.

En su informe anual, el Ministerio de Defensa reportó el alza más importante en materia de incautación de coca registrada en la última década. El aumento es del 45 % con respecto a los reportes entregados por las autoridades el año anterior. Pero esos números, aparentemente positivos, son en realidad engañosos. Aunque no se conocen mediciones de cultivos y producción del 2016, esta cifra podría terminar teniendo un crecimiento casi que proporcional con las estadísticas que revelará el Sistema de Monitoreo de Naciones Unidas. El área sembrada con coca, reportó el Simci, creció para el 2015 en 39 %; de 69.000 has. en el 2014 se pasó a 96.000 en el 2015. En materia de producción el aumento fue del 32 % respecto del año anterior.

Analistas aseguran que estos no son los resultados que está esperando el país en los términos de una política de lucha contra las drogas que tiene como uno de sus puntos centrales precisamente los golpes a los grandes eslabones de la cadena del narcotráfico, incluidos capos, cargamentos y laboratorios.

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“El aumento en las incautaciones no compensa de ninguna manera el aumento de la producción de cocaína. Hoy los desafíos son mayores porque hay más producto que sale. Finalmente esa coca que se incauta en los mares ya fue producida en Colombia y la riqueza ya se quedó en las estructuras locales”, asegura Daniel Rico, investigador de Ideas para la Paz.

En infraestructura de producción destruida, el informe revela un aumento de operativos en 32 %; se pasó de 3.592 intervenciones a estructuras a 4.725. Esta cifra, sin embargo, también genera resistencia si se tiene en cuenta que no es claro cuánta de esta infraestructura realmente corresponde a laboratorios, y a juzgar por datos del año pasado, sólo el 10 % terminó estando en este rango. “Termina siendo mucha inversión para estructuras irrelevantes para el problema”, aseguró el investigador Juan Carlos Garzón.

Este año, el Consejo Nacional de Estupefacientes anunció su aval para la erradicación manual con glifosato, un anuncio que no despertó mayor expectativa en la opinión pública por sus altos costos económicos y en vidas humanas. Aunque este ítem también tiene un positivo en las cuentas del Mindefensa, las estadísticas en nada se comparan con picos como los del año 2008, cuando se registraron más de 92.000 hectáreas erradicadas manualmente.

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Pese a las duras críticas de la oposición, que asegura que Colombia está nadando en coca luego de la suspensión de la aspersión con glifosato, hace menos de un mes, en Oslo, cuando el presidente Juan Manuel Santos recibía el Nobel de Paz, reiteró su llamado para “replantear la guerra mundial contra las drogas”. Ya lo hizo en diversos escenarios, en especial durante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2016 sobre Drogas, conocida como UNGASS.

Pero los recursos y las capacidades que ha desarrollado el Estado dejan ver una brecha entre el discurso y la realidad. El aire de esta discusión la da el acuerdo de paz con las FARC, en el que hay compromisos que generan gran expectativa: las sanciones que la Jurisdicción Especial para la Paz podrá aplicar contra guerrilleros para que erradiquen manualmente, el compromiso de contribuir en la implementación de programas de desarrollo alternativo y la descriminalización de pequeños cultivadores son algunos de ellas.

En este último caso los anuncios vinieron acompañados por una gran presión de tiempo, ya que se acortaron los plazos de dos a un año para que los pequeños agricultores dedicados al cultivo de uso ilícito manifiesten su decisión de renunciar a ellos y acogerse a los programas de sustitución. Y paralelo a ello, el Gobierno se compromete a desplegar el programa en todas las zonas afectadas. Sin embargo, vuelve el interrogante de la capacidad del Estado teniendo en cuenta que son más de 200 municipios afectados por esta problemática, algunos de ellos con alto retraso en materia de desarrollo social.

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Por lo pronto, se avecina la siguiente tormenta: El próximo obstáculo que tendrá que atravesar el Gobierno será presentar al Congreso, por la vía del fast track, el proyecto de ley que permitirá dejar de perseguir judicialmente a cultivadores que se acojan a los programas de sustitución. El cómo implementar este punto tiene opinando desde extremos diferentes al fiscal general y al Ministerio de Justicia.