“Los Jaramillo están mal asesorados”

LUIS GUILLERMO VÉLEZ: Esa apreciación no es correcta. Hasta el abogado de un grupo de víctimas, Sergio Rodríguez Azuero, dice que difícilmente se hubiera podido avanzar tan rápidamente como se ha hecho. El problema es que solamente se tuvo noticia de la magnitud del tema de Premium a finales de noviembre de 2012. Para que las medidas tuvieran efecto debían cobijar a cuatro jurisdicciones, tres de ellas extranjeras (Bahamas, Panamá y Curazao) y eso requería de la colaboración de las autoridades de esos países. 

Una de ellas, la más importante, la de Curazao, decidió ratificar a Eclipse y a su director Erik Andersen como administrador del Fondo. Andersen, en marzo, contrató a una firma, Edex Recovery Solutions, para la recuperación de los dineros. Ante esa realidad, las autoridades colombianas procedimos a congelar los activos del Grupo Premium en Colombia que era lo único que podíamos hacer.

Paralelamente, ya se había iniciado una investigación por captación ilegal, que tuvo sus primeras decisiones en mayo de este año y que derivó en la intervención que hicimos ese mismo mes de los activos personales de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. La segunda fase del tema Premium concluye con la intervención de todo el grupo, la cual anunciamos hace unos días. 

L.G.V.: Sí, senté a todos los interesados y afectados. Es decir al Banco Central de Curazao; al director del Fondo Erik Andersen; a quienes contrató para recuperar los activos (o sea a Edex y a Jaime Granados); al interventor Alejandro Revollo; y por supuesto a los inversionistas víctimas. Hicimos un protocolo con la idea de coordinar los esfuerzos para recuperar los dineros. 

L.G.V.: Entiendo su pregunta. Pero la verdad es que no hay alternativa, así algunos de los involucrados no me gusten. De lo contrario estaríamos frente a años de litigio que perjudicarían a las víctimas y beneficiarían a los victimarios. 

L.G.V.: En desmontar la estructura extranjera de Premium y traerla a Colombia y ponerla bajo el control de la Superintendencia. El objetivo es poder asegurar el mayor número de activos para poder hacer los pagos a los afectados lo más rápido posible y para eso, todos debemos remar en la misma dirección. Inclusive, los responsables de todo esto. Ellos deben honrar sus palabras en el sentido de que van a pagar hasta el último peso que deben.

L.G.V.: Tal vez sea porque están mal asesorados. La decisión racional que deberían tomar es la de colaborar plenamente con las autoridades. 

M.J.D.: Pero no solo no han colaborado, sino que insisten en torpedear los procesos y en negar su vinculación con el Fondo Premium.

L.G.V.: Mire María Jimena, las operaciones que se realizaron en el Fondo Premium, por lo menos hasta el 12 de noviembre del 2012, fueron direccionadas por lo que se conoce como el Investment Advisor, que es una compañía controlada en partes iguales por Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz. De eso no hay ninguna duda. 

M.J.D.: ¿Se utilizó el Fondo Premium para fondear la operación de Fabricato?

L.G.V.: Los principales deudores de las compañías de Premium son los señores Corridori y Maldonado. El primero fue el articulador con otras sociedades, como Giteco, Invertácticas, VMS Associates, Manantial y P&P, de la toma de control clandestina de Fabricato. El segundo es, según la investigación de captación ilegal, el beneficiario de buena parte de los recursos captados en una suma que podría superar los 122.000 millones de pesos. 

L.G.V.: Encontramos que la estructura completa del grupo Premium estaba hecha para defraudar. A través de una fachada de legalidad se captaban recursos que aparentemente iban a una sociedad en Curazao pero que, directa o indirectamente, acaban regresando a Colombia para fondear y financiar las actividades especulativas de los controlantes y sus asociados. 

L.G.V.: Había unas operaciones en las cuales la plata llegaba de Curazao a través de dos vehículos corporativos en Colombia: Rentafolio Bursátil y Valores Incorporados. Y había otros casos en los cuales la plata se giraba directamente a compañías en Colombia como la Compañía Colombiana de Capitales, que yo considero como el eslabón perdido de esta captación ilegal. 

L.G.V.: No tengo conocimiento de operaciones específicas. Lo que sí es cierto es que la plata entraba a la Compañía Colombiana de Capitales y salía para inversiones que posiblemente pudiesen ser las que usted sugiere. Pero también salía dinero para compañías de Víctor Maldonado como Las Tres Palmas, Malta, Helados Modernos y para unas empresas adicionales, que eran del núcleo familiar de Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz. 

L.G.V.: Eso nunca lo he negado. Tenía una relación de amistad social casual como la que tengo con cientos de personas. 

M.J.D.: Usted ha aceptado haber estado en una reunión con los Jaramillo a finales del año pasado, antes del derrumbe de InterBolsa, en la que ellos le informaron de la inminente iliquidez del conglomerado. ¿Qué paso en esa reunión?

L.G.V.: A mí me invitan a un reunión que yo pensaba que era para otra cosa y se me informa de una situación de inminente iliquidez como usted dice, de una compañía que manejaba el 35 por ciento del mercado bursátil y que era un operador sistémico. El tema era delicado y procedí a informar al conducto regular que tengo para estos casos. Y lo que para mis detractores es una reunión que puede ser utilizada para recusarme yo la considero parte de mi trabajo.

La Superintendencia tiene el objetivo primordial de prevenir la insolvencia de las compañías y mi oficio es hablar todos los días con las personas cuyas empresas están quebradas o están a punto de quebrarse. Pero además, en este caso la Superintendencia que yo dirijo no era el ente supervisor de la holding ni de la comisionista de InterBolsa. Era la Superintendencia Financiera.

L.G.V.: No tengo ni idea. Pero ante esa información lo menos que podía hacer era avisar a mis superiores, cosa que hice.

L.G.V.: Pues si eso pensaban, se equivocaron. Nuestro principal objetivo es proteger a los inversionistas que resultaron afectados. 

M.J.D.: Y si logran recusarlo, como lo han prometido, ¿que podría pasar con los procesos e investigaciones que se adelantan en la Superintendencia de Sociedades?

L.G.V.: No hay ninguna causal para recusarme porque no tengo ni impedimento ni conflicto de interés. Entiendo que los abogados de los involucrados hagan uso de todas las herramientas que estén a su alcance para dilatar los procesos. Y que además lo hagan cuando generamos resultados. Mire, solo le digo esto: cuanto más tiempo pase, menor será la probabilidad de recuperar los activos de Premium. La velocidad con que se actúe es muy importante y cualquier obstáculo obra a favor de los victimarios.

L.G.V.: Ese es un tema de reserva sobre el cual no me puedo pronunciar. 

L.G.V.: La siguiente pregunta, por favor. 

M.J.D.: Su Superintendencia inició desde el mes de febrero un proceso de inhabilidad contra seis directivos de InterBolsa: Rodrigo Jaramillo, Jorge Arabia, Ruth Estella Upegui, Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Víctor Maldonado. ¿Qué pasa si los sancionan?

L.G.V.: De ser sancionados implicaría lo que se conoce como la ‘muerte comercial’. Es decir, no podrán durante un tiempo realizar ningún tipo de acto de comercio. 

L.G.V.: Esto es muy distinto. Esta medida es muy severa porque quedan fuera de la vida comercial. Por ejemplo, no pueden ni siquiera abrir una cuenta bancaria o recibir un crédito. 

L.G.V.: Porque las últimas inversiones que hicieron fueron desastrosas: la compra de InterBolsa Brasil y Estados Unidos, más un reparto de utilidades –que no se debió haber– hecho por valor de 66.000 millones de pesos, que desangró a la compañía. Y si a esa cifra se le suma el fondeo de la operación de Fabricato por 86.000 millones de pesos, queda claro que para finales de 2012 la compañía estaba en los rines. ¡Todo eso sumó cerca de 300.000 millones de pesos!

L.G.V.: Yo no soy abogado penalista, pero sí le puedo decir que las penas por captación ilegal y otros delitos de ese estilo son muy superiores a las simples sanciones penales por pecadillos bursátiles.