Los líos de la familia Aguilar

Aunque generó sorpresa en el país la captura que hicieron agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación del senador Richard Aguilar, por presuntas irregularidades en la contratación mientras estuvo en el cargo de gobernador en Santander, ese caso activó la memoria sobre los enredos judiciales que han tenido los integrantes de su familia.

Los expedientes empiezan con el excoronel Hugo Aguilar, padre del senador Richard Aguilar, quien a finales de 2019 en el aeropuerto de Palonegro de Bucaramanga fue recapturado por segunda vez por orden de la Corte Suprema de Justicia. Le cobraron en esa ocasión el haber “engañado” al parecer a la Unidad de Víctimas.

Hugo Aguilar es considerado como uno de los hombres más poderosos del departamento de Santander y padre de una de las dinastías políticas que siguen definiendo la parada en esa región del país.

La captura de Aguilar padre se produjo en ese entonces mientras gozaba de su libertad condicional en el marco del proceso de parapolítica, Aguilar fue vinculado a un proceso penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en bienes que ascendían a los 15.000 millones de pesos.

Cabe recordar que el aspecto financiero resultó altamente sensible, pues Aguilar consiguió el subrogado penal después de acreditar insolvencia ante la Unidad para la Reparación de Víctimas, en esos días salió a la luz pública el polémico auto de lujo Porsche.

En 2013 luego de una investigación adelantada por las autoridades, trascendió que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tomó la determinación de proferir una condena de nueve años de prisión en contra del exgobernador de Santander, el coronel en retiro Hugo Aguilar por vínculos con grupos paramilitares.

El turno ahora es para Mauricio Aguilar, hermano del congresista Richard Aguilar y actual gobernador de Santander. En su contra en junio de 2021 fue radicada una denuncia por supuestos sobrecostos en su administración; el funcionario está en el ojo del huracán.

El diputado Ferley Sierra, de la Alianza Verde, quien fue el denunciante, afirmó en su momento que se habrían celebrado contratos para adquirir tapabocas para adultos y niños en el departamento por un precio bastante elevado.

Así mismo, la denuncia detalla que en uno de los contratos se estaría hablando sobre la compra de 94.340 cajas de tapabocas para adultos por un valor de 31.538 pesos por cada caja, para un total de 2.975 millones de pesos, en plena pandemia del coronavirus.

Pero lo casos no paran ahí, ya que hace varias semanas se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar en contra del gobernador, Mauricio Aguilar, por la celebración de su cumpleaños, evento que se desarrolló en el palacio departamental, donde se encontraba un centenar de personas.

Nuevamente la denuncia la realizó el diputado Ferley Sierra, funcionario que por medio de un video que publicó en una de sus redes sociales y el cual se hizo viral cuestionaba la celebración luego de que el mismo mandatario, hizo un llamado al autocuidado para evitar más contagios de la covid, en una época en el que estaban creciendo los casos positivos de coronavirus.

“Es deber de todos los servidores acoger y cumplir las disposiciones que buscan proteger a la población de los efectos de la pandemia covid-19 y, en el ejercicio de sus labores, ser ejemplo ante la comunidad del estricto acatamiento de las medidas sanitarias”, explicó en su momento la procuradora regional, Bibiana del Pilar Carvajal Téllez.

La Procuraduría en ese proceso, indaga si se violaron las medidas o no de bioseguridad durante el festejo y a partir de los hallazgos decidirá sobre el curso del caso.

Finalmente, volviendo al caso del senador Richard Aguilar funcionarios que trabajaron en su administración se transformaron en los principales testigos de las autoridades en su contra y lo señalan de recibir supuestamente coimas de millonarios contratos de infraestructura y obra pública, entre ellas la remodelación del estadio Alfonso López en Bucaramanga.