Los líos que persiguen al gobernador de Córdoba

En las calles de Montería hay calma pese a que esta tarde podría ser definitiva para el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile. Es el segundo del clan en sentarse en el banquillo de los acusados, por requerimiento que hiciera la Fiscalía General de la Nación para que responda por dos presuntos delitos: peculado y concierto para delinquir.

El caso está relacionado con el pago de 1.500 millones de pesos que en 2016 se hizo desde la Gobernación para la atención de 16 falsos pacientes de hemofilia. Sin embargo, son tantos los frentes abiertos de investigaciones que cursan en su contra que la suspensión de su cargo por dos meses, medida adoptada por la Procuraduría, podría terminar quedándose corta para ejercer su defensa.

Este martes, el magistrado Hermes Darío Lara tendrá que decidir si dicta o no medida de aseguramiento en contra del mandatario regional. Para la Fiscalía, se estaría configurando una continuación de un cartel que comezó con el antecesor de Besaile en la Gobernación de Alejandro Lyons. Sin embargo, él defiende su inocencia.

El miti-miti que denunció Lyons:

Desde Estados Unidos, el exgobernador Alejandro Lyons aseguró que con Musa Besaile existía un pacto para entregarle la mitad de los recursos que salieran de la corrupción del departamento. En sus declaraciones a la justicia ha manifestado que le entregó 600 millones de pesos para Musa Besaile y 2.100 millones para la campaña del gobernador que lo reemplazó: Edwin Besaile. “A Musa Besaile le entregaron 600 millones, 400 de los cuales tenía en su casa y 200  que le llevó Sami Spath, persona de confianza que él tenía para transportar dinero en efectivo, con quien procedió a empacar la plata en una tula o bolso”, dijo en sus declaraciones a las autoridades colombianas.

Alejandro Lyons asegura que se acordó comisión por 12.000 millones sobre 80.000 millones en contratos con cargo a la ciencia y tecnología del departamento, sin embargo, por un problema que se presentó con las pólizas y la posterior desaparición de Jairo Zapa (exdirector de regalías) solo se alcanzaron a pagar 1.900 millones. Esta suma "fue entregada por Jesús Henao a Sami Spath, de los cuales entregó 350 millones a Musa Besaile en el mes de marzo del 2014, y le guardé el resto conforme a un acuerdo que teníamos para financiar la próxima campaña a la Gobernación".

Según Lyons, de formalizarse la candidatura de Edwin Besaile, se comprometieron a devolverle ese valor al contratista Jesús Henao. Al respecto, Lyons habló de la existencia de una letra por valor de 1.900 millones que corresponde supuestamente al dinero que tenían que pagarle a Henao ante la eventualidad de que les pidieran devolver la plata.

El fiscal Daniel Díaz

Hace una semana fue enviado a prisión el fiscal Daniel Díaz, quien constituye uno de los objetivos principales en la negociación que el abogado Leonardo Pinilla adelanta con la justicia. Según la Fiscalía, el exfiscal Gustavo Moreno habría cobrado 1.500 millones de pesos por no judicializar al actual gobernador del departamento, Edwin Besaile, y a su secretario de salud, José Jaime Pareja, por irregularidades relacionadas con el cartel de la hemofilia. La exigencia la habría hecho a través de Leonardo Pinilla, abogado que llevaba la defensa de dos de los ‘cerebros’ del desfalco. Como esta exigencia de dinero fue considerada muy elevada, Pinilla se habría acercado a negociar con el fiscal, que presuntamente aceptó el pago de 300 millones de pesos y la ubicación de su compañera en un buen puesto a cambio de ayudarlo. El papel del fiscal —dice el ente investigador— era no compulsar copias en contra de Edwin Besaile, hermano de Musa Besaile, y desviar nuevas imputaciones en contra de Guillermo Pérez Ardila, cliente de Pinilla y representante legal de IPS San José de la Sabana y Unidos por su Bienestar.   

Cartel de la hemofilia 

Por años, los recursos de la salud del departamento se convirtieron en una vena rota por cuenta de toda una estructura delincuencial a través de la cual se giraron millones a falsos pacientes de hemofilia. La tesis de las autoridades es que este cartel comenzó con la llegada de Alejandro Lyons en la Gobernación pero continuó cuando lo reemplazó Besaile en el cargo. Al actual mandantario regional se le cuestiona por haber pagado en abril de 2016, un valor por 1.500 millones de pesos en favor de 16 pacientes que no existieron. Según la defensa de Besaile, este dinero se pagó a una factura atrasada y que fue expedida el 6 de febrero de 2015, es decir, casi 11 meses antes de llegar al cargo. Este precisamente fue el tema en el que se basó el interrogatorio que Edwin Besaile rindió en la Fiscalía. Sin embargo, para el ente acusador, Besaile deberá responder por dos delitos.

Cartel del sida 

El procurador general investiga lo que rodeó un cartel para tratar a falsos pacientes de VIH-SIDA y que se habría dado durante la actual administración de Besaile. El Ministerio Público calcula que alrededor de 800 falsos pacientes se vieron beneficiados con pagos para la atención de una de las enfermedades más costosas dentro del sistema de salud. El Ministerio Público ha dicho que este sistema funcionó para desangrar los recursos públicos y que las alertas están puestas encima de la administración actual. Este nuevo caso tiene a la Procuraduría revolcando toda la facturación de las administraciones pasadas. Aunque los abogados de Besaile manifestan que con el cambio de regimen impedía que la responsabilidad recayera sobre su despacho, ya que las EPS y las cajas de compensación pagaban directamente, para el ente de control las dudas están puestas en el modo en que ocupados ciertos cargos que terminaron contribuyendo a que ello sucediera. 

Neurorehabilitación sin contrato: 

La Procuraduría formuló pliego de cargos en contra de Edwin Besaile y su antecesor en la Gobernación por el presunto pago de cerca de 5.000 millones de pesos a Funtierra Rehabilitación IPS, sin que existiera contrato con el departamento para la realización de terapias de neurorehabilitación. Para la delegada del Ministerio Público, el gobernador Besaile Fayad no ejerció vigilancia y control sobre los actos de su delegatario, el secretario de Salud, José Jaime Pareja Alemán. Este último ordenó el 13 de abril de 2016 el pago de 1.194 millones de pesos a la IPS sin que mediara relación contractual. Lo mismo habría hecho Lyons a través de resoluciones irregulares del año 2015. Ante esta falta, considerada como gravísima, los abogados del exgobernador han manifestado que en estos casos los pagos se hicieron por orden de jueces de tutela. Sin embargo, en un par de semanas el Ministerio Público entrará a decidir.