Los llamados por la Fiscalía involucrados en el contrato de los 70.000 millones de MinTIC

Esta semana continúan las diligencias de interrogatorio que anunció la Fiscalía en el marco de la investigación que se abrió a partir de la denuncia radicada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tras la caducidad del multimillonario contrato para la conectividad de las escuelas en los lugares más apartados del país. Los fiscales anticorrupción asumieron este proceso con una priorización especial ordenada por el fiscal Francisco Barbosa.

En el marco de estas diligencias fueron escuchados representantes y delegados tanto de la Unión Temporal Centros Poblados como de la firma interventora: el consorcio PC2020 Centros Digitales, conformado por las empresas Telemediciones, PMO Solycom S. A. S. y Eurocontrol S. A. Sucursal Colombia.

Por las oficinas de la Fiscalía pasaron Robert Gómez, Luis Fernando Duque, Juan Carlos Cáceres y Juan David Laverde, todos a diligencias de interrogatorio, una forma que tienen para dar explicaciones del caso al ente investigador, pero que al tiempo se convierte en una vinculación formal al proceso.

Los llamados a interrogatorio lo hicieron en compañía de sus abogados como lo ordena la ley en estos casos, en lo que la vinculación se hace a un proceso penal por delitos que van desde falsedad en documento público y privado, hasta presuntas irregularidades en la celebración de contratos.

En la lista de citados por la Fiscalía están otros funcionarios del contratista y la interventora, que deberán explicar de qué forma el primero adjuntó certificados al parecer falsos, y el segundo no ejerció la vigilancia que estaba incluida en el contrato que se firmó para esa labor y que ascendió a 19.000 millones de pesos.

Establecer la responsabilidad de los particulares como contratistas e interventores es una línea de investigación, pero el otro escenario que no está solo bajo responsabilidad de la Fiscalía, sino de la Procuraduría, son las implicaciones legales para los funcionarios públicos que estuvieron en medio de ese contrato, que conocieron los detalles y que incluso anticiparon la situación.

La ministra Karen Abudinen aseguró que harán efectiva la cláusula penal en contra de Unión Temporal, por la suma de hasta 39 mil millones de pesos y pidió el acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la Contraloría, esto tras la advertencia de una eventual demanda de los contratistas.

La importancia de la decisión del Ministerio de las TIC está en las implicaciones para el contratista, puesto que queda inhabilitado por cinco años para contratar con el Estado, y cesan automáticamente los contratos que tengan vigentes con cualquier entidad del Estado, a nivel nacional o regional.

“Desde hace 45 días, el grupo de actuaciones administrativas del MinTIC inició este trabajo, en el que cumplimos siempre el debido proceso. Con firmeza y convencimiento les digo: esta es la decisión más acertada”, señaló la ministra de las TIC, Karen Abudinen.

Las diligencias de interrogatorio se convierten a su vez en la puerta para definir imputaciones de cargos en contra de quienes quedaron vinculados o los nombres que salgan justamente en esas diligencias que durante estos días se desarrollan en la Fiscalía.