Los lujos que tenían sicarios y extorsionistas de Antioquia

De acuerdo con la Policía y la propia comunidad, el departamento de Antioquia estaba azotado con las actividades criminales que desarrollaban los integrantes de un grupo delincuencial conocido como San Rafael. No era para menos, los reportes y las investigaciones detallan que se dedicaban a todo tipo de actividad criminal que tuvieran a su alcance, desde el homicidio y la extorsión hasta el tráfico de estupefacientes.

Varios de los integrantes de esta organización criminal fueron capturados por la Fiscalía, sin embargo, desde la cárcel continuaban su accionar delictivo, dando órdenes y disfrutando de los lujos que dejaba el pago por las actividades delictivas que coordinaban, incluso tras las rejas.

La Fiscalía continuó con la investigación y, en el marco de la estrategia Argenta, logró identificar las propiedades que toda esta organización criminal adquirió gracias a las finanzas ilegales que le dejó su actividad como delincuentes. Ocuparon con fines de extinción de dominio los bienes que estaban a nombre de los delincuentes, sus familiares y de testaferros.

“La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 28 bienes rurales, uno urbano, dos establecimientos de comercio y 12 vehículos”, explicaron los investigadores.

Las propiedades que dejaron actividades como el homicidio, la extorsión y el tráfico de estupefacientes, estaban avaluadas en más de 6.500 millones de pesos, la mayoría a nombre de una sola persona conocida con el alias de Davidcito o La Mocha, presunto cabecilla de esta organización criminal.

“El material de prueba indica que los bienes afectados habrían sido adquiridos con dineros producto de homicidios, desplazamientos, extorsiones, tráfico de estupefacientes y hurtos, entre otros delitos”, dijo el fiscal del caso.

Las acciones delincuenciales que lideraba esta organización criminal, incluso la dejaba en confrontación con otros grupos criminales a quienes desplazó a través del asesinato de sus integrantes. Como lograron quedarse con el poder en ciertas zonas de Medellín y el departamento de Antioquia, quedaron a sus anchas para extorsionar y amenazar a la comunidad.

“Muchas de estas conductas ilícitas ocurrieron en los barrios San Rafael de la Comuna 15 Guayabal de Medellín; al igual que en los sectores La Colina, La Colinita, El Bolo, Planeco y La Raya de Itagüí, Antioquia”, advirtió el ente acusador.

La Fiscalía, luego de una larga investigación, logró demostrar cómo estos criminales se metieron en los barrios para apoderarse del tráfico de estupefacientes, amenazar a los jóvenes y obligarlos a consumir o distribuir los estupefacientes que llevaban. Los que se negaban tenían que irse o eran asesinados.

Los bienes que fueron objeto de extinción de dominio de esta organización criminal pasarán a la administración del Estado a través de la Sociedad de Activos Especiales, la entidad que se encarga de manejar y disponer de los bienes que son incautados a las organizaciones criminales.