Los magnicidios y el DAS

Nuevamente, la Procuraduría decidió desempolvar un expediente clave para esclarecer un capítulo no resuelto de la historia reciente del país: el del asesinato en 1990 del candidato a la presidencia Carlos Pizarro Leongómez. Y así como en el magnicidio de Luis Carlos Galán hay un gran interrogante sobre la acción del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Procuraduría encontró que dos importantes funcionarios de ese organismo desempeñaron un papel importante en la muerte de Pizarro.

Como el país recuerda, en 1990 tras firmar los acuerdos de paz, el ex comandante del M-19 aspiraba a la presidencia y fue acribillado a sangre fría en un avión en pleno vuelo. Luego de meses de investigación, la Procuraduría está convencida de que el ex director de inteligencia del DAS Alberto Romero Otero y el detective Jaime Ernesto Gómez tienen responsabilidad en el asesinato.  

El crimen ocurrió el 26 de abril de 1990. Ese día, a las 9 de la mañana, Pizarro llegó al aeropuerto El Dorado para tomar un avión que lo llevaría a Barranquilla, donde iniciaría una correría por toda la Costa en desarrollo de su campaña. Para ese momento, el candidato de la Alianza Democrática M-19 era uno de los hombres más custodiados del país. Y las medidas de seguridad para el viaje se extremaron luego de que en la sede de la campaña se recibió una llamada anónima que alertó sobre un plan de atentado.

El esquema de seguridad cambió la hora de la reserva y organizó todo para que Pizarro abordara el vuelo sin que se expusiera a las filas de trámite en el aeropuerto. Algunos miembros del cuerpo de escoltas, conformado por 14 hombres, cuatro del M-19 y el resto del DAS, inspeccionaron minuciosamente el avión apenas minutos antes de que fuera ocupado por los viajeros. Una vez estos abordaron y se ubicaron en sus sillas, el candidato y algunos de sus guardaespaldas ingresaron a la nave por la escalerilla trasera.

A los ocho minutos de vuelo el aparato alcanzó los 15.000 pies de altura y el capitán apagó la luz que ordena mantener ajustados los cinturones de seguridad. En ese momento un hombre joven que viajaba en los puestos de adelante se levantó de su silla y se dirigió al baño posterior, a tres metros de la silla que ocupaba Pizarro. Se trataba de Gerardo Gutiérrez Uribe.

El hombre entró al baño. A los dos minutos salió, dio un paso y accionó el gatillo de una subametralladora mini Ingram por la espalda de Pizarro. En apenas unos segundos el arma vació el proveedor de 15 proyectiles calibre 9 milímetros corto: 13 tiros impactaron en la cabeza, cuello y manos del político. Los guardaespaldas reaccionaron y abatieron al agresor. De milagro ningún disparo atravesó la estructura del avión, que habría podido sufrir una despresurización e incluso haber estallado en el aire.

Los colombianos quedaron conmocionados con la noticia. Al día siguiente las directivas del DAS señalaron a Pablo Escobar como el responsable del crimen. Este desmintió la acusación a través de un comunicado desde la clandestinidad. De cualquier forma, y sin que mediara ninguna duda, hacia él se enfocaron todas las investigaciones. Pero la justicia nunca llegó a nada concreto. Alias el 'Zarco', responsable de conformar y dirigir bandas de sicarios al servicio del capo, fue judicializado pero más adelante resultó absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá. A 20 años del asesinato de Pizarro el único condenado es el desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño, y ello debido a que en su libro Mi confesión, él mismo reveló su participación.

Ese expediente, de dos décadas de impunidad y con mucha manipulación de la justicia, fue el que empezó a revisar la Procuraduría hace seis meses. Para ello se designó un procurador que, luego de estudiar los miles de folios adormecidos del proceso, practicó cerca de 50 nuevas pruebas. Decenas de testigos y funcionarios de la época y hasta criminales encarcelados fueron entrevistados. La Procuraduría también realizó inspecciones y ubicó importantes documentos, todo esto en conjunto con la Fiscalía. Al cruzar esos registros con los nuevos testimonios, dos funcionarios del DAS de la época aparecen como importantes sospechosos que nunca fueron investigados.

Para la Procuraduría, el talón de Aquiles de Pizarro fue el esquema de seguridad del DAS que lo escoltaba. La actuación del detective Jaime Ernesto Gómez Muñoz al momento del crimen es la que más inquietudes suscita. Gómez fue enviado al grupo de escoltas de Pizarro poco antes del asesinato, y sin pertenecer al primer anillo de seguridad se le permitió viajar en el avión con el candidato, algo muy inusual. Nadie se explica tampoco cómo hizo el detective Gómez para abordar un arma cargada cuando todos los demás escoltas estaban obligados a llevarlas por equipaje (o sin balas). Y lo más sorprendente de su actuación en el avión es que luego de que los demás escoltas habían logrado desarmar al sicario y reducirlo a la fuerza, el detective Gómez, según lo narran los testigos, lo asesinó a mansalva.

Para la Procuraduría, las sospechas respecto al ex director de inteligencia del DAS Alberto Romero no son menos delicadas. Los testimonios recolectados en los últimos meses por ese organismo de control advierten que sostuvo una estrecha relación con el jefe paramilitar Carlos Castaño.

El Ministerio Público tiene documentado con datos concretos de tiempo, modo y lugar, varios de los encuentros que se habrían dado entre Romero y Castaño. Los testigos afirmaron que esa relación incluyó compromisos específicos y una mutua colaboración de la que participó directamente el jefe de inteligencia. El propio Castaño habló de esa relación con la cúpula del DAS en su libro. Castaño dedicó un capítulo para contar de esos vínculos secretos y narró incluso que alguna vez visitó a Romero en su oficina en la sede principal del organismo en Bogotá.

El ex director Romero -hoy con 73 años- niega haber conocido personalmente a Castaño. Explica que en 1989 un informante que se identificó como 'Alekos' lo contactó telefónicamente y le suministró valiosa información con la que se logró impedir atentados terroristas. Calcula que fueron siete comunicaciones a lo largo de seis meses hasta que 'Alekos' dijo que su verdadero nombre era Carlos Castaño y que necesitaba ayuda para que un hermano que estaba detenido saliera de la cárcel. "Averigüé y me informaron que la persona tenía medida de aseguramiento y nada podía yo hacer, entonces le sugerí que le buscara un buen abogado a su hermano. Él se puso furioso y esa fue la última vez que hablamos. Con todo lo que está pasando hoy, después de 20 años, lo único que se busca es destruir moralmente a quienes no pudieron eliminar físicamente en ese entonces", dijo Romero a SEMANA.

Sin embargo, el procurador delegado para asuntos penales Gabriel Jaimes afirmó categóricamente: "Dentro del proceso por el crimen de Pizarro ahora existen pruebas concretas que vinculan al director de inteligencia del DAS Alberto Romero y al detective Jaime Ernesto Gómez". Basándose en esos hallazgos, la Procuraduría le solicitó a la Fiscalía que vincule a la investigación a los dos ex funcionarios.

Pero el caso de Pizarro no es el único magnicidio en el que se ha involucrado al DAS. La Procuraduría también desempolvó la investigación por el asesinato de Luis Carlos Galán. Lo primero que hizo fue lograr trasladar y unificar los expedientes que se hallaban dispersos en Medellín y Bogotá. Tras analizar los folios impulsó la práctica de nuevas pruebas que exploraban hipótesis nunca antes desarrolladas por la justicia. Los agentes del Ministerio Público, siempre en compañía de fiscales, ubicaron testigos y practicaron entrevistas en todo el país. También inspeccionaron archivos particulares y otros de entidades del Estado y dieron con importantes documentos de la época. Muchos de estos son oficios con membretes del DAS o menciones al mismo.

Fruto de toda esa labor, en agosto pasado la Fiscalía tomó dos determinaciones sorprendentes. Por un lado, elevó el crimen de Galán a la categoría de lesa humanidad para evitar que la investigación prescribiera al cumplirse 20 años del suceso. Y por otro lado, ordenó la captura del ex director del DAS, el general retirado Miguel Maza Márquez. Esto debido a que se fortaleció la hipótesis de que el crimen de Galán se perpetró con colaboración de su jefe de escoltas, un detective del DAS.

Esto no quiere decir que el general Maza y los otros funcionarios del DAS sean culpables. Las investigaciones judiciales deben determinar cuáles fueron las razones detrás de los cambios repentinos de escoltas días antes de los magnicidios y si los directores tienen responsabilidad directa o indirecta frente a esos hechos. Lo cierto es que tanto en el caso de Galán como en el de Pizarro hubo un modus operandi muy similar en el corazón de los anillos de seguridad a cargo del Departamento.

Otro magnicidio en el que se está revisando con lupa la actuación del DAS, es el de Bernardo Jaramillo Ossa. Cada paso del esquema de seguridad que escoltó al político en sus últimos días está siendo analizado. De hecho, la labor es instruida por el mismo procurador que revisó el expediente de Pizarro.

Jaramillo Ossa, candidato presidencial por la Unión Patriótica, fue asesinado el 22 de marzo de 1990, un mes antes que Pizarro. Una serie de elementos vinculan estos dos crímenes. Se ha verificado que el muchacho de 16 años que baleó a Jaramillo en el aeropuerto El Dorado (Andrés Arturo Gutiérrez Maya) era primo del sicario de Pizarro (Gerardo Gutiérrez Uribe). Este último incluso tenía cupo para abordar el avión que debía llevar a Jaramillo a Santa Marta el día en que fue asesinado. El análisis detallado de otros elementos -armas, prendas, modus operandi- indica que los homicidios de Pizarro y Jaramillo fueron planeados por una misma organización criminal con los mismos recursos logísticos.

El meritorio esfuerzo de la Procuraduría por impedir que crímenes trascendentales para la historia del país queden en la impunidad está llevando a una conclusión: la degradación del DAS no es asunto sólo de los años recientes.