Los megaempresarios paisas detrás del desgreño de contratos en San Andrés

El archipiélago de San Andrés mantiene una lucha histórica por salir de la pobreza, el atraso y el aislamiento. Pese a su desventaja con otras regiones, el pequeño botín de este departamento no se le olvidó a los corruptos y hasta allí llegaron para dar un millonario golpe. Detrás de este saqueo están los nombres de poderosos empresarios paisas, uno de los cuales, ya prendió el ventilador. 

El desangre lo habrían hecho a través de una decena de contratos -tres eran para la construcción de colegios- de los que habrían sacado como tajada más de 11.000 millones de pesos, según informó a la Fiscalía. Esta cifra se calcula del 10 por ciento del valor del contrato que reglamentariamente se tenía que repartir en coimas, sin embargo, el ente investigador encontró un sofisticado sistema de anticipos a campañas políticas que hace temer que la cuenta sea mucho mayor. 

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Según la Fiscalía, el esquema habría servido para catapultar políticamente a la exgobernadora Aury Guerrero Bowie en el 2012, y con el mismo modelo a su sucesor el gobernador supendido Ronald Housny Jaller. Aunque salió quemado para reelegirse en la Cámara de Representantes, esta investigación deja también en serios aprietos a Jack Housni Jaller, a quien le compulsaron copias.

El caso hace parte de una larga investicación que comenzó en Armenia, se extendió a San Andrés y que es poco probable que pare allí. "No es simplemente el pago de una comisión, es una estructura mucho más elaborada de caracter expansivo, en donde tenían acuerdos previos para apropiarse de dineros del Estado; la contratación fue instrumentalizada y se transdepartamentalizada", aseguró el fiscal delegado ante la corte Jaime Camacho Flórez, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra la exgobernadora y el actual gobernador. 

Los detalles de cómo funcionaba esta organización fueron revelados por tres testigos: Fernando León Diez, representante de la Constructora Diez Cardona; el exsecretario General de la Gobernación durante los dos periodos César Augusto James Bryan y Sebastián Congote Posada, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia (EDUA). Este último salió condenado a seis años y medio por la corrupción de Armenia.  

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Sus declaraciones pusieron a temblar a la clase política de la isla cuando revelaron que para la campaña de Audry Guerrero habrían pagado 1.000 millones de pesos y para la de los hermanos Housny 1.200 millones. Todo bajo la condición de que este "anticipo" se les devolvía en contratos. "Para ese momento, el gobernador era Ronald, como ayudamos a financiar su campaña, de mis recursos saqué 100 millones de pesos para aportar, los entregué en efectivo por intermedio de Ángel José Angarita Pareja, no recuerdo a quién los entregó, si a Jack o a Ronald. Hernán Moreno me dijo que puso 100 millones y que otra persona había aportado 1.000 millones y que había que reponerle esos 1.000 millones con otros negocios", aseguró Diez. 

Hernán Moreno al que hacen referencia es el dueño de la firma Furel S.A., una compañía de ingeniería eléctrica que aparece como de las mayores contratistas de EPM y UNE, y tiene prestación del servicio de energía eléctrica de San Andrés. Actualmente se encuentra en detención domiciliaria por el caso de Armenia y le imputarán nuevos cargos por los hechos de San Andrés. La sorpresa de la Fiscalía durante la audiencia es que Moreno no es el más poderoso ni el único que estaría detrás de estos saqueos.

Aunque en comienzo, Diez se negó a dar el nombre de un tercer empresario, al ser interrogado por la Fiscalía esto fue lo que respondió Diez: "Lo único que conozco de Mauricio Botero es su sociedad con Hernán Moreno y que me invitaron a participar de un grupo para financiar campañas políticas en el 2015, puntualmente la de Ronald. Esa era la persona que yo no quería decir, que puso los 1000 millones de pesos".

Botero sería el dueño de Dispresco, la firma que tiene la mayor parte de la distribución de la Fábrica de Licores de Antioquia en todo el país. Aunque no aparece en la lista de capturados, su nombre está una y otra vez en las declaraciones de los testigos como la persona que llegaba a la isla en un avión privado a reclamar los compromisos de los políticos asumidos en campaña. 

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"Diez fue con Moreno y con Mauricio Botero en noviembre del 2016 en un avión privado del empresario para reclamarle a Jack Housni resultados de este aporte económico y allí se obtuvo las adiciones para los arreglos del Colegio Bolivariano y la construcción del SIES, (Edificio del Archivo General y Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad)", manifestó el exsecretario César Augusto James.

Según este exfuncionario, Hernán Moreno realizaba borradores a las modificaciones al pliego de condiciones de los contratos para salir favorecido. "Este borrador lo entregó personalmente Moreno, posteriormente la gobernadora da la orden a la Secretaria de Educación para modificar el pliego de condiciones. Así sucedió con todo los contratos a Hernán, es decir, que Diez hacía equipo, elaboraba las modificaciones a los pliegos para que las propuestas fueran las ganadoras", dijo James. 

Así habrían logrado dirigir los contratos para la construcción de la Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School por 7.206 millones de pesos; la reconstrucción de la institución educativa Bolivariano (Etapa I) por 13.079 millones de pesos, y su respectiva interventoría por 711.309 millones. También la construcción del megacolegio Cemed, Antonia Santos, por un valor de 32.030 millones de pesos y su contrato de interventoría por 1.136 millones de pesos. 

Otras de las obras que la Fiscalía cree que fueron amañadas son la construcción de edificios públicos del Departamento por 2.100 millones; la recuperación de inmuebles para los puntos de información turística y de promoción de la cultura por 2.083 millones; la construcción del edificio del archivo general y sistema integrado de emergencias y seguridad – SIES- por 18.334 millones, y la interventoría de este último por $820.656 millones.

Sin embargo, entre los contratos llamó poderosamente la atención de las autoridades fue el convenio interadministrativo 1111 del 2016 firmado entre la Gobernación de San Andrés y la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia –EDUA. A través de dicho convenio, EDUA fungió como el ejecutor de proyectos cuyos pliegos se estructuraban,se ofertaban, se publicaban y se adjudicaban en Armenia, para que el contratista se fuera a hacer la construcción de obras en la isla. Así entregaron obras por $ 7.723 millones para la restauración del antiguo hospital, arreglo de parques, centro comunitarios, el puente acuático entre Hens Cay  - Rese Cay, intervención en la zona hoyo soplador, hipódromo y construcción del proyecto centro comunitario.

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"Con la publicación de pliegos en Armenia para obras en San Andrés garantizarían el no acceso de otros oferentes. La selección no fue transparente ni objetiva. Todos los contratistas estaban previamente seleccionados, y la motivación era el pago de los anticipos de las campañas y la apropiación de dineros en beneficio personal", sostuvo la Fiscalía. 

Al respecto, los testigos afirman que fue el alcalde de Armenia -hoy capturado- quien presentó a César Augusto James con Sebastián Congote Posada, gerente de la EDUA. "En una reunión  Carlos Mario y Ferando Diez estaban hablando de ejecucion de proyectos en lotes de empresas públicas de Antioquia. Diez manifiesta el interés de presentar a la EDUA como ejecutor de proyectos con la Gobernación de San Andrés, dice que él ya esta ejecutando proyectos allí y que tiene buenas relaciones con el gobernador y su hermano el representante. Por lo tanto facilitaría la forma de pago en la ejecución del contrato", aseguró Congote. Al parecer, después de firmado, el gobernador le pidió al alcalde liquidar el contrato por los inconvenientes políticos que le acarreó.

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La Fiscalía asegura que estos contratos fueron firmados para la gobernación de Guerrero Bowie y de cara a la nueva administración de Housny Jaller, la jugada corrupta fue tramitarles adiciones, sin que se tenga certeza del cumplimiento de las obras o de la verdadera necesidad de inyectarles más capital. Sin embargo, lo que pasó en San Andrés todavía no es el final. La Fiscalía va tras la pista de varios de los contratos mencionados que aún no han sido rastreados pero que agravarían la situación de once personas capturadas que responderán por los delitos de concierto para delinquir, peculado y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.