Los millonarios bienes que se compraron con el “tumbe” al IVA

La defraudación al IVA fue un escándalo que dejó al Estado sin la posibilidad de recibir más de 700.000 millones de pesos por concepto de Impuesto al Valor Agregado entre 2013 y 2019. En este escándalo había un grupo criminal que incluyó a funcionarios públicos como protagonistas de la naciente red de corrupción, los mismos que adquirieron millonarios bienes ahora objeto de extinción de dominio.

Se trata de bienes ubicados en los municipios de El Colegio y Apulo, en el departamento de Cundinamarca; Ibagué, Ambalema y San Antonio, en el Tolima, y Bogotá, todos adquiridos con las ganancias que dejó la defraudación al Estado a través del cobro ilegal del IVA.

“La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 14 activos, entre inmuebles y sociedades, que pertenecerían a una red señalada de diseñar un modelo ilegal para defraudar al Estado mediante el cobro irregular del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, dijo la directora especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Liliana Patricia Donado.

La investigación de la Fiscalía logró establecer que aparentemente fueron constituidas varias sociedades para simular la prestación de servicios o ventas de material de construcción. Sin embargo, el proceso reveló que todas esas actividades fueron delegadas a través de múltiples empresas que entregaban a los clientes facturación falsa y donde se contemplaba el pago del IVA.

“Estas razones sociales o empresas, supuestamente, sirvieron de pretexto para sustentar el cumplimiento de los servicios o ventas con la expedición de los documentos falsos. Con este entramado criminal se afectó la administración de impuestos en 706.000 millones de pesos”, dijo la funcionaria de la Fiscalía.

La red de corrupción constituyó más de 1.970 personas naturales y jurídicas, empresas que sirvieron a los propósitos criminales de la organización. Desde esas sociedades se entregaron las facturas y se simuló el pago del IVA que los clientes cancelaban, pero que no llegaron a las cuentas del Estado.

“Estas actividades habrían sido tercerizadas con múltiples empresas y soportadas con facturas falsas, las cuales sirvieron para realizar cobros de IVA y disminuir la base gravable del impuesto de renta”, señaló la Fiscalía al entregar los detalles de la ocupación con fines de extinción de dominio.

Las propiedades que fueron objeto de dominio por parte del ente acusador y que fueron adquiridas, aparentemente con los dineros obtenidos por la red de corrupción, estaban avaluados en más de 3.900 millones de pesos y pasarán a la administración del Estado a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

“Los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión, ascenderían en valor a 3.900 millones de pesos. La Sociedad de Activos Especiales (SAE, S. A. S.), asumirá la administración”, señaló la fiscal Donado al insistir que se trata de un resultado a los lineamientos establecidos por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.

La incautación de los bienes también forma parte del plan conocido como Argenta, una estrategia para combatir a las organizaciones criminales mientras se afectan las finanzas de los corruptos. La extinción de dominio se convierte en un mecanismo de investigación y desarticulación de estos grupos al margen de la ley.