Los misterios de la deuda por la que amenazaron al Ñeñe Hernández

Se conoce poco, sólo su apodo: Peco. Su apellido, González, lo ubica como miembro de una familia wayú que conformó lo que muchos llamaron el Cartel de La Guajira, pero que también tuvo negocios como ganadería y estaciones de servicio en Venezuela.

Antes de 2011 Peco González salió para Estados Unidos, presuntamente para huir de una deuda de 1.000 millones de pesos que le empezó a cobrar el prestamista Carlos Rodríguez, que para ese año había regresado al país después de ser extraditado bajo el confeso cargo de lavado de activos.

Fueron, según el mismo Rodríguez, tres años sin que el Peco abonara un solo peso a la deuda, según se oye en los audios divulgados por SEMANA y grabados por José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández, el asesinado esposo de la exseñorita Colombia María Mónica Urbina durante un presunto asalto para robarle su reloj en Brasil, el pasado 2 de mayo.

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Durante la conversación, Ñeñe le pregunta a Rodríguez —famoso por su Sastrería GQ, donde se vestían varias estrellas de la música del momento— por qué le estaba cobrando ese dinero si nunca habían hecho préstamo, a lo que Rodríguez le aclara que ahora el Ñeñe es el responsable de la deuda por el simple hecho de haberle presentado a Peco, algo común en mundo de la mafia.

En los 40 minutos que dura el audio, Rodríguez le insiste al Ñeñe: "Ese man es tu amigo. Tú lo recomendaste. Tú me respondes por mi plata. Así de claro es. Haz lo que te de la gana". Y agrega minutos después: "Yo voy pa’ lante. No soy de los que se arruga porque yo trabajo es con puro bandido”.

Al volver de su presidio en EE.UU. en 2010, Carlos Rodríguez empezó a recoger el dinero que tenía en préstamos, entre ellos los 1.000 millones que le adeudaba el Peco y que infructuosamente intentó cobrarle. Rodríguez buscaba afanosamente recuperar este y otros dineros, al parecer debía responder por esas sumas ante una presunta oficina de cobro.

Los procesos

Tras el episodio que quedó registrado en la grabación, iniciaron las acciones de hecho. Fueron sucesivos los ataques incendiarios y con granadas a la casa de la mamá del Ñeñe, en Valledupar. Tras ello, Hernández denunció ante las autoridades que la única persona con la que había tenido problemas en la vida era con Rodríguez.

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Luego vino el ataque contra Óscar Eduardo Rodríguez, hijo de Carlos, asesinado frente al local de la sastrería GQ, localizado en el norte de Barranquilla. Un pistolero lo había herido dentro del vehículo que acababa de aparcar y aunque la víctima logró salirse y correr, lo remataron con un tiro en la espalda.

De ahí viene el proceso penal por el que presunto autor material, Diego Acuña Carvajalino, Dieguito, confesó que el objetivo era el padre y no el hijo, y que se había confundido porque la víctima conducía el carro paterno. Con base en su testimonio, fueron indiciados en la investigación Marcos ‘Marquitos’ Figueroa, Ñeñe Hernández, el cantante Alberto ‘Beto’ Zabaleta, Beto López —un comerciante de poca monta de carros traídos irregularmente de Venezuela— y Omar Alejandro Vanegas, alcalde de Tenerife (Magdalena), extraditado a EE.UU. por narcotráfico.

Cada uno de los indiciados tenía deudas con el prestamista, a excepción de Marquitos (que en ese entonces huía hacia Venezuela para llegar a Brasil, donde finalmente lo capturaron) y del Ñeñe, como queda demostrado con el audio. A Zabaleta lo exime el testimonio del propio Rodríguez, luego de que le cancelara una deuda de 80 millones de pesos, igual que Beto López.

Pero por ninguna parte aparece el Peco. Fuentes de SEMANA, que por seguridad pidieron el anonimato, plantean dos hipótesis. Una, que efectivamente el sujeto haya hurtado el dinero y haya huido sin consecuencias, algo dificil de aceptar en el mundo de la mafia. La otra es que detrás habría negocios de narcotráfico y por esto el silencio de Rodríguez.

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La Fiscalía destinó para esclarecer el caso un grupo especializado en bandas criminales con el propósito de investigar todo lo relacionado con Marquitos, casos en los que todavía no hay condenas, ni siquiera sobre el mismo Marquitos, quien está asegurado en la cárcel de Picaleña, en Ibagué. Ese grupo estaba compuesto por curtidos investigadores de la Dijin entrenados en EE.UU. por el FBI, que asumieron dentro de sus labores la investigación de la muerte de Óscar Rodríguez, por la vinculación de Figueroa.

Investigadores investigados

Pese a lo bien capacitados que están los investigadores, SEMANA tuvo acceso a una denuncia ante Fiscalía y Procuraduría contra los investigadores Wadith Velásquez, Jéfferson Tocarruncho, Luis Uzeta Jaime, Michel López Castro y Fabian Lara por extorsión, concusión, abuso de autoridad y funciones públicas, entre otros. El nombre del denunciante fue protegido por seguridad.

Según el documento, los investigadores a través de un tercero, que seria el abogado Iván Alfredo Otero —defensor de confianza de jefes paramilitares del Cesar— ofrecían a cambio de dinero la manipulación de los procesos judiciales.

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Tocarruncho tiene antecedentes de denuncias por investigaciones anteriores, una es el asesinato en Cartago (Valle) de un sobrino de Luis Hernando Gómez Bustamante, Rasguño, capo del cartel del Norte del Valle. Supuestas negligencias del investigador en ese caso habrían impulsado a Rasguño a señalar al abogado Ignacio Londoño como el emisario de la mafia en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y de organizar el asesinato de su familiar.

Contra Velásquez hubo una compulsa de copias por el caso de la muerte del exdiputado Efraín Ovalle, por supuestamente hacer que los declarantes entregaran testimonios falsos para desviar el caso, asunto en que también se investigó a Marquitos. Así mismo, es nombrado en una sentencia del Consejo de Estado en la que el tribunal otorga el pago de una multimillonaria indemnización a 20 miembros de una familia cesarense que erradamente fue señalada de milicianos de las Farc por cuenta de un informe del investigador.

En el caso de la muerte del hijo de Carlos Rodríguez, al parecer, quienes iban pagando la deuda, dejaban de estar indiciados en el caso. Así ocurrió con Beto Zabaleta y Beto López. Marquitos, el presunto jefe de sicarios que organizó el asesinato, no ha sido siquiera imputado. El único que resta es el exalcalde de Omar Vanegas, sobre quien recaen las sospechas por sus nexos con el narcotráfico.

Este martes la Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio 10 fincas del fallecido Ñeñe en Cesar y La Guajira, mientras las denuncias en contra de Rodríguez no avanzan. A la luz de estos hechos, hay dudas razonables sobre las actuaciones de miembros del ente acusador, que a su vez debe determinar la suerte de los investigadores y avanzar en las demás tareas para conocer la verdad de lo que ocurrió.