Las masacres advertidas: estos son los municipios en riesgo

La masacre de Samaniego había sido advertida. Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, enviada el 23 de julio de 2019 al Ministerio del Interior, daba cuenta del recrudecimiento de la violencia en ese municipio. Registraba que, en los dos años previos, habían ocurrido más de 63 asesinatos, y que el ELN se había fortalecido. Por eso le pedía al gobierno "neutralizar el accionar de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de sus habitantes". Luego de esa advertencia, las cosas empeoraron en el pueblo, que en 2020 entró en una espiral violenta que desembocó en el asesinato de ocho jóvenes el 15 de agosto.

Al igual que la de Samaniego, otras masacres recientes habían sido advertidas por defensores de derechos humanos o por las mismas comunidades asfixiadas por la violencia. El país ya ronda las 40 masacres en lo que va de este año. Y decenas de comunidades padecen escenarios de conflicto que las podrían sumar a esa lista infame. La institucionalidad sabe cuáles son los lugares en riesgo y es urgente su intervención.

En lo que va de 2020 la Defensoría ha emitido 35 alertas tempranas por distintos tipos de abusos contra la población, y en 15 de estas advirtió sobre municipios en los que pueden ocurrir masacres. Allí mismo se denuncian asesinatos, reclutamientos de niños, accidentes con minas, extorsiones, y una secuencia larga de delitos. SEMANA revisó esos documentos, que dan cuenta de que esta ola de asesinatos múltiples se expande por todo el país. Los departamentos advertidos en lo que va de este año son Sucre, Antioquia, Córdoba, Caquetá, Norte de Santander, Valle, Chocó, Cauca, Casanare, Meta y Nariño.

Estas alertas muestran un tablero caótico del conflicto, donde nuevas estructuras surgen, otras avanzan y hacen retroceder a sangre y fuego a sus enemigos. Para asegurar un territorio, unos y otros asedian a las comunidades, se autoproclaman los dueños del orden.  También queda en evidencia que los criminales han aprovechado la crisis pandémica para imponer su control.

Las alertas señalan como posibles perpetradores a las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y varias otras organizaciones más pequeñas surgidas de los residuos del paramilitarismo. Todos vinculados al narcotráfico. Sin embargo, el riesgo es mayor donde hay pretensiones de expansión de alguno de esos grupos, o donde nacen nuevas estructuras. Ese es el caso, por ejemplo, de de Briceño e Ituango, en Antioquia. Allí, explica el documento de la Defensoría, surgió el año pasado un nuevo grupo disidente que se hace llamar Frente  Román Ruiz- Cacique Coyará. Un día expusieron en el pueblo un pendón alusivo a su organización, armaron un retén, marcaron las casas con grafitis, y desde entonces comenzaron a regarse por la región. El Clan del Golfo respondió anunciando un escuadrón: “Comandos AGC - misión Ituango”.

En medio de esa contienda, los grupos han reclutado niños y sembrado minas. Los disidentes obligan a la población a asistir a reuniones, imponen toques de queda desde las 6 de la tarde y hasta prohíben el uso de celulares a niños menores de 10 años. Ituango es uno de los municipios con mayor tasa de homicidios del país y, según el diagnóstico de la Defensoría, una masacre allí podría ocurrir en cualquier momento.

Otro grupo armado preocupante, especialmente por la crueldad de sus acciones, es la columna Jaime Martínez, al mando de alias Mayimbú, a quien se le atribuye, por ejemplo, el asesinato de Karina García, excandidata a la alcaldía de Suárez, Cauca. Ella fue masacrada en septiembre del año pasado junto a otras cuatro personas.

Esa estructura aparece relacionada en dos alertas en las que se advierten posibles masacres. La primera, sobre Jamundí (Valle), en donde se advierte que el grupo ha usado la excusa de la pandemia para imponer restricciones de movimiento a los pobladores. En abril,  después de asesinar a Miguel Gómez, un líder del pueblo que se oponía a sus imposiciones, le advirtieron a los campesinos que “eso no era nada, que venían más muertos”. Las víctimas, dijeron, serían quienes tienen contacto o algún tipo de relación con la fuerza pública.

El mismo grupo aparece en la alerta sobre Buenos Aires, Cauca. Ese es uno de los focos de su accionar. Los hombres de Mayimbú replegaron a bala al ELN y también han bloqueado la entrada del EPL en los últimos meses. Esas fueron disputas muy violentas. Ahora se rumora que a la zona llegó un grupo ligado a la Segunda Marquetalia, la disidencia que fundó Iván Márquez. Así, "la posible disputa territorial entre una fracción de la Segunda Marquetalia y la columna Jaime Martínez, supone un riesgo elevado para la población civil", dice la a alerta.

Al estar unidas a las disidencias que Iván Mordisco controla en los llanos orientales, la Jaime Martínez tiene una alianza con la columna Dagoberto Ramos, otro grupo que disputa esa región. Este es el protagonista del riesgo detectado en una alerta sobre Páez (Cauca) e Iquira (Huila). Allí ejerce un "control que se materializa en amenazas e intimidaciones directas, así como en la distribución de panfletos donde acusan a líderes indígenas de realizar trabajos para la Fuerza Pública". Ese tipo de estigmatizaciones son peligrosas porque y pueden desembocar en ataques contra esas comunidades señaladas.

Los excombatientes de las Farc están entre los más estigmatizados. Incluso grupos postparamilitares los presionan para que se sumen a sus filas. De negarse, se convierten en posibles objetivos. Eso se repite en muchas alertas, como en la emitida sobre La Salina y Sácama, en Casanare. Allí ejercen esa presión el ELN y las disidencias de la Nueva Marquetalia. También dice esa alerta que "los líderes que promovieron el proceso de transformación de esa guerrilla hacia el partido, fueron forzados a desistir del proyecto político, prohibiendo contacto con las comunidades de Sácama y La Salina. En síntesis, fueron coaccionados para desistir en el posicionamiento del partido FARC en la región y en su defecto, a tener que desplazarse del territorio como mecanismo de protección".

Los consumidores de drogas también corren el riesgo de ser masacrados. Así lo señala la alerta para San Marcos, Majagual y San Benito (Sucre), y otra para Puerto Rico y El Doncello (Caquetá). Esta última registró un panfleto que dice “Atención: llegó la hora de la limpieza, estos son los marihuaneros y jibaros del barrio Las Américas, esto lo vamos a hacer en todos los barrios de El Doncello”. Así mismo, las disidencias del  frente 62 difundieron en Puerto Rico un manual de convivencia, con la amenaza de muerte para quien no lo cumpla.

Esa imposición de reglas de comportamiento, sumado al estigma a ciertos grupos de la población, los hacen vulnerables a los asesinatos como medida "ejemplarizante". "La capacidad de daño de estos GAO, se considera muy alta, hasta el punto de asesinar como medida ejemplarizante", dice la alerta para Puerto Gaitán, Puerto López y Cabuyaro, en Meta. En esta región hay presencia de varios grupos herederos del paramilitarismo: Clan del Golfo, Los Cuchillitos, Los Rastrojos, Los Puntilleros.

Pese a ser el departamento donde más se han advertido las masacre, en Norte de Santander ya han ocurrido cinco en 2020. Y pueden venir más. Las dos alertas más recientes de la Defensoría, emitidas a comienzos de agosto, anuncian el riesgo sobre Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario y Ocaña. Y tienen que ver con la guerra que hay entre Los Rastrojos y el ELN. También con la presencia también del EPL, que ha estado en confrontación con el ELN, y con el crecimiento de las disidencias del frente 33 de las Farc. En ese departamento ocurrió este martes una de las últimas masacres de esta ola que azota al país. Tres hombres aparecieron abaleados a borde de carretera, a 20 minutos del casco urbano de Ábrego.

Norte de Santander es el ejemplo lo que pasa en muchos territorios. Lugares donde se disputan guerras locales, y donde las masacres son no solo son una forma de causar bajas, sino también de doblegar a la población a los intereses de los criminales. Las alertas de la Defensoría muestran que, aunque no se puede saber cuándo va a ocurrir uno de estos crímenes, hay zonas donde el riesgo es inminente y anunciado. Es allí donde debe intervenir la institucionalidad para frenar la atrocidad.