Los niños, ¿víctimas de un cartel?

En una esquina de los salones de la Comisaría Segunda de Usaquén, sentada en el piso sin poder contener el llanto, Juliana espera que le entreguen el auto en el que le notifican formalmente que la custodia de sus dos hijos, menores de 12 años, fue otorgada al padre. El mismo hombre por el que ella buscó ayuda de la comisaría al denunciar que ejercía maltrato intrafamiliar contra ella y sus hijos. Desde el suelo, mira cuando su exesposo pide comida para todos los funcionarios de la entidad para celebrar la decisión.

No entiende cómo tomaron tal medida. Dice que cuando se dio la denuncia inicial, la comisaria Yaneth Fabiola Castillo Guerrero mostró gran interés en el caso, pues el hombre denunciado, de altos ingresos, no solo habría maltratado a la mamá de sus hijos con violencia económica y psicológica, sino que, además, al parecer, había puesto cámaras por toda la casa para vigilarla. La obligaba a entrar al baño con la puerta abierta para verificar que no hablara con nadie por celular e incluso ella presentó una alerta de feminicidio entregada por otras autoridades. Pero cuando el exesposo de Juliana se conoció con la comisaria Castillo todo dio un giro y Juliana pasó de ser víctima a victimaria. Ese es uno de los más de 15 relatos que han llegado a la Secretaría de Integración Social de Bogotá en los que denuncian posibles irregularidades que habría cometido la comisaria en colusión con abogados, psicólogos peritos y jueces.

María y Soraya coinciden, al igual que otras denunciantes, al decir que luego de que los padres de los niños tuvieron la primera cita con la comisaria, cambiaron de abogado y casualmente resultó ser el mismo, sin ellos conocerse entre sí. Presumen que esta habría sido una recomendación de la comisaria, no encuentran otra razón para tal coincidencia. Incluso la mayoría de los juristas involucrados en estos casos forman parte de dos firmas de abogados, que SEMANA se abstiene de nombrar para no afectar las investigaciones que adelantan las autoridades.

En todos los casos aseguran que, en medio de las audiencias, la comisaria ordena una evaluación psicológica que tiene que ser realizada por un perito. En una hoja que tiene a la mano en su escritorio hay una lista de profesionales que, según ella por su trayectoria y reconocimiento, podrían realizar tales exámenes. Supuestamente les da a escoger a las partes con cuál de ellos quieren trabajar, pero las madres de los niños coinciden en decir que Castillo les manifiesta que ya la contraparte eligió a uno y que incluso él está dispuesto a pagar “generosamente” los gastos que representa, teniendo en cuenta que ellas no tienen dinero.

Dependiendo del perito, los costos oscilan entre 2 y 25 millones de pesos, supuestamente, porque ellas nunca ven el recibo de pago, pero confían en lo que la comisaria les dice en su momento. Lo que llama la atención para las denunciantes es que en la mayoría de los casos quien paga el examen con el perito es quien gana la custodia, pues el otro siempre es tildado de tener trastornos mentales o de comportamientos que no lo hacen apto para tener niños a su cargo. Esta no es una denuncia de género, aclaran las presuntas víctimas. Si en la relación la mujer es la que tiene más dinero o su familia, ella sería beneficiada con la decisión. Sin embargo, 90 por ciento de quienes se consideran víctimas de la comisaria Castillo y del supuesto cartel de la infancia al que ella pertenecería son mujeres.

Hay relatos desgarradores: violencia sexual durante el embarazo y luego pierde la custodia de su bebé a los tres meses de nacido, aún siendo lactante. Hijos que fueron a visitar a su papá en una fecha especial y nunca más regresaron a vivir con su madre porque les notificaron durante un fin de semana que tienen una medida de protección y que no pueden regresar con ella. Al conocer esa noticia un viernes en la noche o un domingo les es más difícil maniobrar. “¿A qué horas nuestros niños se convirtieron en trofeos y qué precio le pusieron a su inocencia?”, pregunta una de ellas al conocer que una niña que quedó bajo la custodia de su papá por orden de la comisaria Yaneth Fabiola Castillo Guerrero a sus 12 años, y tras el maltrato psicológico que según ella ejercía su padre, decidió cortarse las venas. Una empleada del señor bajó a la niña para que su madre la llevara al médico y así salvarle la vida.

Son varios los testimonios que han sido aportados en el proceso de niños que sufren cada vez que tienen que despedirse de las mamás tras las visitas programadas. “Mi niño se agarra de las paredes y se aferra a mi cuello para no entrar a la casa de su papá cada vez que tengo que dejarlo allí”, dice una mamá con voz entrecortada y evidente frustración. Son conscientes de que mientras exista una orden judicial no hay nada que hacer.

Las comisarías, por ser de naturaleza jurisdiccional, son la primera instancia en asuntos relacionados con la violencia intrafamiliar y en un estado de derecho como el de Colombia nadie puede incidir en la decisión de un juez. Es decir, que los fallos de los comisarios solo pueden refutarse por la vía judicial ante los mismos jueces. Ninguna autoridad distinta a ellos puede intervenir, por eso las apelaciones y los procesos en diferentes instancias, según las denunciantes, no son transparentes, pues hay manipulación entre abogados y peritos que fabrican pruebas y dictámenes que, de acuerdo con ellas, no representan la realidad y sí configuran una estrategia en su contra.

Por ello la Secretaría de Integración Social de Bogotá promueve un gran debate sobre la justicia de familia en Colombia. ¿Es conveniente que las Comisarías de Familia pertenezcan a la rama ejecutiva del poder público, pero ejerzan funciones jurisdiccionales)

La mayoría de estas mamás tienen investigaciones o anotaciones penales por presuntamente cometer fraude a resolución judicial, inasistencia alimentaria, ejercicio arbitrario de la custodia, delitos sexuales y calumnias. Al revisar varios de los procesos de custodia cuestionados, las madres son conceptuadas con trastornos de personalidad, esto dicho por los profesionales en psicología que aparecen en la lista de peritos que suministran en la comisaría, basándose en su profesionalismo. Incluso, las mujeres que han denunciado que su expareja realizaría acoso sexual a ellas o a sus hijos han tenido conceptos de peritos que indican que presentarían gimnofobia, es decir, que el miedo a la desnudez les genera mucha angustia y ansiedad. Conceptos como esos los ha emitido el psicólogo forense Roberto Sicard, con 25 años de experiencia. Dichos peritajes han sido presentados incluso en la Fiscalía y se convierten en prueba útil para cerrar investigaciones.

A Sicard lo nombran en varias de las denuncias cuestionando su actuar, incluso las denunciantes han aportado pruebas documentales como grabaciones en las que se demostraría que tiene relación cercana entre el padre denunciado, la comisaria y los abogados. SEMANA conoció en exclusiva apartes de dichos audios, que ya están en poder de los entes de control. En casi dos horas de grabación se escucha a una mujer que, según la conversación, sería la comisaria Castillo. Ella le dice a la abogada de una de las partes: “Tú tienes que estar preparada con el doctor Sicard. Para que la prepare. Para que la sustanciación quede muy bien (…) necesitamos reunirnos con Sicard”. En la denuncia señalan que durante la conversación se informa que ya tienen la solicitud de archivo en la Fiscalía. De hecho, también dicen que este caso se maneja igual que otro, lo que indicaría que no es la primera vez que realizan ese tipo de acuerdos.

La comisaria, al parecer, es consciente de que la manera en la que se está manejando el tema no es del todo transparente, pues en un aparte dice: “Por debajo de cuerda podemos ir manejando la sustentación”, y pide un correo para enviar la información que se tiene que cruzar y al parecer es Castillo la que dice: “No, un correo institucional no, porque se enreda; personal”, seguido se escucha: “Personal, me meto en un problema por querer ayudarlos”. Estas son pruebas que están siendo analizadas por quienes adelantan las investigaciones.

SEMANA habló con el psicólogo Sicard, quien desmintió la existencia de algún complot entre la comisaria, los abogados de las partes y él u otros peritos. Admite que hay un cartel de la infancia que él mismo ha denunciado, pero que no forma parte de este. Aseguró que todo se trata de un grupo de madres inconformes con una decisión y con trastornos psicológicos que las lleva a crear una campaña de desprestigio contra gente honorable.

En contra de Sicard, quien ha sido perito y testigo en procesos de violencia intrafamiliar, hay dos denuncias radicadas en la Fiscalía, una por presuntamente haber cometido violencia intrafamiliar contra su pareja en 2016 al agredirla, según ella, con objeto cortopunzante; la denuncia fue puesta en Tenjo y está inactiva, pero vigente en etapa de indagación. La otra es de 2020 por hechos relacionados con presunto prevaricato por acción en uno de los casos que cursó en la Comisaría Segunda de Usaquén; según el denunciante, el peritaje de Sicard favoreció a un indiciado de abuso sexual.

La Personería de Bogotá le confirmó a SEMANA que en las visitas que realiza de control ha identificado que la Comisaría Segunda de Usaquén, bajo el liderazgo de Yaneth Fabiola Castillo, es la única de las 35 comisarías que hay en Bogotá en la que la comisaria solicita peritos particulares para poder apoyar sus fallos. En las otras 34, si se llega a requerir un peritaje, se envía a Medicina Legal. Aunque allí ya se volvió costumbre que los abogados de las partes soliciten los peritajes y se ofrecen a pagar a privados, argumentando ayudar a descongestionar el sistema y agilizar los procesos. En esta entidad reposa una queja remitida de la Procuraduría con tres casos en contra de la comisaria Castillo. Está en etapa de revisión para definir si se abre proceso de indagación o no.

En la Fiscalía hay cuatro denuncias en contra de Yaneth Fabiola Castillo por incurrir presuntamente en los delitos de fraude a resolución, falso testimonio y prevaricato por omisión. En octubre de 2020, la Secretaría de Integración Social trasladó a Castillo a otra comisaría en la ciudad. Sin embargo, al ser notificada de este cambio, Castillo renunció. No obstante, las investigaciones continúan.

SEMANA habló con Castillo, quien manifestó que siempre actuó en derecho: “Nada de lo que hice fue por capricho mío, todo está en la ley”. Denuncia que desde hace un año ha venido siendo víctima de persecución por parte de la Secretaría de Integración Social, la Procuraduría y otros interesados en enlodar su nombre. Asegura que su política como comisaria siempre fue basar sus fallos en temas científicos y por esa razón pedía las pruebas periciales de expertos. Según ella, nunca sugirió un perito en particular, debido a que era la psicóloga de la comisaría quien refería la lista de profesionales aptos para realizar este tipo de exámenes. Advirtió que si existen grabaciones fueron hechas sin su consentimiento, pero, aun así, señala que lo que dijo o hizo dentro de su cargo siempre fue honesto y con la experiencia que le han dado más de 20 años de trabajo y sus estudios (dos doctorados).

Insistió en que las autoridades pueden revisar caso por caso para ver si evidencian alguna irregularidad. “De 52.700 casos que he llevado, solo estos 20 presentan supuestas irregularidades y en un año de investigación no me han encontrado nada. En realidad, son personas que quedan inconformes con el fallo y que tienen diagnosticados trastornos de personalidad, entre otras patologías”, puntualizó. Los padres señalados indican que se debe desdibujar la idea de que solo la madre puede tener la custodia y que ellos cuentan con las pruebas suficientes para demostrar que las mamás de sus hijos representan un peligro para ellos.

Lo que es cierto es que más allá de las diferencias de una pareja y los posibles hechos de corrupción que se puedan presentar, en medio de un proceso tan conflictivo están los niños que crecen en un ambiente que claramente perturba su desarrollo psicosocial, “Si yo hubiera sabido que todo esto pasaría con mis hijos no me hubiera divorciado y seguiría aguantando”, eso a veces piensa Juliana al verse sumergida en la incertidumbre.

Por eso la concejala de Bogotá Lucía Bastidas, quien ha venido denunciando el tema, pide a las autoridades agilidad en las investigaciones y, si da lugar, castigos ejemplares, pues no se puede permitir que este eslabón de la justicia vulnere los derechos de los niños, que gozan de protección especial.