Los nuevos enemigos de los nasas

Agustín Calambás, un líder nasa, al parecer de Tacueyó, representa lo que ha sido en buena parte el departamento del Cauca: conflicto y olvido.

Calambás no forma parte de los indígenas asesinados en las últimas semanas en esa región. Y a pesar de su impronta de héroe, muy pocos reaccionan ante su nombre. Era coronel (otros dicen que sargento mayor) del ejército patriota y lo fusilaron los españoles, luego de su captura en Pitayó.

Parece un dato bastante antiguo para hablar de la crisis actual, pero nos sirve al señalar que el conflicto o, más bien, los conflictos siempre han habitado en esas montañas del nororiente del Cauca. En la época de Agustín Calambás, los nasas ya tenían fama de guerreros, una aureola que reclaman dos siglos después (“somos guerreros milenarios”).

Los nasas han sabido sobrevivir a esos sucesivos conflictos gracias a una compleja lista de estrategias –algunas inverosímiles– de resistencia y a una hilera de mártires cuya memoria honran en himnos y murales. En esos mismos himnos aluden a una lucha infinita (“Hasta que no se apague el sol”), reiteran su relación con la muerte (“Por cada indio muerto, otros miles nacerán”) y su sentido de dignidad como pueblo ancestral, dueño legítimo de un territorio (“Defender nuestros derechos, así nos toque morir”).

Es decir, a los nasas siempre los han matado. ¿Quiénes? Para hablar solo de la mitad del siglo pasado para acá, los ‘pájaros’ pagados por los terratenientes, los paramilitares, la guerrilla, los grupos al servicio del narcotráfico. Hasta miembros del Ejército y de la Policía figuran en ese nefasto inventario.

Sin puentes sólidos con Popayán y azotados por el abandono y la presencia de grupos armados, los indígenas mantuvieron la lucha. A la intención de dominio por parte de la guerrilla, opusieron autonomía y derecho propio. Y así se mantuvieron hasta el comienzo de los diálogos de La Habana, cuando, por fin, respiraron en paz y empezaron a trabajar en decenas de proyectos productivos.

Los nuevos enemigos

Entonces, ¿a qué se debe la nueva ola de violencia? Al finalizar la primera década del presente milenio, otro enemigo, uno interno, muy poderoso y cuyas fuerzas malignas desconocían los nasas, comenzaba a extenderse tímidamente sobre las faldas más abruptas de las montañas: los cultivos ilícitos. Algunos comuneros sembraban coca en las partes más bajas mientras otros experimentaban con marihuana.

Los líderes, los cabildos y la Guardia Indígena se opusieron. También con timidez. Y algunos de los que hablaron más fuerte fueron asesinados, como Salatiel Méndez, un líder de la vereda El Tablazo, de Toribío, de cuya muerte los indígenas culpan a las Farc. “Los grupos armados y los cultivos ilícitos no nos van a dejar nada bueno”, pronosticó.

En las asambleas, los cultivadores de marihuana dieron razones como el abandono estatal, la falta de canales de comercialización, los bajos precios de los productos agrícolas y los altos costos de los insumos. Así, lo que inicialmente eran cultivos caseros, raquíticos y dispersos, se extendieron por las montañas de cuatro o cinco municipios del norte del Cauca. Un botín demasiado llamativo para los ratones, que, apenas vieron la salida del gato hacia las zonas veredales, se abalanzaron sobre su presa.

La comunidad rechazó a los primeros grupos. EPL y ELN. Pero la irrupción de las disidencias de las Farc, que consideran esa tierra como suya, por sus más de 50 años de actividad militar, desbordó la intención de la asamblea general de los indígenas de mantener su resguardo libre de organizaciones armadas. Montado el escenario, comenzó la disputa del territorio. Balaceras en Corinto, Caloto, Toribío. Las imágenes de los montes y caminos con el sonido de ráfagas de fusil al fondo circulaban en los celulares de los indígenas.

Los teléfonos móviles de gama media y alta y las motos tipo enduro abundaban ahora en las veredas del norte del Cauca.

“Yo hubiera preferido que las cosas siguieran como estaban porque con las Farc al menos uno sabía con quién hablar; pero con estos no se sabe quiénes son ni qué quieren”, decía un líder indígena de La Playa, una vereda ubicada a unos 5 kilómetros del área urbana de Tacueyó.

Los nuevos grupos armados comenzaron a recorrer los resguardos y a amedrentar a los comuneros. “Quieren el dominio completo del territorio para poder manejar el comercio de la marihuana”, dijo un líder de la Guardia de Toribío, quien también se encuentra amenazado.

Los cabildos reaccionaron y ordenaron incrementar lo que denominan puestos de control, en las entradas al territorio indígena y en algunos caminos estratégicos. Estos puestos consisten, generalmente, en una guadua pintada de verde y rojo, los colores del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que atraviesan en la vía para detener vehículos y personas.

Esa decisión incrementó la pugna con los armados. La guardia indígena detuvo vehículos cargados de marihuana, autos robados y armas. Las amenazas se incrementaron y las columnas móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, de las disidencias, comenzaron a imponerse por la fuerza en los puestos de control.

La tarde del 7 de diciembre de 2018, Edwin Dagua Ipia, el gobernador del cabildo indígena de Huellas, en Caloto, fue asesinado por hombres armados que lo atacaron en la vereda La Buitrera. Su familia atribuyó el ataque a sectores ligados al narcotráfico.

¿El cartel de Sinaloa?

Pocos meses después, el panorama se complicó aún más. Un grupo que firma sus comunicados como Cartel de Sinaloa y los adorna con una calavera lanzó amenazas contra los líderes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), a los cuales –dijo– estaba dispuesto a “matar como a animales”.

Los ataques contra los líderes indígenas se hicieron más frecuentes. En la mañana del 2 de agosto de 2019, dispararon contra un grupo de guardias que viajaba en una chiva, entre El Palo y Toribío. Resultado: dos muertos y cuatro heridos.

Un mes después, al otro lado de la carretera Panamericana, en el municipio de Suárez, fue asesinada la candidata a la alcaldía de ese municipio, Karina García, y sus cuatro acompañantes. Los grupos armados seguían copando los territorios dejados por las Farc, sin oposición por parte del Estado.

Por esos días, los comunicados del Cartel de Sinaloa amenazaban con causar otras masacres, ponían precio por los guardias indígenas, se autodenominaban como un grupo de narcotraficantes y de “sicarios sanguinarios”, y amenazaban con poner dos metros bajo tierra a todo aquel que se opusiera a los cultivos ilícitos.

La sorpresiva aparición de este nuevo grupo desconcertó a las autoridades indígenas. Al menos al principio, porque luego, en diferentes escenarios, los líderes nasas han afirmado que se trata de las mismas disidencias.

“Delincuentes, secuestradores y extorsionistas”, gritó un líder de la Guardia Indígena a través del sistema de altoparlantes, refiriéndose a las disidencias, durante un encuentro de guardias indígenas, realizado el 11 y 12 de octubre en Toribío. Ocho días antes habían asesinado a un líder juvenil a pocos kilómetros de ese lugar.

Dos semanas después, ocurrió la masacre de la nej wesx (gobernadora) y de los cuatro guardias en la vereda La Luz, en el corregimiento de Tacueyó. Las autoridades indígenas culparon a las disidencias nuevamente. También asesinaron a cuatro miembros de un equipo de ingenieros que trabajaban en una zona rural de Corinto y tres indígenas más en Toribío. En total, 15 muertos en una semana.

Además de la guerra por el dominio de un territorio sembrado de cultivos ilícitos, lo cual le imprime una nueva dinámica al conflicto en los territorios indígenas, existe un ingrediente que es quizá el más grave para estas comunidades: algunos de los victimarios también son indígenas. De hecho, Mayimbú, jefe de la columna Jaime Martínez, pertenece al resguardo de Corinto. Barbas y otros miembros de ese grupo también son nativos.

“Les hacemos un llamado para que no disparen contra sus hermanos, que abandonen esa idea del narcotráfico”, dijo un líder de la guardia durante el encuentro de Toribío.

Las dudas de la militarización

En ese orden de cosas, cualquier solución pasa por la desaparición de los cultivos ilícitos, cuyas luces semejan ciudadelas durante la noche, en las montañas del norte del Cauca, debido a que los cultivadores alumbran las plantas para acelerar la producción.

Por esa razón, a una sola voz, el movimiento indígena y representantes de otros movimientos sociales coinciden en que los dos batallones que el Gobierno del presidente Iván Duque envió al Cauca no van a solucionar el problema. Los nasas, además de que no están de acuerdo con la presencia de ningún actor armado en su territorio, sea legal o ilegal, tienen dos argumentos contra la militarización.

Por un lado, por décadas, desde la aparición de las Farc en este territorio, la zona estuvo militarizada y nunca lograron sacar a la guerrilla de estos cañones. En cambio, los insurgentes semidestruyeron Toribío en cinco ocasiones para acabar con el cuartel de Policía y libraron combates en las calles, con la población civil de por medio. Lo mismo ocurrió en otros resguardos indígenas, como Caldono y Jambaló.

Por otro lado, y este es el aspecto que levanta más ampollas, los indígenas lanzan una pregunta que, hasta ahora, no tiene respuesta, lo cual también es inquietante: ¿cómo es posible –interrogan– que pasen camiones con toneladas de marihuana para el Valle y para otros lugares de distribución si en todas las carreteras del norte del Cauca existen retenes militares y de policía?

La militarización, que ya existe, tampoco ha impedido que los asesinos disparen y huyan en motos y carros por las carreteras del resguardo. Incluso, horas después de la masacre de Tacueyó, se presentó un incidente inexplicable: el vehículo dentro del cual fueron asesinados los guardias indígenas fue incinerado durante la noche, cuando permanecía bajo custodia de los militares.

Tampoco se ha aclarado la muerte del joven indígena Flower Trompeta, baleado por el ejército en la vereda La Laguna, de Corinto, el 28 de octubre. El entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que “Aparentemente fue muerto en desarrollo de una operación militar”, pero los nasas aseguran que los militares lo sacaron de su casa y le dispararon.

Ante esa situación, es necesario reconstruir la confianza. Se requiere, además de la intervención militar contra los grupos armados, de un proyecto de sustitución de cultivos que se construya mediante acuerdos con las organizaciones indígenas.

Basta con hacer el recorrido por el norte del Cauca durante la noche, cuando se encienden las luces de cientos de invernaderos, para entender que se requiere una gran inversión, focalizada en esta zona, y no simplemente “acelerar” la implementación de los proyectos que ya están previstos, como anunció el Gobierno luego de la última masacre.

Aquí surge otra pregunta: ¿cómo acercar a Gobierno e indígenas si las relaciones quedaron maltrechas luego del frustrado encuentro de abril, en Caldono, al cierre de las negociaciones para levantar la minga de principio de este año?

En ese intento para generar confianza será clave el mensaje que envíe el nuevo ministro de Defensa, y la intermediación de entidades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Esta última propició un gran encuentro el pasado 7 de noviembre, en Santander de Quilichao, entre las organizaciones indígenas y la institucionalidad social con la intención de “recuperar la confianza, tejer consensos y hacer frente a las graves fracturas que sufre el país”.

Lo que sea que se vaya a hacer debe ser pronto. Entre los indígenas ya se escuchan voces que promueven lo que denominan ‘el renacimiento del Quintín Lame’, el movimiento armado indigenista de los años ochenta, para hacer frente a los grupos que los masacran, lo cual multiplicaría la sangre que ya corre por estas montañas.

*Periodista, autor de La fuerza del ombligo.