Los pecados de la reconstrucción

Para los miles de isleños que lo perdieron todo tras el paso del huracán Iota, el anuncio de que la reconstrucción de San Andrés y Providencia comenzará de inmediato llegó como una luz de esperanza. Pero la dicha sería completa si no fuera porque el país cuenta con un largo historial de tareas a medias en tragedias similares que han azotado a otras regiones.

Aunque el huracán provocó graves afectaciones, otros fenómenos naturales también han devastado pueblos enteros. Y en muchos casos sus habitantes siguen esperando una solución integral a la ruina provocada por las avalanchas, los fuertes sismos o las lluvias.

El reto con San Andrés es mayor por la magnitud en los destrozos causados por el huracán. Para llegar a buen puerto, el Gobierno necesitará mucha gestión, contar con numerosos recursos y, sobre todo, dar resultados pronto. El presidente Iván Duque puso al frente de esta tarea a una de sus funcionarias de confianza, la directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, quien tendrá que sacar adelante el Plan 100, la hoja de ruta trazada para la reconstrucción de las islas.

En principio se sabe que las tareas incluyen remoción de escombros, limpieza de vías, entrega de ayudas y restauración de servicios de salud, energía y comunicaciones. Pero lo más duro vendrá después: reedificar viviendas e infraestructura y poner a andar de nuevo la economía de la región, cuya piedra angular es el turismo.

Para hacerle frente a esta situación, se han apropiado 139.000 millones de pesos, según fuentes del Ministerio de Hacienda. Esos recursos tendrán que alcanzar para construir el nuevo hospital en Providencia, el segundo cable submarino en la zona y algunos proyectos educativos. Asimismo, para la reubicación de viviendas y familias, y la estructuración de un alcantarillado, que posteriormente se financiará con recursos de regalías.

El Gobierno tiene una lista de 118 acciones a corto plazo, que podrían aumentar una vez terminen los análisis de campo. “Tenemos que poner en marcha un plan de reconstrucción (...) para hacer la mayor transformación en un periodo de 100 días o menos. Ese es un reto muy grande”, dijo el presidente Duque.

Y razón no le falta. A esta crisis se suman las inclemencias del clima, que tienen a una cuarta parte del país afectado. Las lluvias han impactado municipios como Lloró (Chocó), Dabeiba (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander) y Uribia (La Guajira), donde el panorama de familias damnificadas y casas destruidas sigue en aumento.

Al cierre de esta edición, el fenómeno de La Niña dejaba 308 municipios con afectaciones. En total, se reportaban 482 eventos con un saldo devastador: 61.723 hogares afectados, 26 personas fallecidas, 39 heridos y 8 desaparecidos. Eso sin contar las más de 22.000 casas con averías.

Doble coletazo

Aunque el panorama es complejo, esta realidad no es nueva en Colombia. Una combinación de mala planeación, falta de programas de mitigación y avivatos que juegan con las esperanzas de los ciudadanos han puesto en jaque al país a la hora de enfrentar fenómenos naturales.

Por ejemplo, Gramalote, Norte de Santander, que desapareció del mapa en diciembre de 2010 luego del fenómeno de La Niña que se extendió hasta 2011. O Mocoa, Putumayo, que vivió un infierno en 2017 tras el desbordamiento de tres ríos. El problema de fondo es que, a pesar del tiempo, la reconstrucción sigue embolatada.

En el caso de Gramalote, hace tres semanas se venció el contrato para edificar las viviendas del nuevo pueblo. Y el constructor no cumplió. Los retrasos en el cronograma y las deficiencias técnicas resumen una realidad que aqueja a este y otros municipios.

El encargado de esa reconstrucción es el Fondo Adaptación, entidad que se creó hace una década para dar respuesta a la ola invernal más dura que ha vivido el país. Pero los malos manejos y la corrupción, denunciada incluso por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, se habrían convertido en el caldo de cultivo para incumplirles a millones de colombianos.

De hecho, el actual gerente del Fondo, Édgar Ortiz, asegura que, cuando comenzó su gestión, encontró 160 proyectos paralizados o con muy baja ejecución. Durante su administración se han destrabado iniciativas por 1,1 billones de pesos, y, aunque tiene la tarea de poner en orden la casa, el camino que queda es largo. La Contraloría ya encendió sus alertas en 112 obras de esta entidad, con alto riesgo por retrasos, suspensiones e incluso vencimientos en contratos.

El caso de Mocoa no es mejor. Según la Unidad para la Gestión del Riesgo, de las 1.209 viviendas urbanas planeadas, solo se han entregado 100. Y apenas uno de siete proyectos de infraestructura está listo para que entre en operación, pero siguen pendientes las obras de mitigación de riesgos futuros.

El balance de las restauraciones está lejos de ser alentador. Muestra la indolencia de empresarios que dejan las obras a medio hacer y de autoridades nacionales y regionales que las dejan pasar, aun a sabiendas del drama que enfrentan las poblaciones que lo perdieron todo. Incluso la esperanza y las ilusiones de volver a sus pueblos.

Riesgo latente

Mientras que en Estados Unidos o en la Unión Europea la prioridad tras un evento catastrófico es rehacer lo que la naturaleza se lleva, en Colombia las cosas se quedan a medias.

Esto ocurre a veces por falta de coordinación o de recursos. Un informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de 2018 revela que solo 39 de 190 entidades del orden nacional tienen funciones explícitas en gestión de riesgo de desastres dentro de sus estructuras. Y confirma que el país ha avanzado poco en encontrar cómo financiar políticas robustas de mitigación.

Esto toma mayor relevancia si se tiene en cuenta que Colombia es altamente vulnerable a los golpes climáticos. Según un estudio del DNP, el 30 por ciento del territorio posee condiciones críticas ante fenómenos como inundaciones lentas, flujos torrenciales y movimientos en masa. En plata blanca, 18 millones de personas viven en zonas de alto riesgo.

La tragedia que dejó el huracán Iota manda un mensaje contundente. Tanto el Gobierno nacional como los mandatarios locales deben procurar que la triste historia de otros pueblos no se repita en San Andrés y Providencia. Tampoco en municipios donde las emergencias por el clima son latentes y pueden llegar cuando menos se esperan.