Los peros del Consejo de Estado a la Jurisdicción de Paz

El presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, ha mantenido una crítica constructiva al punto de justicia del proceso de paz. Ahora cuando el acto legislativo que crea la nueva Jurisdicción está siendo debatido en el Congreso, el magistrado señala algunos puntos que a su juicio deben ser reformados.

Rojas reconoce que se han dado ajustes importantes, pero insiste en que existen vacíos en las fórmulas empleadas para la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El magistrado fue uno de los más críticos en que a la Judicatura se le incluyera como el organismo que definiría los conflictos de competencias del tribunal de paz. En su momento, aseguró que ese organismo no podía recibir una de las funciones más importantes para el funcionamiento de la justicia transicional. Y calificó esta decisión como una “pifia” de las partes, razón por la cual celebra y anuncia que su reclamo fue atendido y la Judicatura, excluida.

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A pesar de este ajuste, para Rojas dos puntos clave aún quedan pendientes.

El primero está relacionado con el hecho de que la Jurisdicción Especial para la Paz no quedó como un órgano de la Rama Judicial. Este tema es un punto de honor para garantizar -dice el Consejo de Estado- la independencia, autonomía e imparcialidad para la escogencia de sus miembros y en la toma de sus decisiones.

Es un secreto a voces que el mecanismo de elección de magistrados viene generando malestar en los altos tribunales. Los acuerdos de paz establecieron la conformación de una comisión de alto nivel que seleccionará a los magistrados de la Jurisdicción de Paz. Las cortes quedaron con un voto de cinco, y se lo dieron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, representada por el magistrado José Francisco Acuña.

Otro de los reparos del Consejo de Estado está relacionado con las acciones de repetición. Cuestionan que por cuenta del acuerdo se impida repetir contra agentes del Estado o contra quien se le aplique la renuncia de la persecución penal. Para Rojas, esta medida poco tiene que ver con la verdad y la reparación, además de que, por el contrario, se genera un detrimento injustificado de los recursos del Estado, que sí debe responder a las víctimas.

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El magistrado también enumeró varias de las experiencias de la justicia nacional que podrían ser aplicadas en esta nueva etapa de la paz con el fin de que ciertos procedimientos, como la creación de un tribunal de apelación o que la tutela sea procedente sólo por problemas procesales, se apliquen a la justicia transicional.

Alerta amarilla por corrupción

Sin embargo, una de las sorpresas del alto tribunal se dio alrededor de la corrupción. El presidente del Consejo de Estado reconoció que en la congestión judicial hay un “caldo de cultivo” para las malas prácticas e indicó que por cuenta de los largos términos procesales la justicia privada está ganando territorio no sólo en la solución de casos, sino en la delimitación de líneas jurisprudenciales.

“Es imperioso en esta coyuntura revertir este impacto. El arbitramento es una valiosa institución social, pero debe ser concebida una excepción del poder de juzgamiento”, dijo.

En medio del escándalo de Odebrecht, el presidente del Consejo de Estado reconoce que los procesos en el Contencioso Administrativo se pueden prolongar por 15, 20 años, lo cual termina minando la posibilidad de tomar medidas inmediatas frente a un caso de corrupción.

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Y para ello destaca que muchos alcaldes, gobernadores o mandatarios regionales actúan de manera ilegal porque saben que la sanción no vendrá sino hasta que hayan dejado su administración.

“Esta mora ha tenido impacto negativo; ha sido incentivo para no tomarse en serio la justicia porque el gobernante sabe que durante su administración no será sancionado. Y esto también se ha constituido en el argumento más poderoso para que las partes activen la cláusula de arbitramento para que sean ellos quienes resuelvan la controversia con costos económicos, institucionales y doctrinarios importantes”.

La mea culpa del Consejo de Estado viene en momentos en que las autoridades judiciales investigan la legitimidad de las actuaciones de Odebrecht en Colombia, incluidos los fallos a favor de dos tribunales de arbitramento. Voceros del Gobierno nacional han hecho llamados públicos a que se revisen estas actuaciones.