"Peculado en Reficar fue de 18 veces Odebrecht"

La necesidad de modernizar la Refinería se planteó desde el comienzo como de "importancia estratégica" para el país. Sin embargo, dos décadas después este sueño para los cartageneros y para la Nación se terminó convirtiendo en el peor "peculado" del país. Así lo aseguró el fiscal Néstor Humberto Martínez al explicar cómo, pasándose por la faja las normas y la ley, se logró un fraude de 610.000 millones de pesos, por lo que se anunciaron las primeras imputaciones.

Aunque a través de dos documentos Conpes y la Ley se establecieron las políticas públicas para la consecución de un socio
estratégico que financiara el proyecto, estas se terminaron quedando en el papel. Las normas apuntaban a que hubiera la mayor participación privada posible de recursos, con el objetivo de poner un seguro para que los riesgos recayeran en el inversionista. Sin embargo, con los años el Estado colombiano terminó por asumir el 100% de los costos y de los sobrecostos.

Esta es la base de la investigación de la Fiscalía, que en una primera fase anunció la imputación de cargos a ocho altos ejecutivos, y la vinculación mediante llamado a interrogatorio de otros ocho. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, expresó que pese a las retricciones legales que había para firmar el contrato bajo la modalidad de llave en mano, se terminó firmando como "gastos reembolsables", lo que permitió que el Estado terminara pagando una cifra que corresponde a 18 veces el soborno de Odebrecht en Colombia.

Las cosas parecían haber comenzado bien cuando en el 2006, se eligió a la compañía Glencore International AG como el
inversionista mayoritario del proyecto. En la Refinería de Cartagena S.A., Glencore International AG quedó con una participación del 51%; y Ecopetrol, con el 49%. 

Sin embargo, en el 2007, bajo la administración de Glencore, Reficar eligió a Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) para hacer la ingeniería, las compras y la construcción de la refinería a través de un contrato de EPC (Enginering, Procurement and Construction).

Dos años más tarde, sin haber si quiera financiado el proyecto y alegando un evento "imprevisto, imprevisible e irresistible", Glencore se retiró de la sociedad Reficar, y Ecopetrol adquirió el ciento por ciento (100%) de la participación accionaria de la refinería. Es decir, asumió la totalidad del capital de Reficar, ejecutora del proyecto.

Una vez se retira Glencore, Reficar contrata a Foster Wheeler & Process Consultant Inc, como firma encargada de llevar a cabo el gerenciamiento, supervisión y control del proyecto. A esto se sumó que en el año 2010, para continuar con la ejecución del proyecto, Reficar suscribió dos nuevos contratos con CB&I en la modalidad contractual “costos reembolsables”, lo que implicó que los riesgos de sobrecostos fueron asumidos totalmente por el Estado.

La Fiscalía concentró su actuación en la firma de cuatro acuerdos denominados “Memorandum of Agreement” (MOA) y “Project Invoicing Procedure” (PIP), a través de los cuales se dieron aprobación sin soporte a miles de millones de pesos de recursos públicos en favor del contratista CB&I.

Entre las irregularidades detectadas por la Fiscalía está el pago de facturas que habían sido previamente rechazadas por el supervisor del contrato (Foster Wheeler) o que ni siquiera fueron validadas. Estos pagos fueron a todas luces "irrazonables, desproporcionados y sin ninguna relación con el proyecto", dice la Fiscalía.

El ente acusador destaca, por ejemplo, pagos de 22.000 dólares por bebidas y servicios de SPA para los contratistas. También se pagaron sueldos a trabajadores que nunca ingresaron a Reficar, o personas que no trabajaron en las épocas en que se desembolsaron sus salarios.

La lista de irregularidades es larga. Por ello, Néstor Humberto Martínez anunció para el 7 de junio las primeras imputaciones de cargos en el caso. Estas son a Orlando Cabrales Martínez, expresidente de Reficar 2009-2012; Yañez Reyes Reinoso, expresidente de Reficar 2012- 2016; Felipe Laverde Concha, vicepresidente de Reficar 2009-2017; Pedro Alfonso Rosales Navarro y ex vicepresidente ejecutivo de Downstream Ecopetrol 2008.

También serán presentados ante las autoridades, Nicolás Isaksson Palacios, líder del grupo Legal Reficar 2013-2017; Philip Kent Asherman, representante legal de CB&I 2010; Massoud Deidehban, director de proyectos y representante legal de CB&I 2009 y Carlos Alberto Lloreda Silva, revisor fiscal de Reficar 2013 - 2015.

Todos deberán responder por los delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento.

En lo relacionado con la investigación por las irregularidades para la selección de un socio estratégico, la salida de Glencore y la selección del contratista, fueron llamados a interrogatorio a Isaac Yanovich Farbaiarz, Presidente de Ecopetrol 2002- 2006; Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, presidente de Ecopetrol 2007 - 2015; Jaime Leonardo Flórez Muñoz, gerente de vicepresidencia de Refinación Ecopetrol 2007-2008; Jorge Enrique Carvajales Orozco, presidente de Reficar 2006-2008; Andrés Virgilio Riera Burelli, Vicepresidente de Preparación y Puesta en Marcha Reficar 2015-2016; Richard Cohen, representante Legal de Glencore 2008- 2009; Sergio De la Vega Jiménez, Ejecutivo Glencore y Suplente del
Presidente de Reficar 2007.

A declaración jurada deberán asistir los miembros de las juntas directivas de Ecopetrol y Reficar. Desde hoy comenzarán a ir a la Fiscalía por citación Fabio Echeverry Correa, María Elena Velásquez, Joaquín Moreno Uribe, Carolina Rentería, Hernán Martínez (ministro de Minas de la época) y Mauricio Cárdenas Santamaría. También deberán asistir Óscar Iván Zuluaga (ex ministro de Hacienda de la época), María Paula Jaramillo Restrepo, Bernardo Rodríguez, Juan Nicolás Rubio y Ana Constanza Calixto.