Los pros y contras de la Ley con la que el gobierno busca 'formalizar' a los vendedores ambulantes

El 15 de febrero el tema de conversación obligado fue la multa de 800.000 pesos que un policía le puso a un bogotano por comprarle una empanada a un vendedor ambulante. Miles de personas se solidarizaron con el comprador y con el vendedor. Ante esa movilización, explícita en las redes sociales, decenas de políticos rechazaron el hecho. La policía se limitó a decir que estaba aplicando el Código de Policía, que prohíbe “promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público”.

Inmediatamente en el Congreso se puso en marcha una estrategia para modificar el código de policía. La iniciativa fue presentada por el senador Carlos Guevara, del MIRA, y fue apoyada por la mayoría de bancadas. Tanto así, que antes del 20 de julio la ley ya había sido aprobada. Sin embargo, la iniciativa tuvo cambios en su trámite y poco a poco se convirtió en una Ley que busca establecer una formulación, implementación  evaluación de una política pública de los vendedores informales. Con diligencia, el Presidente Duque la sancionó la semana pasada “Apoyamos esta iniciativa que, ojo, esto no trae soluciones milagrosas, no es que a partir de la firma al otro día se arreglaron todos los desafíos y problemas, no, pero empieza un proceso coherente, un proceso sostenible, un proceso escalable, y, sobre todo, un proceso de justicia social”, dijo delante de decenas de vendedores informales que fueron invitados a Palacio.

El propósito de trabajar en aras de reducir la informalidad laboral es loable. Más si se considera que en el caso de los vendedores ambulantes, según el Ministerio de Trabajo, hay cerca de dos millones y medio de personas dedicadas a ese oficio. Ellas contribuyen a que en el país, hoy en día, la tasa de informalidad sea del 60.8 por ciento. La Ley ‘Empanada’, como se conoce la promulgada por el Presidente, además de establecer una tipología de los ambulantes, le da un año al gobierno para elaborar una política pública que establezca programas encabezados a garantizar su mínimo vital, poniendo en marcha alternativas de trabajo formal. También contempla censarlos y carnetizarlos, darles capacitaciones del SENA, habilitar espacios comerciales para ellos y “posibilitar la vinculación de aquellos con ingresos menores a un salario mensual vigente, a los diferentes mecanismos de protección social”.

No obstante, a pesar de sus bondades, la Ley también tiene algunos elementos que plantean retos que impliquen que una política pública en esta materia trascienda el populismo, por un lado, y no vaya en desmedro de la formalidad e incluso de las políticas que a nivel local ya vienen poniendo en marcha las administraciones de varias ciudades para proteger el espacio ´público.

La relación entre espacio público y ventas ambulantes, en casos como el de Bogotá y Cali, ha mostrado ser compleja. Varias sentencias de la Corte Constitucional han establecido que en aras de recuperar el espacio público, las administraciones deben ofrecerle  a los vendedores espacios alternativos para desarrollar su trabajo. Sin embargo, el espacio público también se considera un derecho importante en el desarrollo de la calidad de vida urbana. Los indicadores de seguridad, por ejemplo, son superiores en zonas en las que no hay ventas ambulantes en los andenes. Otros beneficios tienen que ver con temas de sanidad. El Código de Policía de Bogotá, por ejemplo, prohíbe la venta de alimentos preparados en la calle por condiciones de higiene. En la Ley aprobada por el Presidente Duque, no hay alusión alguna a esa tensión entre vendedores y andenes. De hecho, se califican de negativos los impactos de recuperar los espacios colectivos. “La Política Pública de los vendedores informales, constituye el conjunto de principios, lineamientos, estrategias, mecanismos, programas y proyectos, que orientarán las acciones del Estado, con el fin de disminuir el impacto negativo que trae la ejecución de las políticas públicas de recuperación del espacio público”, dice el texto.

Pero más allá de esa tensión, que puede armonizarse con decisiones como las de prohibir las ventas en espacios públicos recuperados, la iniciativa plantea inquietudes en el sector formal. Semana habló con los propietarios de varios locales del centro de la ciudad, que aseguran que han tenido que despedir vendedores contratados formalmente, porque las ventas ambulantes desestimulan la entrada de clientes.          

Ver:Vendedores ambulantes podrían tener rebaja en el Código de Policía

El proyecto plantea la reubicación como opción. Sin embargo, también está demostrado que cuando los vendedores se meten en un mismo lugar o centro comercial, bajan sus niveles de ventas. La gente compra en la calle, porque encuentra las cosas que están en la calle. Una alternativa que funcionó bien, fue la de los kioscos que se pusieron en Bogotá durante la administración de Luis Eduardo Garzón (2002-2007), y que establecieron parámetros para que vendedores con ciertas características y compromisos accedieran a ellos. No obstante, quienes están a cargo de los kioscos también se quejan de que las ventas ambulantes son su competencia.

Pero el mayor debate alrededor de la Ley, gira alrededor de cual su efectividad. En cuanto a la vinculación de los vendedores a seguridad social, la ministra de Trabajo. Alicia Arango, señala que “si reciben menos de un salario mínimo, tendrán la cobertura en salud, por el régimen subsidiado en salud”,. Varios expertos consultados por esta revista consideran que, desde esta perspectiva, de un salario mínimo ya tienen derecho a ahorrar para pensiones a través de los Beneficios Especiales Periódicos (BEPS) y a ser incluidos por el Sisbén. En otras palabras, que el anuncio de una política de ‘formalización’ de los vendedores ambulantes, se limita a hacer explícito algo que ya viene avanzando. Las grandes ciudades, por su parte, también vienen desarrollando medidas consecuentes con lo planteado en el proyecto.

Economistas como Luis Fernando Mejía, ex director de Planeación Nacional, consideran que la Ley es válida en cuanto contempla un censo para determinar cuántos vendedores ambulantes hay y, además, en la medida que reconoce que hacen parte de lo que se reconoce como ‘informalidad de subsistencia’. También valora que la iniciativa haga parte de una política pública que considere temas como la capacitación a los vendedores.

Otra es la óptica de quienes en el día a día y en las ciudades tienen que determinar lo que sucede en el espacio público. En teoría, estos son temas que se manejan en el orden municipal y las disposiciones sobre el tema pueden variar de ciudad en ciudad, de acuerdo a sus problemas.  Luis Eduardo Garzón, en su doble condición de ex ministro de trabajo y ex alcalde de la ciudad, considera, por ejemplo, que la iniciativa es populista porque: 1) concibe como ‘formalización’ un proceso que ya venía andando desde el gobierno anterior, cuando se inventaron los BEPs y 2) Se entromete en decisiones urbanas. “En Bogotá, las disposiciones del espacio público responden, concretamente, a las alcaldías locales”, señala.

Para Lucho Garzón la Ley que plantea el gobierno desconoce experiencias como las de Bogotá y el hecho de que cada ciudad tiene su particularidad. Según las cifras del Ministerio del Trabajo “las ciudades con mayor informalidad son Cúcuta con (70%) entendiendo que es zona fronteriza, Sincelejo con (65.7%), Santa Marta con el (65.1%), Riohacha con (62.1%) y Montería (60.8%). En esas ciudades la migración desde Venezuela ha sido mayor ¿qué pasará con los vendedores de ese país? ¿Accederán a los procesos de formalización? ¿Serán perseguidos por no tener el carnet respectivo?

Ver:Vendedores ambulantes y capitalismo salvaje

Para urbanistas también preocupa el hecho del precedente que puede dejar la Ley. Si bien esta contempla que se podrá cobrar por el uso del espacio público, no considera que una vez este se le asigne a uno o más vendedores informales, después es casi imposible modificar esa situación.

Por último, la Ley sancionada por el mandatario no contempla que hay otras realidades que deben considerarse en el momento de diseñar una política frente a los vendedores ambulantes. Estos tienen que ver con decisiones frente a  riesgos laborales, si se considera que estos son más altos en la calle. Tampoco plantea exigencias frente a temas como el tipo de mercancías que se venden, la necesidad de plantear estrategias frente a problemas como la piratería y el trabajo infantil.

El gobierno tiene un año para diseñar esta política. Mientras eso sucede, y por ahora, es evidente que el Presidente Duque ganó nuevos adeptos en el sector informal.