¿Es hora de una reforma a la Policía? Los proyectos de ley que la proponen

La reforma a la Policía Nacional era un tema que se venía cocinando a fuego lento. Sin embargo, la muerte del abogado Javier Ordóñez Bermúdez en la noche del 8 de septiembre aumentó el calor de las brasas. El video que se difundió en redes sociales, en el que se le escucha a Ordóñez suplicar a dos uniformados que lo sometían contra el pavimento con una pistola táser fue la gota que rebasó la copa. Una ola de indignación e inconformismo se desató en el país —con especial intensidad en Bogotá— y dejó un saldo de varios muertos y múltiples edificaciones policiales destruidas.

Y en este espacio de tiempo, mientras en diferentes lugares se libraban batalles campales entre ciudadanía y fuerza pública, se abrió la interrogante de si es oportuno implementar modificaciones institucionales a la Policía Nacional y sus procedimientos. Si bien es un debate necesario, particularmente a raíz de la presente coyuntura, es probable que reavive la polarización entre facciones ideológicas, una constante durante los últimos años, y culmine en intenciones que no se concretan.

Independientemente de esto, los números hablan por sí solos y parecen darle la razón a las voces que exigen un cambio. Temblores ONG, organización que trabaja por la protección de los derechos humanos, viene documentando los distintos casos de abuso y violencia que involucran a miembros de la Policía. Su registro inició en 2017, año en que se expidió el nuevo Código de Policía, y cuenta hasta la fecha con cerca de 40.400 casos, entre los que hay 639 homicidios y 241 agresiones sexuales. ‘Bolillo, Dios y Patria’, como se tituló el informe que contiene estas cifras, será publicado el próximo mes de diciembre y tuvo como principal fuente de información al Instituto Colombiano de Medicina Legal.

En consonancia con estos hallazgos, la organización lanzó una plataforma digital, la cual llamaron ‘¡Grita!’, para que las víctimas de violencia policial puedan denunciar lo ocurrido y recibir atención. En lo que va de 2020, 170 agresiones y 10 homicidios (incluido el de Javier Ordóñez Bermúdez) han sido puestos en conocimiento de Temblores ONG a través de este medio.

“Ahora en pandemia, al haber mucha menos gente en el espacio público implica menor control ciudadano y ese es uno de los factores que ha aumentado la violencia policial. Y también, al existir más normas y más limitaciones al derecho a la circulación, se otorgaron a los policías más poderes y, por ende, una mayor discrecionalidad de lo que se puede o no hacer en la calle”, explicó Alejandro Lanz Sánchez, codirector de la organización.

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A la alta cantidad de casos que expuso, añadió otros 34 homicidios cometidos por agentes de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) desde su creación en febrero de 1999.

Con este historial es que ahora el Congreso conocerá de varias iniciativas que buscan, con abordajes diferentes, darle una solución a la problemática. SEMANA conversó con los ponentes de estos proyectos.

¿Qué proponen?

Instrucción en derechos humanos, prohibición de armas letales, renovación en los manuales de conducta y hasta reformas constitucionales forman parte del conglomerado de ideas que tocan de una u otra forma a la Policía Nacional. El representante a la Cámara del Partido Alianza Verde, Inti Asprilla, es el autor de una de estas propuestas.

Asprilla concentrará sus esfuerzos en cambiar el Código de Policía y crear una política general de prevención y sanción del abuso policial después de cumplir cuatro años estudiando esta materia. Alrededor de tres ejes gira el proyecto que cuenta con 25 artículos. El primero es una cátedra, de carácter obligatorio, para miembros de la fuerza pública, sin importar su rango, sobre uso proporcional de la fuerza y respeto de los derechos humanos.

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“Ningún policía que esté en la calle podrá usar la fuerza sin antes haber recibido ese curso”, aseguró Asprilla, quien también busca modificar con este proyecto el sistema disciplinario de la Policía, al cual califica “de ser proclive a la impunidad”. Volviéndole a dar vida a los comisionados de Policía, figura extinta en la actualidad y que podrá ser ejecutada por un civil profesional en derecho, se verificará el cumplimiento y respeto de los derechos humanos por parte de los policías.

Adicionalmente, de llegar a ser aprobado, el proyecto reglamentará los procedimientos utilizados contra personas no armadas. Es decir, limitará el uso de armas. La pistola táser —la que emplearon los policías contra Javier Ordóñez Bermúdez— solo podrá aplicarse para una descarga y prohibirá “la práctica del estrangulamiento como método de control”.

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Desde el pasado 20 de julio también se tramita en el Senado otro proyecto de ley cuyo principal enfoque es el Esmad. Una de sus coautoras, la representante María José Pizarro, comentó que el interés de la iniciativa es regular el accionar de la fuerza pública en el marco de manifestaciones públicas.

“El uso de la fuerza deber tener un carácter excepcional y solamente puede acudirse al mismo cuando otros medios resultan ineficaces o no garantizan el logro del resultado previsto. Es decir, tendrían que establecerse unos protocolos que permitieran esto”, señaló la congresista por la Lista de la Decencia.

Los proyectiles (como el que acabó con la vida de Dilan Cruz), el lanzamiento de objetos a manifestantes y las armas de fuego no serían más parte de estos procedimientos. Adicionalmente, entraría en revisión todo el armamento no letal que posee el Esmad con el fin de “impedir la naturalización de la brutalidad policial como sí pasa en otros países del mundo”, declaró Pizarro.

Pero el intento de reforma más avanzado es el redactado por la representante Katherine Miranda, el cual goza, además, de una característica distintiva y es que tiene como ponente al expresidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón del Partido Liberal. Definido como un “proyecto pedagógico” propone, al igual que lo propuesto por Inti Asprilla, capacitaciones a los agentes de policía y más claridad al público por parte de la institución.

“Nosotros no sabemos qué pasa al interior de la Policía. No hay una rendición de cuentas por parte de ellos y este proyecto establece una obligación de información para cuando se haga uso de la fuerza, que se especifiquen armas usadas y razones por las que se utilizaron”, advirtió Miranda.

En ese sentido, si se logra convertir a la Policía en una entidad cívica, se abriría la posibilidad de una reforma constitucional para que su juez natural, en caso de alguna investigación penal, sea la jurisdicción ordinaria y no la castrense como sucede hoy en día.

“Se ha querido ver a la Policía como un brazo del Ejército en las ciudades. Eso no puede seguir pasando”, cerró Miranda.

Por el momento, los ánimos siguen caldeados y en ascenso. El Ministerio de Defensa anunció que aumentará el pie de fuerza en las calles para prevenir más actos de vandalismo y continúan circulando videos que evidencian abuso por parte de miembros de la fuerza pública. A estos hechos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reaccionó y solicitó a la Policía que pidiera disculpas por lo acontecido, ya que la ciudadanía no toleraría una masacre de jóvenes. Y fue aún más allá al indicar en dónde, a su criterio, deberían juzgarse a los policías responsables: "Lo cierto es que sin que se haya impartido ninguna orden, estos hechos ocurrieron. Deben ser investigados y sancionados por la justicia ordinaria e independiente".

Por su parte, el Congreso, que es el espacio en el que deberán discutirse los proyectos previamente mencionados, aún sesiona virtualmente y no es claro si podrá responder a la urgencia.