Los puntos clave que se abordarán este viernes en el debate de moción de censura contra la ministra de las TIC

Para este viernes está programada la moción de censura en contra de las ministra de las Tic, Karen Abudinen. El representante León Fredy Muñoz, vocero de la Alianza Verde y citante a la moción, insistió en que la funcionaria debe ser la responsable políticamente, por el escándalo de corrupción con la Unión Temporal Centros poblados, “que tiene perdidos 70 mil millones de pesos para la conectividad de los niños y niñas del país”, señaló.

Este viernes 3 de septiembre se adelantará la moción de censura a partir de la 9 de la mañana en la Cámara de Representantes, donde Muñoz afirmó que espera la “sensatez de los congresistas”, y agregó que “en un país decente la ministra ya tendría que estar afuera”.

SEMANA pudo conocer algunos de los puntos clave que se abordarán allí en la Cámara de Representantes, por parte del citante:

En primer lugar, Muñoz cuestiona la posible existencia, a su juicio, de documentos falsos. La tesis de Muñoz es que el 24 de octubre de 2020 se firmó el documento que acredita la conformación de la Unión Temporal Centros Poblados. Se busca establecer si se falsificaron nombres y las firmas de los representantes legales de dos de las empresas de la UT, de ICM Ingenieros y de FUNTICS.

Otro punto es establecer más detalles sobre un hecho en particular. El comité asesor y evaluador de la licitación estaba compuesto por la Subdirectora de Gestión Contractual, el Subdirector Financiero y el Director de Infraestructura, según explica. “Los dos primeros fueron designados por la ministra, trabajaron con ella en otras entidades y responden a la mano derecha de la ministra. Este comité se conformó el 23 de septiembre de 2020″, advierte Muñoz.

De igual manera, el citante busca señalar en la moción que la ministra estaba, de alguna manera, advertida, sobre el tema, pues “desde el 25 de noviembre y hasta el 17 de diciembre de 2020 tres veedurías distintas le advirtieron al Ministerio sobre las irregularidades en la licitación, pero a todas las desdeñó. El 17 de diciembre de 2020 la Red Nacional de Veedurías Bien Común solicitó la revocación de la licitación por lo nexos de Centros Poblados con el carrusel de la contratación, recusación rechazada por el Ministerio”.

Y señala también que “la ministra acusó al comité fiduciario del contrato con Centros Poblados, de haber realizado el pago de $58 mil millones a Nuovo Security el 21 de abril de 2021 sin cuestionar por qué habían presentado una cuenta bancaria de 2017. Lo que omite mencionar la ministra es que en dicho comité también participa el Ministerio, por lo que también debían tener conocimiento de la cuenta bancaria irregular”.

Otro punto clave es que Claro instaló la primer tanda de centros el 31 de abril de 2021. “Se supone que debían ser revisados y aprobados por la interventoría dos meses después de la instalación, pero según el Ministerio la interventoría todavía no ha aprobado ningún punto. Además, Claro solicitó el 21 de mayo de 2021 la suspensión de la instalación por causa del paro, lo que la interventoría aceptó aun cuando ha dicho que en el caso de Centros Poblados el paro no podía ser considerado un hecho fortuito o causa mayor para la modificación del cronograma”, explica Muñoz.

Otro elemento a debatir y que el citante busca establecer es sobre el hecho de que la ministra dijo el 25 de agosto de 2021 que ya se han recuperado $40 mil millones entre cuentas bancarias y lotes. ¿Cuáles son esas cuentas bancarias? ¿Dónde están los lotes y quién los ha avaluado? ¿Quién asegura que los lotes valen lo que dice la ministra? ¿Existen activos que permitan recuperar los $30 millones faltantes del anticipo? Esas son las preguntas que buscan resolver.