Cinco puntos que están en juego en la reforma a la justicia

Durante mucho tiempo la justicia fue el sector del poder público más respetado en Colombia. Sus jueces y magistrados eran vistos como defensores de la institucionalidad y símbolos de la ética y la moral pública. Sin embargo, en las últimas décadas su imagen se ha venido deteriorando hasta ser uno de los más cuestionados por sus escándalos y falta de eficiencia. La situación se volvió insostenible con el descubrimiento del cartel de la toga, escándalo que situó la reforma a la justicia como uno de los puntos más importantes de la reciente campaña política. Durante los debates presidenciales todos los candidatos hicieron y argumentaron propuestas. Y con la instalación del nuevo Congreso el tema se volvió esencial en la agenda política.

El primero en dar un golpe fue Germán Vargas Lleras, quien el 14 de agosto recogió sus propuestas de campaña para presentar, a través de Cambio Radical, un proyecto de reforma basado en 11 puntos: seguridad jurídica, reforma estructural, descongestión judicial, limitación de la responsabilidad del Estado, modificación al procedimiento penal, reforma al regimen disciplinario del abogado, fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado, reforma al estatuto arbitral, eficiencia judicial, creación de la jurisdicción comercial y eliminación de las contralorías departamentales y municipales.

Mientras tanto el Ministerio de Justicia ya está preparando otra reforma. Para ello comenzó un diálogo con los presidentes de las Altas Cortes en el cual se proponen esencialmente los siguientes puntos: eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, establecer una gerencia fuerte de la rama judicial, consolidar la autonomía de la rama, establecer presidencias de las Altas Cortes por 2 años, permitir que las tutelas se presenten por vía electrónica, obtener financiación del Banco Mundial, creación de un Código de Conducta Judicial, creación de la Comisión Nacional de Ética, eliminación de la morosidad judicial y aumentar a 50 años la edad de los magistrados. 

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1. La eliminación del Consejo Superior de la Judicatura

El Consejo Superior de la Judicatura ha sido uno de los órganos más cuestionados de la justicia en las últimas décadas. Desde sus primeros escándalos no pudo levantar cabeza y, por el contrario, se fue convirtiendo en el centro de profundas polémicas y en un elefante blanco que no da soluciones a los problemas de gestión de la rama judicial. Por ello, en los últimos años se han hecho innumerables esfuerzos para eliminarlo y reemplazarlo por una gerencia que dé soluciones modernas y efectivas a la administración de justicia.

Sin embargo, se ha vuelto un muerto viviente que cada vez que intenta ser eliminado resurge con más fuerza. Su última resurrección fue la más curiosa, pues luego de mucho esfuerzo fue eliminado de la Constitución a través el Acto Legislativo de Equilibrio de Poderes en el año 2015. Pero luego la Corte Constitucional lo revivió en la Sentencia C–285 de 2016, alegando que las nuevas figuras creadas (la Gerencia de la Rama Judicial y el Consejo de Gobierno Judicial) afectaban gravemente la autonomía de la rama judicial.

El principal problema de esta reforma es que la Corte Constitucional dejó un duro precedente que hace casi imposible reemplazar el Consejo Superior de la Judicatura. La corte fijó unos cuestionamientos tan fuertes a la figuras de la Gerencia de la Rama Judicial y al Consejo de Gobierno Judicial que hacen muy difícil plantearlos en las nuevas reformas. La posición del gobierno también se centra en la creación de una gerencia de la rama, lo complicado será convencer a la rama judicial que esta es una solución viable para evitar que nuevamente se caiga la reforma.

Por su parte, el Proyecto de Cambio Radical plantea la creación de la Dirección de Administración Judicial como un ente que se centre en la gestión de la rama y que sea designado por los presidentes de las Altas Cortes para darle autonomía, superando el principal problema que ha tenido el Consejo Superior de la Judicatura: su nombramiento por parte del Congreso de la República, el cual les ha dado una orientación política incompatible con el ejercicio de sus funciones.

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2. Reforma a los requisitos y funciones de los magistrados           

La propuesta de reforma a la justicia planteada por el Gobierno quiere aumentar la edad para ser magistrado en 50 años. El objeto es poner en la magistratura a personas con mucha experiencia y evitar que se den situaciones como la puerta giratoria una vez dejen sus cargos, pues con el aumento de la edad se retirarían con más de 60 años a las puertas del retiro forzoso. La propuesta de Cambio Radical exige aumentar el requisito de experiencia a 25 años y plantea la eliminación de las facultades electorales de los magistrados de las Altas Cortes en la selección del procurador, el registrador y los magistrados de la Corte Constitucional.

3. Comité de aforados

Desde hace años se ha planteado la necesidad de que a los magistrados ya no los siga investigando una entidad totalmente inoperante como la Comisión de Acusaciones. Finalmente y luego de muchas discusiones, el Acto Legislativo de Equilibrio de Poderes creó en el año 2015 la Comisión de Aforados para juzgar a los magistrados de las altas cortes. Sin embargo, la Corte tumbó esa comisión en la Sentencia C – 373 de 2016, al considerar que vulneraba la autonomía judicial.

Esta reforma no va a ser nada sencilla, pues las cortes se han opuesto históricamente a la creación de un tribunal con dientes que pueda llegar a juzgarlos. Además, la Sentencia C-373 de 2016 deja herida de muerte cualquier idea parecida a la creación de un nuevo tribunal. La única esperanza para revivir la idea es que en los últimos 2 años han ingresado nuevos magistrados a la Corte Constitucional que podrían tener una opinión más abierta en el tema. De lo contrario, tendría que buscarse una alternativa radical para incorporar un tribunal de aforados como una constituyente o un referendo constitucional.

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4. Eficiencia y eliminación de la morosidad judicial

Este punto ha sido uno de los aspectos claves de la reforma. La idea del Gobierno Nacional para mejorar la eficiencia de la rama judicial todavía se está construyendo a través de discusiones con la rama judicial. El proyecto presentado por Cambio Radical ya tiene propuestas concretas: eliminar la audiencia de formulación de imputación y las dilaciones en los procesos penales, crear la jurisdicción comercial y darle facultades jurisdiccionales a notarios, centros de conciliación y arbitraje y abogados en casos pequeños.

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5. Fortalecimiento de la transparencia

Después del cartel de la toga, la corrupción pasó a ser el problema número uno de la justicia, por lo cual su erradicación es uno de los puntos centrales de la reforma. En este punto, el Gobierno plantea la creación de un Código de Conducta Judicial y el fortalecimiento de los Colegios de Abogados. Por su parte, la propuesta de Cambio Radical es fortalecer la carrera judicial y aumentar las penas a los corruptos. En cualquier caso, la aprobación de la reforma a la justicia será una labor titánica. El antecedente de la fallida Ley de Equilibrio de Poderes, tumbada en sus aspectos esenciales por la Corte Constitucional, ha creado un incertidumbre sobre la viabilidad de hacer cambios estructurales a la rama.

No puede olvidarse que para ese momento también se había tenido un diálogo con representantes de las Altas Cortes, pese que al final el proyecto fue hundido por la propia justicia. En este punto, por ejemplo, llama la atención, que en la entrevista que concedió ayer el presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, sobre la reforma a la justicia no se haya mencionado la creación Comisión de Aforados, lo cual será sin lugar a dudas el punto más álgido de las conversaciones.  

La situación para la justicia tampoco es ideal. Su imagen solamente mejorará si cede en puntos clave para garantizar una verdadera lucha contra la corrupción. De lo contrario, las alternativas podrían afectar su propia independencia. Si no se aprueba la reforma, iniciar un proceso de constituyente centrado en la justicia o un referendo, podría abrir camino a propuestas que sí afecten el núcleo de su autonomía judicial como permitir al ejecutivo que nombre a los magistrados de las Altas Cortes o ideas aún más radicales que ya comienzan a ser planteadas en los pasillos del Congreso. La crisis de la justicia requiere una salida conjunta y desinteresada de todos los actores para que vuelva a ser uno de los sectores más respetados del Estado.