Nación
Los reparos del Pacto Histórico a la Región Metropolitana entre Bogotá y Cundinamarca
El proyecto de acuerdo tiene enfrentada a la alcaldesa Claudia López con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
En el Concejo de Bogotá avanza el estudio del proyecto de acuerdo que radicó la Alcaldía de Bogotá para que se logre la vinculación de la capital del país a la Región Metropolitana con Cundinamarca y municipios del departamento que se quieran adherir.
Este proyecto de acuerdo suscitó turbulencias entre las relaciones de la alcaldesa Claudia López con el gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, declinara la propuesta de la mandataria distrital con la que buscaba constituir una autoridad ambiental única para la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.
El enfrentamiento entre las dos servidoras se dio luego de que Claudia López propusiera reformar la enmienda constitucional que creó esta región e implementar la figura de la autoridad ambiental especial en esta instancia, la cual se creó en un acto legislativo y una ley aprobada por el Congreso.
La ministra Muhamad le respondió a la alcaldesa López en una carta –en la que dice hablar a nombre del presidente Gustavo Petro– y en la que aprovechó para hacer varios reparos a la creación de esta Región Metropolitana de Bogotá e incluso le pidió a López retirar el proyecto que actualmente se discute en el Concejo.
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Frente a esta respuesta, la alcaldesa explotó, acusando a la ministra de actuar como concejal opositora.
A este cruce de comentarios, entre López y Muhamad, se suma la postura de la Colombia Humana y por ende, la del Pacto Histórico, en relación con la Región Metropolitana, es clara: rechazar el ingreso de Bogotá a este modelo de asociatividad.
En diálogo con SEMANA, el concejal de la Colombia Humana, José Cuesta, quien es uno delos ponentes del proyecto de acuerdo y quien va a rendir ponencia negativa, explicó las posturas de su colectividad frente a la Región Metropolitana.
“En primer lugar, estamos haciendo una observación crítica en torno al hecho de que un proyecto de esta naturaleza no incorpore para nada un componente importante de participación ciudadana, que a nuestro juicio es exactamente la realización de una consulta popular”, dijo el cabildante.
De acuerdo con Cuesta, se aprovechó el periodo de la pandemia, en el 2020, para que “sigilosamente” se avanzara en la modificación del artículo 325 de la Constitución Política, que preveía que Bogotá podía realizar un proceso de acuerdo para adelantar un área metropolitana, es decir, establecer relaciones de gobernanza para administrar hechos metropolitanos con los municipios aledaños, pero en esta modificación se eliminó la figura de área metropolitana y se creó la figura exótica de Región Metropolitana”.
“La diferencia, es que las áreas metropolitanas, para su creación, permiten la consulta popular, mientras que en el caso de región metropolitana, como quedó estipulado en la Ley 2199 (por la cual se adopta el régimen especial para la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca), el único procedimiento de participación ciudadana son dos audiencias públicas convocadas por el Concejo. Esto es un chiste”, indicó Cuesta.
Efectivamente, con la radicación del proyecto de acuerdo, el Concejo adelantó dos audiencias, las cuales, según el concejal Cuesta, “no son vinculantes”, “es una participación diminuta y para nada instrumental”. En ese sentido, reclaman que se lleve a cabo una consulta popular.
En segundo lugar, el concejal de la Colombia Humana, advirtió que la línea política del Pacto Histórico se opone a este proyecto, porque “crea un gobierno corporativo con democracia restringida”.
“La Ley 2199 establece que el consejo regional de gobierno estará conformado por los alcaldes de los municipios y adicionalmente estará el gobernador de Cundinamarca y la alcaldesa de Bogotá, todos se suponen que son copartícipes del proyecto de asociatividad, pero en términos democráticos, los alcaldes de los municipios tendrán una menor calidad democrática en sus decisiones porque la alcaldesa de Bogotá y el gobernador tienen derecho al veto”, explicó Cuesta.
De igual modo, el concejal cuestionó que ninguna organización social, ni étnica, ni de mujeres, ni de ambientalista hace presencia en el consejo regional de gobierno.
En tercera medida, la Colombia Humana se opone a este modelo de Región Metropolitana, por los efectos que traería en materia ambiental.
“Es verdaderamente un despropósito, adelantar lo que yo llamo un mega proyecto de expansión urbana sobre la sabana, sin tener en cuenta la emergencia climática”, dijo Cuesta, quien advirtió que “en esos suelos rurales que hoy son de vocación agrícola, protectores del agua, se van a construir un millón de nuevas viviendas, es decir, que allí perfectamente van a caber 4 millones de personas más”.
Para el concejal, “en tiempos de cambio climático, eso es un pecado mortal”, pues este proyecto de renovación urbana “va a generar un suicidio colectivo”.
“Entre otras cosas, este proyecto de expansión urbana va acompañado de un proyecto de conectividad vial, y desde la Secretaría de Planeación ya están pensando que se necesita construir un carril para TransMilenio que vaya desde Bogotá a Facatativá, esto va a ser mortal, porque hoy los constructores tienen las tierras, y lo que les falta es la conectividad vial y en el momento en que se construya un tramo de solo bus, entre Bogotá y Facatativá, lo único que va a generar es una avalancha masiva de urbanización que no va a tener ninguna contemplación en tiempos de cambio climático”, dijo Cuesta.
De otro lado, la cuarta observación crítica, es que la Región Metropolitana va a generar una cascada de impuestos para los bogotanos y los cundinamarqueses. “¿Tiene sentido aumentar la tasa y los gravámenes tributarios, sobre todo cuando ya estamos sintiendo el rigor de los efectos de la recesión económica?”, cuestionó Cuesta.
En quinto lugar, el cabildante de la Colombia Humana indica que la Región Metropolitana, “propina un golpe de estado a la autonomía y a la competencia de los municipios”.
“El artículo 14 de la ley 2199 establece que la primera función del consejo regional de gobierno es adelantar la expedición de un plan estratégico y de ordenamiento territorial, el cual, en todo caso, tendrá una superioridad jerárquica frente a los ordenamientos territoriales de los municipios, esto significa que los municipios, alcaldes y concejos tendrán que someterse a hacer las modificaciones a las que hubiera lugar en sus POT, puesto que tienen que armonizar sus ordenamientos territoriales con el plan que defina el consejo regional de gobierno”, precisó Cuesta.
Así las cosas, la especie de golpe de estado se daría porque cada alcalde elegido con voto popular en los municipios tiene un plan de gobierno, el cual debe ser la base esencial del Plan de Desarrollo Municipal, pero con la Región Metropolitana “ya no tiene ningún valor la elección popular de los alcaldes”, pues sus planes de desarrollo deben estar sujetos al plan estratégico del consejo regional de gobierno.
Finalmente, Cuesta se opone a que la Ley 2199 deje en pie a la Corporación Autónoma de Cundinamarca como autoridad ambiental, pues según él, “para nadie es un secreto que la CAR ha sido facilitador del detrimento del agua y la conservación de los suelos, puesto que en ocasiones se ha hecho la de la vista gorda frente al volteo de tierras”.
Todos estos argumentos son los que conforman la ponencia negativa que el concejal Cuesta expondrá en el Concejo de Bogotá para votar negativamente para el ingreso de Bogotá a la Región Metropolitana.