Infografía: Radiografía de dos años de corrupción en Colombia

Los casos de corrupción ocupan una buena parte de los titulares de los medios del país. Tanto así que una investigación del Monitor Ciudadano de la Corrupción, de Transparencia por Colombia, reveló que entre enero de 2016 y julio de 2018 la prensa reportó 327 hechos de corrupción en los 32 departamentos.

De esos casos, la investigación señala que en 207 hechos que identificaron comprometen 17,9 billones de pesos. "Equivalente a la mitad del presupuesto de inversión del Gobierno nacional en el sector educativo en 2018", aseguran. Además, los sectores más afectados por la corrupción son la educación, sobre todo por las irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar (PAE), y los sectores de transporte e infraestructura, por escándalos como el de Odebrecht.

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Estos hechos de corrupción se presentaron sobre todo en la región Caribe (34 por ciento) y en el Centro Oriente (32 por ciento), esto porque los departamentos más afectados son Santander y Atlántico. Ahora, el estudio también advierte que hay lugares del país en donde la prensa registra menos los casos de corrupción, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) llama "zonas silenciadas", ubicadas en los departamentos de Caquetá, Nariño, Cauca, Sucre, Vichada y Antioquia.

La investigación también calculó en promedio cuánto tardó en llegar la justicia. "Este dato se tomó con base en el año del hecho vs. el año final de la sanción, cuando así aplicó. Los resultados demostraron que la sanción fiscal tardó en promedio 4,4 años; la condena penal 4,2 años y la sanción disciplinaria tuvo un tiempo promedio en emitirse de 3,3 años", puntualizan.

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Además, identificó que el 39 por ciento de las personas que resultaron involucradas en hechos de corrupción son funcionarios públicos, y el 30 por ciento fueron electos por voto popular, la mayoría concejales y alcaldes. Los miembros del sector privado resultaron involucrados en un 16 por ciento.

Monitor Ciudadano advierte que existe un vínculo entre la corrupción y la vulneración de los derechos humanos, porque el 59 por ciento de los hechos terminaron afectando los derechos de los colombianos a través del desfalco a esquemas de prestación y servicios básicos como la salud y la alimentación escolar. Proponen que se diseñe un estatuto de contratación que minimice la existencia de los regímenes excepcionales.