Los retos de construir una nueva nación

En 2010 celebramos el bicentenario de la primera fase de la independencia, caracterizada por la proliferación de textos constitucionales, querellas regionales, acciones militares en el sur del país y por el sitio de Cartagena. Ahora, en 2019, conmemoramos la Batalla de Boyacá, la independencia y la consolidación de la república. Gran parte de las remembranzas han estado centradas en el aspecto militar de la campaña comandada por Bolívar y Santander y en la Batalla de Boyacá que, como acción militar, fue un hecho menor, pero tuvo un inmenso efecto político. Bueno es, entonces, considerar los aspectos civiles que de allí se derivaron.

En la Nueva Granada, antecesora de lo que hoy es Colombia, la que podríamos denominar la clase dirigente fue diezmada durante la campaña de Nariño en el sur, la sangrienta guerra de Venezuela, la reconquista y la implacable represión ejercida por Pablo Morillo y Juan de Sámano. Por esta razón, al constituirse la república, tuvieron que afrontar la dirección del Estado los miembros de una joven generación levantada en los campamentos, sin experiencia en el gobierno y en la administración. Francisco de Paula Santander, encargado del poder tras la Batalla de Boyacá, gobernó en el marco de cumplimiento de la ley, con lo cual sentó la base del Estado de derecho e imprimió un estilo de gobierno. Afortunadamente, en su inmensa mayoría, los gobernantes que lo sucedieron -civiles y militares-, tuvieron un criterio republicano y civilista, el cual evitó que se dieran las dictaduras de los caudillos que dominaron la vida política en Venezuela y en general en la mayoría de países de Latinoamérica.

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Estos sobrevivientes tuvieron que enfrentarse a la tarea colosal de constituir un Estado republicano, basado en la sujeción de los gobernantes a ley, la separación de poderes, la independencia judicial, el respeto de los derechos ciudadanos y a las libertades públicas. Tuvieron que rehacer una economía devastada por la guerra, domeñar el ímpetu de los caudillos, adecuar el numeroso ejército vencedor a las circunstancias de la vida civil, iniciar la reconciliación, obtener el reconocimiento internacional, negociar la deuda externa contraída durante la guerra, establecer las fronteras, integrar un vasto territorio carente de vías de comunicación e intrincada geografía, emprender programas de educación pública en un país con una población sustancialmente analfabeta, crear una democracia liberal basada en ciudadanos iguales ante la ley y no en súbditos constitutivos de una sociedad aristocrática. Esta problemática es, en esencia, la misma que el país ha tratado de resolver en los dos siglos de vida independiente.

Las relaciones internacionales se iniciaron con la negociación conducente a que las potencias le dieran el reconocimiento internacional al nuevo Estado. Inglaterra y los Estados Unidos solo se decidieron a ello cuando ya la suerte estaba echada porque, tras la Batalla de Boyacá, se pudo organizar un gobierno estable y se procedió a liberar el resto del territorio. Las otras potencias –Francia, el Imperio austríaco, etcétera–, fueron reacias a ello porque practicaban las directrices del Congreso de Viena, restauradoras de las monarquías.

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En cuanto al Vaticano, el asunto tardó porque el papado anatematizaba la novedad del régimen republicano y estaba en juego la relación con la Iglesia del país, puesto que el Estado colombiano, como heredero del Estado español, reivindicaba el patronato, que le otorgaba facultades sobre el sector eclesiástico. En adelante lo más difícil fue mantener y consolidar la independencia, especialmente en Panamá y frente a las pretensiones intervencionistas, muchas de ellas vinculadas al cobro de la deuda externa y a la protección otorgada a extranjeros que pretendían indemnizaciones por perjuicios causados durante los conflictos armados.

Trazar fronteras

La nueva república debía delimitar su territorio. Colombia quedó constituida por la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, cuyas dos terceras partes aún no estaban liberadas. A esto debía agregarse la liberación de Perú y Bolivia, que implicó un tremendo esfuerzo económico, administrativo y militar. Además, al fin de la contienda fue preciso repatriar y desmovilizar un ejército de más de 15.000 hombres cuya tarea libertadora los había situado fuera del país, con los problemas que tal desmovilización implica, como bien se ha visto en diferentes épocas de la historia de Colombia.

Un gran ejército: Al esfuerzo de financiar y llevar la guerra al sur del continente, hasta el alto Perú, al final de la contienda se sumó la necesidad de repatriar y desmovilizar un ejército de más de 15.000 hombres, uno de los más grandes del continente. Los costos, enormes, pesaron por años en las exiguas finanzas del país.

La Gran Colombia se desintegró en 1830 y, a partir de allí, quedó el reto de establecer las fronteras terrestres con los antiguos hermanos, tarea que sin guerra internacional se adelantó con negociaciones y culminó en 1941 con Venezuela. Para esta fecha no existían los adelantos científicos que llevaron a la Conferencia del Mar y a la necesidad de establecer fronteras marítimas con vecinos muchas veces lejanos, tarea que no podían vislumbrar los primeros gobernantes y cuya resolución con Nicaragua está en consideración por organismos internacionales.

En lo interno, también había que delimitar e integrar el territorio, especialmente por estar el país marcado por una geografía con inmensas cadenas de montañas, llanuras, selvas, ríos, mares y costas, que le imprimen un sello regionalista. El debate que se inició desde los albores de la independencia entre centralistas y federalistas, se prolongó entre guerras y discursos por todo el siglo XIX. A partir de la Constitución de 1886 la querella se centró entre centralistas y descentralistas y, con el crecimiento de las ciudades y la interconexión producida por el relativo mejoramiento de las vías de comunicación, se incorporaron al debate los conceptos de región y los elementos propios de un país de ciudades.

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En cuanto a la ocupación del territorio, esta fue realizándose poco a poco por las tempranas adjudicaciones de tierras baldías como una forma de saldar la deuda pública, y por medio de las colonizaciones. Estas, a la par que derribaban la selva, poblaban e incorporaban territorios, en un proceso de lucha por la tierra que continúa y dentro del cual se gestan las violencias, porque la presencia del Estado no aparece o llega con retardo.

De la misma manera comenzó el largo e inacabado proceso de integración política y social. Lo primero fue el derecho a la igualdad jurídica entre ciudadanos en una sociedad aristocrática y de castas. Ya, una disposición de Santander había prescrito que en los documentos públicos estaba prohibido mencionar la procedencia racial de los mencionados. Frente a la población esclava, que existía en toda América, Antioquia en 1813, y el Congreso de Cúcuta, en 1821, expidieron leyes tendientes a la manumisión. Y en 1851 fue abolida tan funesta institución.

En este primer escudo de la Gran Colombia de 1819, una mujer indígena representa la libertad.

En cuanto a la numerosa población indígena, prontamente la ley le reconoció el derecho a la igualdad, en los aspectos tributarios o en el ejercicio del derecho a disponer de los resguardos, con consecuencias no siempre ventajosas. Sin embargo, persistió la discriminación de hecho, manifestada en las desiguales e inequitativas condiciones de vida de estas poblaciones y de de las regiones en la que habitaban. Solo a finales del siglo XX aparecieron temas relacionados con las minorías, que para la época de la independencia apenas se vislumbraban, como los derechos de las comunidades y sociedades indígenas y negras, así como los de la mujer o de las minorías sexuales, sobe los cuales se ha avanzado tras la Constitución de 1991 y por desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes.

En cuanto a los derechos cívicos, como el del voto, acá, como en el resto del mundo occidental, fue preciso recorrer un largo proceso que pasó por el sufragio restringido según la propiedad o la instrucción, hasta el voto directo y universal para varones en el siglo XX y, tardíamente, el sufragio para la mujer, a partir de 1957.

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La educación pública fue una de las preocupaciones esenciales de los fundadores de la república, pues se consideraba fundamental para el ejercicio cívico del ciudadano, como un medio de ascenso igualitario y un elemento indispensable de promoción social y progreso económico. Prueba de ese esfuerzo fue la contratación de uno de los más reputados pedagogos del momento, Lancaster, para que en nuestro territorio difundiera su novedoso método de enseñanza, y la misión de sabios contratada en Europa para crear una institución educativa destinada a las ciencias naturales, físicas y químicas, en la que participó el reputado sabio Boussingault, quien consignó en sus Memorias importantes observaciones sobre el territorio colombiano. Coetánea con la instalación de la república, fue la fundación de una serie de centros de enseñanza universitaria y de secundaria en varias ciudades, y se ordenó que todas las aldeas y conventos debían construir una escuela.

Al mirar este recorrido temático, en el que faltan muchos tópicos, pueden observarse innegables avances, retrocesos y carencias. La mayor de estas es la deuda social en un país con una gran inequidad en cuanto a riqueza y a oportunidades. Sin embargo, es preciso constatar la claridad de los objetivos que tuvieron los fundadores sobre el rumbo que debía tomar el Estado naciente y los principios en que debía basarse, los cuales, no obstante las limitaciones y carencias, en un marco de democracia liberal, han evitado al país la presencia de dictaduras.

* Ph.D en Historia, abogado, economista, escritor