Lo que viene para Iván Duque en la agenda de paz

Para hacer posible la oportunidad única e irrepetible de avanzar hacia la reconciliación y para estabilizar y reconstruir los territorios, Iván Duque debe enfrentar varios obstáculos y dos riesgos críticos, entre los que se destacan los siguientes:

Los obstáculos

La primera dificultad para el presidente Duque en el terreno de la paz será organizar una negociación diferente con el ELN, aprovechando que no tiene la obligación de mantener su diseño. Sería acertado propiciar una nueva agenda centrada en el desescalamiento de la violencia y no en la participación previa, organizar un nuevo equipo negociador profesional y articulado, y establecer mecanismos de lucha contra el crimen organizado –principal riesgo tanto para las comunidades sometidas a la violencia de esa guerrilla como para sus integrantes–. Proteger a quienes están atrapados en medio de las disputas entre grupos armados criminales y el ELN, una disputa que la guerrilla está perdiendo, es una manera de generar confianza y destrabar el proceso.

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La necesidad de nuevas políticas

El segundo obstáculo para avanzar hacia una paz estructural son las políticas públicas para el posconflicto. Al amparo del conflicto armado, descuidamos la lucha contra el crimen organizado y la protección de los ciudadanos. El nuevo gobierno puede ya diseñar políticas públicas sin esa amenaza. Una política de seguridad no basada en la óptica contrainsurgente, en considerar al ciudadano como un enemigo potencial, debe tener dos ejes.

Uno dirigido a combatir las organizaciones criminales que están ganando los territorios y sometiendo a comunidades y sus líderes para hacer posible la captura de rentas criminales. Una buena política pública de construcción de paz necesita no solo los policías judiciales, jueces y fiscales especializados en el territorio, sino dotarlos de herramientas legales fuertes para ir tras organizaciones completas, sus miembros y sus activos. Colombia no puede seguir enfrentando las más poderosas organizaciones transnacionales del crimen en el mundo con un articulito de concierto para delinquir.

La segunda por rediseñar es la política antinarcóticos: se requiere una basada en la evidencia, centrada en la efectividad y el impacto de las intervenciones para despolitizar el asunto. Una política soberana antinarcóticos es posible solo ahora que han desaparecido las Farc como factor de desestabilización política regional, y que tenemos el reconocimiento y autoridad mundial que Santos le hereda a Duque.

La tercera política es la de seguridad ciudadana, centrada en intervenir las conflictividades –esas disputas prevalentes en casi todo el territorio– que se nutren de la ausencia de mecanismos efectivos de protección y definición de los derechos de propiedad por parte de la Judicatura.

Adelantar un desarme integral es ahora posible, para descontaminar el territorio no solo de las minas restantes, sino de los demás remanentes de armas, municiones y explosivos, a fin de lograr construir una oferta pública de seguridad que reafirme los derechos de propiedad que definan los jueces. 

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La experiencia de la Unidad de Restitución de Tierras y la jurisdicción de tierras, para evitar la violencia y conflictividades en un posconflicto, es la mejor a nivel mundial. Ahora hay que llevar este modelo al resto del territorio consolidado e incluir otras disputas, como aquellas por el acceso y uso del agua y las que se presentan por diferentes usos del territorio.

El tercer obstáculo para vencer es el de las instituciones para la consolidación y la reconstrucción de los territorios afectados por el conflicto. Un enfoque de focalización del desarrollo requiere reorganizar la pléyade de instituciones, las que dejó el acuerdo con las Farc y las previamente existentes. Pero además de reorganizarlas, Duque necesita una gobernanza de la paz: en vez de desechar experiencias valiosas, como las de la Agencia Nacional de Tierras en la titulación, la Unidad de Desarrollo Rural en acciones de desarrollo participativo y la de la Unidad de Planificación Rural en la regulación del uso del suelo, debe integrarlas y gobernarlas. La decisión de Duque de “desclientelizar” su gabinete ojalá se extienda al resto de la administración pública nacional. Esta sería la mejor condición –única, de nuevo– para poder lanzar un proceso de reconstrucción del país gobernable. 

Las tentaciones de la reacción

Dos son los riesgos –enormes a mi juicio– que Duque enfrentará para cumplir con el mandato constitucional de lograr garantizar la paz como derecho. Ninguno de esos dos riesgos viene de la inseguridad, sino de la ausencia de reconciliación.

El primero se refiere a la justicia: las enormes demandas por justicia reivindicativa, punitiva y parcial se enfrentan al enfoque restaurativo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Colombia logró terminar el conflicto, pero el balance entre justicia para castigar y justicia para conocer es incompatible con esas enormes demandas por vindicación. De como se administre este balance depende la estabilidad del acuerdo.

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La segunda amenaza proviene del capitalismo moderno, empresarial y participativo –quién lo creyera– con el que el acuerdo de paz busca transformar el atavismo de baja productividad que ha caracterizado el desarrollo rural. No ceder a la tentación de la contrarreforma conservadurista, a efectos de no terminar con un segundo Pacto de Chicoral que condenaría al atraso productivo a las poblaciones rurales colombianas, resulta primordial. 

La superación de esos grandes obstáculos y el cuidado en esquivar los riesgos planteados nos acercará por fin a una paz más completa y definitiva.

*Profesor de Economía de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).