Reforma a la justicia: un desafío urgente del gobierno Duque

La justicia debe convertirse en una prioridad en los próximos cuatro años. Para construir una verdadera paz, necesitamos recuperar la confianza de los colombianos en sus jueces y contar con una justicia fuerte, independiente, limpia de corrupción, con mejor infraestructura y con más eficiencia. De fácil acceso para los ciudadanos y que evite la impunidad en lo penal. Que aplique la ley a todos, sin distinciones.

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Para lograr estos propósitos, el nuevo gobierno deberá impulsar la reforma profunda que desde hace rato el país reclama con urgencia, corrigiendo los problemas que creó el diseño de la Constitución del 91, y además debe comprometerse con el respeto total por la independencia de la rama judicial. No es posible construir democracia atacando las instituciones de justicia desde las demás ramas del poder público.

Deberán los nuevos gobernantes emprender la tarea de fortalecer las instituciones –en especial las relacionadas con la justicia–, pues solo con instituciones fuertes los ciudadanos podrán recuperar la confianza en los jueces y en los fiscales. Este compromiso con la justicia debe ser un propósito nacional que involucre a todos los sectores de la sociedad.

Convertir la justicia en uno de los fines predilectos del Estado reconoce la necesidad de consolidar la seguridad jurídica y de solucionar los grandes problemas nacionales –la corrupción, la criminalidad organizada, el narcotráfico, el paramilitarismo, la subversión, etcétera–. Además, será una directriz que persuada a todos los sectores del país de apoyar y mejorar la justicia, incluyendo a los sectores empresariales que requieren, además de seguridad jurídica para sus inversiones y negocios, una pronta y debida justicia que defina sus derechos.

Deberán estar en la agenda del gobierno que comienza, entre otros, los siguientes temas: 

Combatir frontalmente la corrupción en la Justicia 

Es necesario revisar desde los procesos de selección de jueces y magistrados hasta el antejuicio político para el juzgamiento de aforados. A las dignidades de la justicia deben llegar los mejores juristas. El antejuicio en el Congreso solo debería mantenerse para el presidente de la república; se ha convertido en una talanquera inútil para la realización de la justicia. La rama debe rendir cuentas y la morosidad y la arbitrariedad deben sancionarse con la pérdida del cargo.

Articular el sistema 

Se encuentra en la palestra una idea importante, pues plantea una posible solución a un problema planteado desde la Carta Política de 1991, que introdujo un sistema de justicia con varios órganos de cierre: la Corte Suprema para la justicia ordinaria, la Corte Constitucional para el control de exequibilidad, el Consejo de Estado para la jurisdicción contencioso-administrativa y el Consejo Superior de la Judicatura, con dos salas, la Disciplinaria y la Administrativa, para el gobierno de la rama.

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Este sistema de estancos judiciales ha dado lugar a permanentes conflictos por competencias, los famosos ‘choques de trenes’. La JEP es ahora otro más, desarticulado del sistema de justicia. En esas cinco cabezas se encuentra dividida la función jurisdiccional del Estado. En un sistema democrático, con sus tres ramas del poder público, si la jurisdiccional se encuentra divida en cinco partes, el control de pesos y contrapesos deja de ser real y eficiente.

Por esto, desde hace algún tiempo se habla de aglutinar tanta función dispersa y hacer de la rama un sistema coherente y articulado, que permita las especialidades y las autonomías, pero que disponga de mecanismos para definir sus choques y conflictos. Todo ello para no dar una sensación de incertidumbre a la ciudadanía que merme y ponga en vilo la confianza que esta debe tener frente a la administración de justicia.

Eliminar funciones electorales 

Hay que recuperar la credibilidad perdida con los recientes escándalos de corrupción. Lo primero que hay que hacer para evitar la corrupción en la justicia es eliminar toda injerencia que la política pueda tener con los jueces. El Congreso no debe elegir magistrados de las altas cortes. Las altas cortes no deben intervenir en la elección de registrador, procurador, contralor, auditor, ni fiscal. Es necesario acabar con las funciones electorales que tienen las Cortes.

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Mejorar el acceso a la justicia

El gobierno deberá enfocarse en fortalecer el acceso a la administración de justicia a todos los habitantes del territorio colombiano. La cuestión del acceso a la justicia es de carácter esencial porque de la efectividad de la misma depende, en gran parte, el robustecimiento de nuestro sistema democrático y la construcción de una ciudadanía incluyente que fortalezca los derechos de las personas. Se requiere, entonces, que el Estado diseñe estrategias para mejorar el servicio de justicia.

Perseguir a la delincuencia 

Hay que repensar la ubicación de la Fiscalía General de la Nación como parte de la rama jurisdiccional. Nuevamente hay que discutir sobre la conveniencia de ubicarla en la rama ejecutiva y que el presidente designe directamente al fiscal general y no por medio de una terna enviada a la Corte Suprema. Cuando cumplía funciones jurisdiccionales, en el viejo sistema inquisitivo, era lo lógico y por ello la Constitución la ubicó en ese lugar del Estado. Hoy, con el sistema acusatorio, su función es más administrativa y de Policía Judicial. La responsabilidad por la eficacia al perseguir los delincuentes debe ser del gobierno.

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Robustecer la acción de tutela 

La acción de tutela se ha constituido en un instrumento formidable para hacer realidad el Estado social de derecho, efectivo el acceso a la justicia de los ciudadanos y eficaces los derechos fundamentales y sociales. Pero de su entendimiento jurisprudencial y de su práctica judicial se han derivado consecuencias perturbadoras.

La activa reclamación de los ciudadanos por sus derechos sociales, de pensión y salud prioritariamente, ha creado una cultura indeseable en los otros poderes públicos y actores sociales. Ello sucede en especial en la administración de los servicios públicos de seguridad social, en la que se ha producido abandono en el actuar para hacerlo solo a instancias judiciales.

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Se insiste en la importancia de la acción de tutela como instrumento de defensa de los derechos fundamentales y, lejos de suprimirla o torpedearla, hay que dotarla de elementos que agilicen su trámite y la racionalicen con miras a que perdure y no se deteriore en su aplicación.

Cambiar el sistema de revisión de tutelas en la Corte Constitucional 

Es foco de desconfianza y corrupción del sistema de acuerdo con su diseño de escogencia discrecional. Hay que volver a pensar en que las tutelas de la jurisdicción ordinaria cierren en la Corte Suprema y las de la jurisdicción contenciosa en el Consejo de Estado, o que se crucen. Pero esta instancia no puede ser de libre escogencia.

Resumiendo, estos son algunos de los retos más relevantes para el gobierno que comienza: el tema de la justicia no puede ser mirado privativamente como un problema, sino como una extraordinaria y constructiva ocasión para fortalecer todas nuestras instituciones; es un pilar insustituible de toda democracia.

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Solo pensando en políticas públicas estables y de Estado, con el concurso y, especialmente, el compromiso personal e institucional de todos los habitantes podrá hacerse realidad este anhelo. Centenares de conciudadanos reclaman más acceso, más presencia de la justicia, más independencia, más transparencia, más armonía, más eficacia y más resultados positivos. Sin justicia, no hay esperanzas, no hay presente, ni futuro.  

*Expresidente de la Corte Suprema de Justicia.