Los retos que le esperan a Duque en materia política

El Frente Nacional, producto de una estrategia política contra la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla (13 de junio de 1953-10 de mayo de 1957) y legitimado en un mal llamado plebiscito (1 de diciembre de 1957), puso fin al enfrentamiento violento entre los dos partidos históricos (Liberal y Conservador), un ejemplo de una oposición mal entendida y peor ejecutada. Y –oh paradoja– desdibujó la idea del papel esencial de una oposición democrática, de una oposición leal, dirían los británicos.

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Concebido para durar tres períodos presidenciales, por obvias razones una reforma constitucional previamente acordada (Acto Legislativo n.º 1, 15 de septiembre de 1959) introdujo la alternación de los partidos en el poder a partir de 1962 y declaró nula la que se hiciera contraviniendo esta disposición, o sea: 1962-66, un conservador; 1966-70, un liberal; 1970-74, un conservador. Era lo que alguna vez denominé “la paridad en el tiempo”, es decir, la distribución paritaria del poder presidencial en cuatro periodos porque se entendía que ya se estaba cumpliendo uno –el de 1958-62 de Alberto Lleras–, un liberal. Dos presidencias liberales, dos conservadoras. Comenzaba un liberal, culminaba un conservador.

Así las cosas y no obstante la existencia de dos partidos de oposición, el MRL de López Michelsen y la Anapo de Rojas Pinilla, se creó una cultura gobiernista que apuntaba a la creación de la fuerza política que apoyaba al presidente, al triunfador en la elección presidencial. Obvio, en el Frente Nacional, no tanto a partir de 1978.

A partir de la Constitución de 1991 (se diría que en la Constituyente hubo un partido presidencial), el bipartidismo evolucionó hacia un multipartidismo que llegó a ser inmanejable y dio lugar a una importante reforma. Y, luego, a otras para hacerlo más racional. Como en Brasil, la multiplicación de partidos, movimientos, grupos de ciudadanos en el Congreso y otras corporaciones hizo inevitable un proceso de negociación para asegurar lo que desde entonces se llamó la gobernabilidad. Y ese mecanismo, no obstante la racionalización de la caótica dispersión de fuerzas políticas, fue evolucionando para asegurarle al presidente unas mayorías cómodas en el Congreso y, también, para darles a los congresistas un poder burocrático y en materia de contratación pública que llegó al extremo de desfigurar la noción del Estado. Congresistas dueños de instituciones. Es lo que el contralor general llamó hace algunos meses “las empresas político-criminales”, que constituían el partido único de los contratistas y que, según él, tomaban decisiones en el nivel nacional, departamental y municipal. Un tema que no ha merecido la consideración y el debate que un diagnóstico tan grave implicaba.

El escándalo del departamento de Córdoba puso en evidencia la tesis del contralor. Le dio cabal sustento. El Ejecutivo en el nivel nacional, departamental, el Legislativo, el Poder Judicial formaban parte de un entramado que ofrece, una y otra vez, nuevas aristas corruptas.

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El partido presidencial funcionaba muy bien en el Legislativo, aun en los temas más complejos. Y el costo se contabilizaba en casos como el de Córdoba, o Cartagena, o La Guajira, o el Chocó, o Cota, o Soledad, o Ipiales, o Tumaco… El carrusel de contratación en Bogotá, durante la alcaldía de Samuel Moreno, mostraba la existencia de una “empresa político-criminal” como las que luego se destaparían. Algo mucho peor que el crimen organizado que había venido desplazando los casos de corrupción individual. El escándalo Odebrecht era otro ejemplo.

La gran pregunta es: ¿sería posible que exista un partido presidencial cuya fidelidad hacia el presidente exista si no hay una repartición de beneficios, favores, entidades, contratos que alimentan la lealtad de los congresistas o de una mayoría significativa?

Recordemos. Sergio Fajardo tuvo como tema central de su discurso que ese sistema, anteriormente mencionado, desaparecería del todo. Que él ya había gobernado así. Que la manera como se llegaba al gobierno determinaba la manera como se gobernaba. Aludía así a la influencia de los fundadores de las campañas en las decisiones que tenían una implicación monetaria. Lo propio decía –y dice– el presidente Iván Duque.

De allí la importancia del tema de la financiación de campañas en todos los niveles. Deben ser totalmente financiadas por el Estado y para ello ya existe un recetario que muestra que los costos no serían –como se dice– inalcanzables. Los costos hoy son demoledores, han destruido la credibilidad en las autoridades y en las instituciones y, en consecuencia, han debilitado la democracia. Con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, hemos coincidido en reclamar la financiación estatal total de las campañas y la introducción de la lista cerrada.

Un ejemplo paradigmático de la existencia del partido presidencial fue lo ocurrido después de la primera vuelta. Una vez que era clara la bipolaridad Duque-Petro, en cuestión de minutos se constituyó el partido presidencial, esta vez formado por la coalición de la mesa de Unidad Nacional (sin la Alianza Verde) y la oposición a ella, el Centro Democrático (ahora con el Mira). Gobierno y oposición se constituyeron contra la coalición de oposición al sistema. Y logrado el triunfo de Iván Duque, fuerzas del gobierno y de la oposición, representada en Álvaro Uribe, pronto construyeron una nueva mayoría en el Congreso que luego sería ratificada por los congresistas elegidos en mayo y posesionados el 20 de julio de 2018. Por eso, un acuerdo mayoritario, el partido presidencial asume, en cabeza del Centro Democrático, la presidencia del Senado en el momento protocolario más significativo: es quien le recibe el juramento al nuevo presidente, ¡es junto a él la figura más descollante en esa ceremonia!

La gran pregunta es ¿cuánto durará este nuevo partido presidencial?

Escribí un opúsculo sobre la mesa de Unidad Nacional que fue el mecanismo de coordinación del partido presidencial durante la administración Santos. Y allí planteó si jugaría un papel como el de la Convergencia de Chile que gobernó durante varios periodos superando la dicotomía Democracia Cristiana-Partido Socialista.

Sorprendente. Increíble. El partido que llevaba la voz cantante, el Partido de la U declaró, ¡quién lo creyera!, que no tenía candidato presidencial. Después de ocho años de jugar un papel predominante, ¿no tienen qué ofrecer? ¿No tienen la voluntad de continuar? ¿No tienen una vocación de permanecer, entre otras, para consolidar el proceso de paz y otros programas? Las fuerzas políticas del partido presidencial jugarán en las elecciones de Congreso, cada una a su manera. Y en la primera vuelta de la elección presidencial se esfumaron y ya en la segunda entraron a formar un nuevo partido presidencial.

¿Podrá el presidente Duque mantenerlo como una fuerza política eficaz en el Congreso frente a una oposición ahora más empoderada que siempre? ¿Funcionará sin contar con el repertorio de beneficios y prebendas? ¿Se resignará a cambiarlas por una participación seria en la determinación de las obras y proyectos que se implementarán en sus zonas de interés? ¿Será eso suficiente?

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Hace unos días le pregunté a un importante dirigente conservador… ¿y como ves la situación política? Difícil. Me contestó. Y añadió: ¡la luna de miel será corta…!

Nuestro sistema político, como nunca antes, está en una crisis un poco más fuerte que la que están experimentando buena parte de las democracias. El gobierno Duque debería implementar una estrategia de fortalecimiento del sistema político para asegurar gobernabilidad ahora y en el futuro. Una tarea bien difícil.

*Politólogo, exministro y exembajador.