Los ricos también lloran: la garrotera por la fachada del edificio más caro de Bogotá

En Bogotá se inició la construcción de un proyecto urbanístico que sería la renovación arquitectónica de los cerros orientales en 2007. Sin duda, al ser uno de los edificios más lujosos, su lanzamiento fue novedad por tener el metro cuadrado más costoso de Colombia en aquella época. Dos años después del anuncio, se entregó el primer apartamento en lo que fue considerado un club social por el costo. Las zonas sociales del conjunto, su atípica fachada blanca y la supuesta compra de inmuebles de miembros del jet set nacional le dieron una apariencia de lujo al exclusivo complejo residencial.

El barrio Rosales, donde está ubicado este edificio, es uno de los más costosos de Bogotá. El apartamento más pequeño en Peñas Blancas podría costar, en el momento de la construcción, unos 1.500 millones de pesos. Sin embargo, en los últimos meses se ha vivido una disputa entre propietarios y constructores, porque la fachada se está “derritiendo”. El lío ya llegó a los juzgados y está en manos de exclusivos bufetes de abogados. “Hicimos una millonaria inversión con préstamos bancarios y no es justo lo que está pasando”, dice una de las residentes del lugar.

El edificio cuenta con 66 apartamentos diseñados por la constructora Escalar, una de las empresas más importantes de arquitectura del país. Hace una década, los inmuebles se vendieron rápidamente, y el complejo urbanístico se valorizó de inmediato. “Había un respaldo, porque los constructores eran Héctor Uribe y Juan Rodríguez, de Escalar; eso era una garantía, porque han hecho varios proyectos. Por eso compré sin dudarlo”, afirma otro propietario.

Pero la confianza se fue derrumbando, pues la fachada empezó a tener problemas, fallas en la piedra instalada, desprendimientos y daños que los propietarios consideraron que eran responsabilidad de la constructora. Justamente, por esa confianza no iniciaron acciones legales años atrás y, según conoció SEMANA, hubo recomendaciones para que las diferencias se solucionaran a través del diálogo epistolar con la constructora y que el conflicto no llegara a los estrados judiciales.

El problema de fondo es que el primer reclamo judicial se hizo en 2015, es decir, seis años después de la entrega del primer apartamento, y, de acuerdo con Juan Manuel González, abogado de la constructora, “La garantía por acabados en la fachada es de un año luego de hacer el traspaso oficial a los copropietarios del edificio. La constructora hizo entrega de un manual de mantenimiento con recomendaciones para mantener la piedra instalada”. Según indica, los dueños de los apartamentos no cuidaron la fachada que hoy se está derrumbando.

Por otro lado, el abogado Pablo Felipe Robledo, quien representa los intereses de algunos copropietarios, asegura que la razón de los desprendimientos, y el problema en la fachada, es que “quedó mal construida”. A su juicio, los dueños de los apartamentos no pueden usar las zonas sociales del conjunto, pues estas tuvieron que cerrarse “para evitar accidentes. Casi a diario se desprende una piedra de la fachada”. Así las cosas, mientras que los propietarios afirman que la constructora debe responder, Escalar dice que los dueños de los inmuebles deben sacar de su bolsillo para arreglar los daños.

En primera instancia, la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció y manifestó que “la fachada no era un elemento estructural, sino de los acabados”, por lo que desestimó las pretensiones de los dueños. El Tribunal de Bogotá ratificó el concepto y definió que, al haber pasado diez años, el tiempo de las reclamaciones ya había vencido. “El edificio se entregó en perfectas condiciones y durante la garantía no hubo problema alguno”, dijo González. Y agregó que a “la fachada la dejaron dañar, la administración no hizo su trabajo y nunca se hicieron mantenimientos”. Robledo reconoce los pronunciamientos de las autoridades, pero, explica, sus clientes buscan una protección como consumidores, pues pagaron precios altísimos por un bien cuya fachada se está resquebrajando.

En su opinión, Escalar podría haber incurrido en un posible engaño al entregar un producto defectuoso y sin calidad. “La acción no se inició antes porque se pensó que se estaban haciendo negocios con gente seria”, reiteró el abogado de los demandantes. Sin embargo, esta puja por la fachada de la discordia no terminará pronto, pues hay un proceso vigente en la Secretaría de Hábitat, un fallo que sería el definitivo para dirimir este caso.

Como el proceso está desde 2019 en la entidad distrital, Robledo confirmó que al pleito se sumó un reciente informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros: “Hay fallas en las losas de la fachada que no necesariamente obedecen al paso del tiempo y a la falta de mantenimiento”. Según el representante de las víctimas, hay fallas en el diseño y construcción de la fachada que pudieron causar “graves accidentes” por falta de revisiones técnicas antes de la entrega.

Pese a esto, el abogado de la constructora indica que no se puede tener en cuenta el informe académico, ya que se elaboró 11 años después de la entrega de los apartamentos, y, si hay “fallas en la fachada”, es por “culpa de los propietarios”. González tiene la tesis de que los informes en este tipo de asuntos deben solicitarse dentro de los procesos judiciales y no por fuera de ellos, razón por la cual el término procesal también habría vencido y el concepto no sería tenido en cuenta para una decisión final.

Pero aún hay más. Un tercer abogado se metió en la pelea. Se trata de Jaime Lombana, quien es el apoderado de otros propietarios que sostienen que Pablo Felipe Robledo habría hecho las cosas mal. Según este, Robledo estaría afectando la valorización de los apartamentos y estaría envuelto en un conflicto de intereses pues se desempeñó como Superintendente de Industria y Comercio. La misión de Lombana es clara: denunciar a Robledo ante los estrados judiciales.

Mientras la Secretaría de Hábitat se pronuncia, los dueños de los lujosos apartamentos, que, paradójicamente, se enamoraron de la fachada que hoy se está derrumbando, harán una recolecta entre ellos para arreglar la imagen del edificio insignia de la avenida Circunvalar. En total, deberán reunir 10.000 millones de pesos para cubrir los gastos, pues saben que sus propiedades se están desvalorizando. Robledo cree que es mejor hacer la vaca para reparar el daño, dado que “quien intente vender en este momento no va a encontrar cliente, porque por este lío nadie va a comprar”.

El lujoso edificio no se caerá. No hay daños estructurales, pero la fachada se seguirá derrumbando y afectando las zonas comunes que forman parte del valor de la propiedad. Los abogados, mientras tanto, preparan sus argumentos para seguir discutiendo el asunto en los estrados judiciales. ¿Quién ganará?