Nación
Los riesgos, irregularidades y preocupaciones que deja la política de tierras durante el gobierno Petro, a juicio de la Procuradora
La Corte Constitucional citó a una sesión técnica para verificar el cumplimiento de las órdenes de sentencia sobre la ejecución de esa inicitiva.
Riesgos millonarios sobre el patrimonio, inconsistencias en los programas y hasta preocupaciones salieron a flote durante la sesión técnica que citó la Corte Constitucional, para verificar el cumplimiento de las órdenes de sentencia sobre ejecución de la política de tierras.
A la diligencia asistió la procuradora general Margarita Cabello, quien expuso que “en relación con la compra de predios, tenemos que resaltar que se trata de una relación fundamental para la ejecución de la reforma rural, lo que exige procesos claros, transparentes y rigurosos que garanticen sus fines”.
Advirtió que desde la función preventiva se han detectado una serie de riesgos e irregularidades que pondrían en juego el patrimonio de la Nación y el funcionamiento de un programa que ha sido prioridad para el gobierno del presidente Gustavo Petro.
“La Agencia Nacional de Tierras reportó la compra de 288 predios para periodo 2023 y tras analizar de manera aleatoria 86 casos, formulamos 235 observaciones a esas negociaciones: posibles irregularidades, posibles errores. El 62% de la muestra presentaba al menos una observación y el valor estimado en riesgo para el patrimonio público supera los 136.000 millones de pesos”, dijo la procuradora Cabello.
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Sobre el proceso de compra de tierras, la Procuraduría también halló series inconsistencias como una normatividad dispersa con reglas operativas insuficientes, fallos en los análisis de títulos con posibles adquisiciones de bienes públicos, irregularidades en promesas de compraventa en las que se pagaron anticipos sin habilitación ilegal y se incumplieron plazos. Así mismo se habrían comprado tierras sin estudios de uso agropecuario.
La procuradora Cabello también alertó: “Encontramos ineficiencias en la ejecución presupuestas, ya que de 1.261 billones de pesos destinados, solo se ejecutó el 33%, es decir, 407.000 millones de pesos, mientras que 645.000 millones de pesos fueron trasladados al Fondo Colombia en Paz sin ser ejecutados. Una manera de demostrar que se ejecuta, pero que realmente solo se envía”.
Sobre el acceso a tierras y formalización, la Procuraduría General encontró sistemas de monitoreo obsoletos y los reportes de avances tendrían inconsistencias, por lo que habría incertidumbre en el proceso real y dificultades en la evaluación precisa de los entes de control sobre su cumplimiento.
“En lo que al Fondo de Tierras se refiere, se reporta que el mismo cuenta con 2.363.550 hectáreas, pero incluye terrenos sin caracterización adecuada, carece de claridad en la identificación de las fuentes y naturaleza de los predios, y hay falta de la delimitación de los predios destinados a la adjudicación respecto a los adjudicados a la formalización”, explicó Cabello.
Por su parte, el contralor delegado para el Sector Agropecuario, Diego Ospina, advirtió que es preocupante el retraso institucional y las dificultas de coordinación en las diferentes entidades del Estado, para ejecutar la política de tierras durante el gobierno Petro.
