Los soldados colombianos se sienten discriminados y maltratados por la JEP: ¿por qué las víctimas del Ejército no valen?

A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han llegado más de 10.000 folios que reconstruyen las causas y consecuencias del conflicto armado, contado desde la perspectiva del Ejército Nacional. Aunque los militares combatieron directamente y en su piel llevan las cicatrices de la guerra, no han sido reconocidos como víctimas simplemente por su categoría de combatientes, pese a los vejámenes a los que fueron sometidos, en su mayoría por miembros de la extinta guerrilla de las Farc. “Fueron días terribles, me quemaron la espalda con pólvora, sin anestesia, así tal cual, me colocaban pólvora tres veces al día”, cuenta un soldado profesional, víctima de secuestro y tortura, tras la toma de Miraflores, Guaviare, en 1998. Su testimonio reposa en el informe El conflicto armado desde la piel del soldado colombiano. El texto tiene dos entregas: la primera, presentada a la JEP el pasado 11 de marzo; y otra, conocida en exclusiva por SEMANA, que será entregada en 15 días al Centro Nacional de Memoria Histórica. En esta última, el Ejército hace un fuerte llamado a las entidades correspondientes para humanizar al soldado, quien, por el hecho de portar un uniforme, pareciera perder las garantías que posee cualquier colombiano en calidad de víctima.

En las 200 páginas del documento, se relata cómo, en la historia del Ejército, la institución ha contribuido para construir la paz, pero lo difícil que es para sus integrantes un escenario de transición a la vida civil en medio de las desigualdades que deben afrontar. “Las escalofriantes cifras muestran cómo los militares y sus familias fueron estigmatizados, atropellados, violentados y hoy no reciben el trato que merecen o, por lo menos, el trato que tienen las demás víctimas de la confrontación”, se lee en apartes del informe, que contó con el aval de los altos mandos de la institución.

En los registros de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), se encuentran incluidos 280.567 militares, pero el Ejército alerta que hay otros 33.362 que no fueron reconocidos por esta entidad. Asegura que la ley es excluyente con estos soldados que entregaron su vida por proteger a los colombianos, los mismos que en múltiples oportunidades han sido llamados héroes, pero que, en la práctica, se han sentido solos. Según el informe, la Ley 1448 de 2011, conocida como la ley de víctimas, limita el acceso a todas las medidas de reparación integral, dejando, además, por fuera a los uniformados de una indemnización administrativa, pues pertenecen al régimen especial.

El soldado profesional Vladimir Camargo relata con frustración cómo son sus días después de caer en un campo minado en área rural de Arauca. El frente Décimo de las Farc le puso una trampa: minó una casa que estaba muy cerca de la población civil y, cuando él entró allí, la activaron. “La detonación de un artefacto explosivo siempre lo afecta mucho a uno, da depresión, ansiedad, ira (…). Consumo pastillas para poder dormir y tengo esquirlas, a lo largo del tiempo he tenido que hacerme varias cirugías (…). Se me complica seguir con mi vida, me duelen mucho las piernas, me cuesta moverme, es un dolor tremendo, constante, es un acontecimiento que nunca se me va a olvidar”. Una de las cosas que más le duele, asegura, es que ha tratado de acogerse a la Unidad de Víctimas y la respuesta es que como militar sabía a qué se atenía, pues era normal que ese tipo de situaciones pasaran en su trabajo.

No entiende tal justificación. Los artefactos explosivos no convencionales, como las minas, no están permitidos por el derecho internacional humanitario (DIH). “El ataque que me hicieron de esa magnitud fue un ataque indiscriminado, hubo civiles heridos también, cosas que son cobardes”, dice el soldado, quien no es el único que reclama lo mismo. Los registros del Centro Nacional contra Artefactos Explosivos y Minas (Cenam) reportan que, en los últimos 18 años, 7.896 integrantes del Ejército Nacional fueron afectados por el uso de medios y métodos prohibidos por el DIH, de los cuales 1.863 murieron y 6.213 resultaron heridos. Eso quiere decir que hay 4.016 uniformados pendientes por reconocimiento. Una de las trabas es la extemporaneidad o vencimiento de términos, algo que pareciera absurdo, pues no se tiene en cuenta que muchos desconocen la ley, dado que su trabajo se adelantó en lugares donde ni siquiera tenían señal, pasaban meses incomunicados y, cuando salían a la civilización, todo era diferente en su entorno. En la actualidad, el Ejército brinda acompañamiento jurídico.

Sin embargo, hay que considerar que la mayoría de las víctimas se dieron entre 2000 y 2015, con un pico entre 2003 y 2008. Los uniformados y sus familiares fueron desplazados forzadamente, los asesinaban, amenazaban, desaparecían y mutilaban con minas antipersonal. La esperanza de muchos de estos militares está puesta en la JEP. Allí, quizás, podrán poner sobre la mesa sus historias para que los magistrados consideren la barbarie de los jefes de las Farc, que ordenaban actos inhumanos, como uno de los que detallan en el informe. “Se orinaban encima de nosotros, nos pateaban, nos cogían con las culatas”, recuerda Jaír Riveros, secuestrado por las Farc en la toma de Miraflores, Guaviare. En ese momento era un joven que prestaba su servicio militar obligatorio, y, cuando salió del cautiverio, padecía secuelas irreparables en su salud mental. “Mi juventud se me acabó y todavía sigo pensando en mis compañeros caídos en acción y en lo que me pasó”, enfatiza.

Hasta el momento, la JEP no tiene un macrocaso para que la mayoría de los militares puedan entregar su versión y que los consideren víctimas. “No somos máquinas para matar, somos humanos”, se lee en apartes del documento. La JEP anunció que creará un macrocaso que tendrá concentración nacional de crímenes cometidos por las extintas Farc, lo que se llama popularmente como caso sombrilla, porque cobija todos los delitos cometidos por esta guerrilla. Allí entran las masacres o utilización de métodos no convencionales, entre otros. La Sección de Apelación de la JEP, considerada como la máxima instancia del tribunal, le dio un plazo de 30 días hábiles a la Sala de Reconocimiento, a partir del 9 de marzo, para abrir este y otros dos estudios. Se acabó mayo y no se cumplió con lo que les daría esperanza a miles de personas afectadas por el conflicto armado en el país.

SEMANA consultó a la JEP sobre el porqué del retraso y dicen que la tarea no es fácil, ya que hasta el 21 de marzo se recibieron informes de las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil. “Hubo una gran cantidad de informes presentados a la jurisdicción, esa ha sido la razón por la cual hasta ahora no se han abierto los macrocasos”, expresan textualmente.

Wilson Benavides, uno de los soldados secuestrados por las Farc, solo espera que llegue el día que abran el macrocaso para describirles a los magistrados lo que vivió en una celda: encadenado, sin poder mirar al frente, solo hacia arriba, durmiendo bajo un plástico, en medio del barro que se formaba por la orina y materia fecal de los secuestrados. Quiere que la justicia especial para la paz les explique por qué después de tantos años ellos no son considerados como víctimas, y que los magistrados entiendan lo que es vivir la guerra en la piel de un soldado.