Los testimonios que juegan en contra del canciller Álvaro Leyva tras sanción de la Procuraduría

En toda una tormenta se convirtió la decisión que tomó esta semana la Procuraduría General de la Nación contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, en medio de la investigación que se adelanta por las irregularidades en el contrato para el manejo de los pasaportes.

En la decisión remitida el pasado miércoles, 24 de enero, el organismo de control disciplinario sostuvo que el funcionario se habría extralimitado en el cumplimiento de sus funciones al declarar desierto el proceso de licitación.

Por eso, la decisión tomada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de Ministerio Público resaltó que el canciller colombiano habría incurrido en dos faltas disciplinarias, las cuales calificó, de manera provisional, como gravísimas cometidas a título de dolo, es decir, con consentimiento.

La primera tiene relación con la decisión de declarar desierta la licitación 001 de 2023, sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.

En segundo lugar, el organismo de control llamó a juicio al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.

Ante esto, la Procuraduría tomó la decisión de suspenderlo provisionalmente por tres meses, en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería. Para esta decisión, se apoyó en los testimonios de personas cercanas al proceso, que conocían los detalles a fondo de la licitación.

SEMANA tuvo acceso al documento de 122 páginas con el que se le formuló el pliego de cargos al canciller Álvaro Leyva, en el que se encuentran los 15 testimonios que tuvo en cuenta el ente de control para apoyar su decisión.

Entre estos testimonios se destacan las versiones entregadas por Juan Carlos Lozada, director de asuntos jurídicos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Martha Lucía Zamora, para ese entonces directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Lozada, en su declaración a la Procuraduría, manifestó que no realizó ninguna recomendación al ministro respecto de la declaratoria de desierta de la licitación y que tampoco participó en la proyección de dichos actos. Indicó, sobre el particular, que el canciller fue el que determinó que no se podía adjudicar, toda vez que era el único oferente y que no se respetaban los principios de igualdad.

El director de asuntos jurídicos fue uno de los que más se extendió en sus declaraciones, en las cuales también resaltó que no le consta que el motivo de la renuncia de Martha Lucía Zamora a la dirección de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado fuera consecuencia de la postura que asumió en el comité de conciliación, dado que dicha postura fue la que asumió todo el comité.

Precisamente, Zamora, en su declaración, se refirió que el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, la había llamado un día para indicarle que estaba muy angustiado con lo que estaban viviendo con la licitación para los pasaportes, por cuanto había orden de paralizar la licitación y de no adjudicar el contrato.

Según el relato de Martha Lucía Zamora, ella le indicó que la Agencia tenía una dependencia de asesoría que podría ayudarlo en ese momento, en virtud de lo cual, se realizó una revisión informal de los documentos. Así mismo, manifestó que la Agencia propuso solicitar el acompañamiento de la Procuraduría a una mesa de trabajo con miras a escuchar la propuesta de Tomas Greg & Sons, previo a tomar cualquier decisión si sed conciliaba o no.

Zamora también se refirió a la presunta reunión que al parecer se habría realizado en la ciudad de París en la primera o segunda semana del mes de noviembre en el hotel Le Grand, entre Jorge Leyva, Juan Carlos Lozada, Álex Vernot y unos inversionistas alemanes, de la cual se enteró por un mensaje que recibió en su teléfono celular de un número no identificado.

Sobre este tema, Lozada Perdomo desmintió dicha información y señaló que conoció el hotel en compañía de Jorge Leyva. Precisó que conoció a Álex Vernot en dicho viaje a París y que eso fue en una recepción del hotel donde se estaba hospedando Jorge Leyva, hijo de Álvaro Leyva, lo cual tuvo lugar en días y sitios diferentes. Además, que en esos encuentros no se trató nada respecto a los pasaportes.

Los demás testimonios

En el auto conocido por SEMANA, también se lee el testimonio que entregó César Augusto Méndez Becerra, director de Defensa Jurídica Nacional de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, quien manifestó que la solicitud de renuncia a Martha Lucía Zamora sí tuvo que ver con el tema.

A su juicio este tema sí tuvo relación, porque fue solicitada en esas fechas, además al advertirse que no tenía respaldo del alto Gobierno, conforme a las publicaciones que se realizaron en X, donde se cuestiona que esa entidad estaba defendiendo intereses privados.

Méndez se refirió a que asistieron al Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores el 24 de febrero, en el cual se presentó un documento elaborado con su equipo de trabajo y revisado conjuntamente con Martha Lucía Zamora, en el cual se analizó cada uno de los cargos por los que acusaba de ilegal el acto administrativo que declaró desierta la licitación y el que confirmó la decisión.

El director de Defensa Jurídica Nacional de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado explicó que un primer cargo está referido a que el acto administrativo había sido expedido sin competencia; un segundo cargo referido a la falsa motivación al considerar que los presupuestos de hecho y de derecho en los que se fundamentó la decisión habían sido equivocados.

Alexandra Forero Forero, experto grado 8 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se pronunció en el mismo sentido, toda vez manifestó que dentro de las conclusiones se estableció que, de los tres cargos, el primero estaba referido a una falta de competencia del ministro; en el segundo, se llegó a la conclusión que no se configuraba ninguna causal para que hubiese declarado desierta la licitación; y el tercero cargo estaba referido a la desviación de poder, respecto del cual no se hizo un análisis porque el convocante no lo desarrolló.

Explicó que cuando se realizó el análisis se observó que su fundamento era una presunta vulneración al principio de selección objetiva, pero que en ningún momento se dieron razones puntuales o criterios que determinaran cuáles eran estas condiciones que no cumplía el proponente, por el contrario, ya se había surtido la evaluación definitiva y se habían asignado 1.000 puntos de 1.000 posibles.

Por su parte, Silvia Margarita Carrizosa Camacho, directora de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que la posición de la Agencia Jurídica fue hacer unas mesas de trabajo para buscar alternativas de solución al conflicto, posición que ella acompañó, al igual que lo hicieron los demás miembros del comité.

Resaltó que dentro de la exposición realizada por la Agencia había argumentado tres hechos que estaba planteando el convocante y que se aludía al alto riesgo frente al hecho de la presunta motivación del acto administrativo que declaró desierta la licitación, entonces para precaver un litigio, consideró que lo mejor era buscar una solución al conflicto en la etapa prejudicial.

En el documento también se leen los testimonios también se lee que algunos testimonios que vieron con sorpresa la decisión de declarar desierta la licitación. Es el caso de Adriana Maritza Ávila Guzmán, designada como evaluadora financiera, quien manifestó que le generó sorpresa porque ya había hecho entrega de la habilitación financiera a ese proponente y, luego del informe final de todos los componentes, todos consideraban que se iba a atorgar al que había sido habilitado.

Diana Caterine Rivera Torres, funcionaria adscrita a la Dirección de Gestión de Información y Tecnología, también señaló que desconocía las razones por las cuales se declaró desierta la licitación, precisando que se trataba de un proceso que no cualquier empresa tiene la capacidad para ofrecerlo, sin embargo, los requisitos eran claros y estaban definidos.

Al igual que María Isabel Valencia Aguirre, contratista del grupo de trabajo de licitaciones y contratos, designada como miembro del comité evaluador en la parte jurídica, quien consideró que el proceso estuvo bien estructurado, que fue asequible a los proponentes y no tenía condiciones limitantes.

La funcionaria del área de apoyo jurídico de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano designada como integrante del comité evaluador, Maribel Osorio Mazo, señaló que a su juicio en el proceso no se contemplaron condiciones restrictivas y los requisitos fueron dados a conocer a las diferentes empresas que estuvieron interesadas en participar.

Para Wiliam Alfredo Velásquez Muñoz, funcionario de Migración Colombia en apoyo técnico en el comité evaluador, a su juicio desconoce las razones por las que se declaró desierto el proceso, pero el pliego de condiciones no establecía ninguna condición restrictiva que pudiera cumplir solamente uno de los proponentes, precisando que el pasaporte solicitado estaba muy parecido al actual.

Adriana Jazmín Palacios Vega, contratista del grupo interno de trabajo de licitaciones y contratos del Ministerio de Relaciones Exteriores, relató que realizó sus validaciones desde cada uno de los componentes y presentó el informe recomendando al ordenador del gasto la adjudicación; no obstante, cuando se programó la audiencia de adjudicación, se le retiraron las funciones al secretario general y las reasumió el canciller, quien determinó declarar desierto el proceso.

Martha Lucía Medina Gutiérrez, diplomática de carrera en el servicio de la Cancillería, señaló que la dependencia a su cargo no se enteró antes de cualquier decisión frente a declarar desierta la licitación; al igual que Lida Rodríguez Gutiérrez, asesora de la Secretaría General y posteriormente coordinadora de Contratación, quien manifestó desconocer las razones por las cuales el canciller reasumió la contratación y declaró desierta la licitación, aclarando que dicha decisión no pasó por el grupo de licitaciones y contratos bajo su dirección.

Finalmente, el apoderado de la Unión Temporal Pasaportes 2023, Juan Pablo Estrada, calificó la declaratoria de desierta como “absolutamente ilegal”, por cuanto la entidad elaboró libremente los pliegos de condiciones, definió las reglas de participación que estimó necesarias para satisfacer las necesidades, las publicitó, las defendió de los cuestionamientos, y con ellas invitó a los interesados.

Estrada también alegó como primer cargo falta de competencia del ministro para adoptar la decisión, por haber avocado el conocimiento y no haber realizado los trámites legales; el segundo cargo, referido a la falsa motivación, porque cualquier argumento consignado en ese acto se apartaba por completo de los eventos en que procede la declaratoria de desierta.