Los tres asesinatos de niñas que conmocionan a Colombia

En medio de la marea informativa por el caso Santrich y el impactante informe del prestigioso diario The New York Times en el que se advierte sobre la amenaza de las ejecuciones extrajudiciales dentro de las fuerzas militares, pasaron inadvertidos tres crimines: el asesinato, en casos aislados, de tres niñas de 6, 11 y 15 años de edad.

Ocurrieron la semana pasada y las víctimas fueron una adolescente indígena, una niña afrocolombiana y otra mestiza. Uno de los crímenes sucedió en Barranquilla y los dos restantes en Cauca. En los tres casos los detalles de la manera violenta como murieron las niñas son desgarradores. Y aunque en esos hechos fatales las autoridades cuentan con pistas que permitirían dar con los responsables y ya hay capturas, nada repara a las familias de las víctimas.

A ello se suma una apabullante realidad: todo indica que la violencia contra los menores de edad viene en aumento y así lo reflejan las cifras oficiales. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, en 2015 los procesos para restablecer derechos a los menores de edad eran de 17.500 casos; pero en 2016 aumentaron a 23.000 y en 2017 ya ascendían a 24.300.

Puede leer: Asesinan a otro líder indígena en el Cauca

De acuerdo con Juliana Pungiluppi, directora del Icbf, el año pasado esa entidad atendió a través de la línea 141 y otros canales, “160.000 denuncias de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Y en un ranking de 2018 sobre índice de peligros para la niñez, elaborado por la organización Save The Children, Colombia aparece en el puesto 118 entre 175 naciones escalafonadas. De los países latinoamericanos dentro de la medición están por debajo El Salvador, República Dominicana, Venezuela, Honduras y Guatemala.

Pero más allá de esas estadísticas, preocupa también que solo este año hay reportes de cinco menores de edad asesinadas y que aparecen en el radar del Observatorio Feminicidios Colombia (OFC), entidad con sede en Medellín que desde el año pasado monitorea todas las muertes violentas en el que las víctimas son mujeres.

¿Por una deuda?

Por ahora la hipótesis más fuerte que manejan las autoridades en torno al brutal asesinato de la pequeña María José Ortega Ballestas, de 6 años de edad, gira en torno a una supuesta deuda de 120.000 pesos que habría adquirido la familia de la pequeña con el tío del presunto homicida.

La historia pierde veracidad en el sentido de que el supuesto acreedor y determinador del crimen habría pagado 500.000 pesos a su sobrino de 16 años para que ejecutara el homicidio. Tampoco tiene sentido que el cuerpo de la niña haya sido trasladado en un cesto y en taxi, sin que despertara sospechas del conductor.

Le puede interesar: Cinco crímenes contra los niños que han conmovido a Colombia

Por esa razón el taxista también será vinculado a la investigación; mientras tanto, el tío y su sobrino ya fueron capturados como sospechosos. Mientras el procero avanza, se han conocido detalles escalofriantes de la manera como se ejecutó el crimen.

Las primeras versiones indican que la niña desapareció el pasado sábado 18 de mayo de la casa de su abuela, donde jugaba con otra niña en la azotea de la vivienda en el barrio Evaristo Sourdis de Barranquilla. Al día siguiente el cuerpo de la menor fue hallado sin vida en un arroyo.

Durante las pesquisas las autoridades capturaron al menor de 16 años llamado Randy, quien habría confesado el crimen. Entre los detalles que dijo a la Policía aparece que luego de raptar a la niña la apuñaló en el cuello, pero al verla viva la echó en un canasto y la arrojó al arroyo. El menor asegura que cometió el homicidio por encargo de su tío, porque la familia de la niña le debía 120.000 pesos.

El crimen contra Emely

En Santander de Quilichao, Cauca, fue asesinada Emely Suleidy Rivera Barrera, de 11 años de edad, una niña afrocolombiana que fue raptada el 16 de mayo y al día siguiente apareció desmembrada en un costal, muy cerca a la casa donde vivía, en el barrio Somasol.

Las autoridades capturaron a un hombre como sospechoso de haber cometido el homicidio, ya que, según versiones de testigos, fue visto con la niña el mismo día de su desaparición. Para que la investigación avance, los fiscales están a la espera de los resultados de algunas pruebas científicas que se hicieron a los restos de la menor, así como el análisis de la memoria Sim Card que le incautaron al aprehendido. Por ahora se sabe que la niña murió asfixiada.

En contexto: ¿Quiénes son los asesinos y violadores de los niños y niñas en Colombia?

Ese caso fue tan impactante, que la propia directora del Icbf, Juliana Pungiluppi, visitó a la familia de Emely Rivera. "Desde que nos enteramos del caso un equipo de Defensoría de Familia ha estado brindado acompañamiento psicosocial no solo a Mercy (madre de la menor), sino también a su hermanita", dijo la funcionaria.

Fuentes de la Fiscalía en Cauca precisaron a este medio que “respecto a la menor Emily Suleidy Rivera Barrero, de Santander de Quilichao y hechos de fecha 16 de mayo, Medicina Legal debe remitir informe a la Fiscalía de conocimiento, si hubo o no actos sexuales; hay un imputado, el joven Luis Javier Ruiz Díaz”.

Una adolescente indígena

Finalmente, La comunidad indígena Misak, del resguardo Guambía en Silvia, Cauca, sigue reclamando pronta justicia por el crimen de la adolescente Yuliana Chirimuscay Velasco, 15 años de edad.

El crimen de la joven indígena sucedió el pasado 13 de mayo y aún es un misterio quiénes pudieron cometerlo. Lo que sí se sabe es que la pequeña fue hallada desnuda en un potrero cerca al río Piendamó, en la vereda Ñimbe; presentaba un golpe contundente en la cabeza y aparentemente con signos de violencia sexual.

Sobre la captura de supuestos sospechosos de este crimen, fuentes oficiales de la Fiscalía explicaron que “la comunidad indígena había retenido a un menor, pero en nuestra jurisdicción no se encuentra reportado”.

Lo que sí sucedió por parte de las organizaciones indígenas del Cauca, fue la expedición de un comunicado en el que condenan el hecho, “manifestamos nuestra preocupación sobre este lamentable hecho que ha causado consternación en el pueblo Misak, y demás comunidades indígenas del Cauca. Este infanticidio se configura como un caso extremadamente grave de violencia contra la mujer y los derechos de la niñez que atenta contra los máximos valores de la vida y la integridad humana afectando el marco internacional de los derechos humanos”, expresaron.

La adolescente cursaba décimo grado de bachillerato en el colegio agropecuario Misak Mamá Manuela.