“Los únicos que no se dan cuenta son las FF.MM”

Las valientes denuncias de Leyner Palacios sobre la presencia de las Autodefensas Gaitanistas y el ELN en su región han volcado nuevamente la atención sobre su departamento y levantado la preocupación de que se repita una masacre como la perpetrada por las Farc hace 17 años. Relata una historia tan cruda como la realidad que viven las poblaciones más olvidadas de la nación; una que se inscribe en medio de la disputa por el territorio, el narcotráfico, la ausencia del Estado y las promesas incumplidas, incluso las generadas por el proceso de paz. Que esta no sea la crónica de una tragedia repetida y anunciada.

Luis Carlos Vélez: ¿Cuál es la situación actual en Bojayá?

Leyner Palacios: Hoy en Bojayá se vive una situación de crisis humanitaria generada, primero, por la acción de grupos armados al margen de la ley; estamos hablando de las AGC y el ELN. Y, segundo, por la falta de implementación del acuerdo de paz que tiene que ver con temas de salud y educación. Esa falta de presencia del Estado hace más agudo el conflicto. Hoy en Bojayá tenemos más de 600 hombres armados en las Autodefensas Gaitanistas y más de 100 hombres del ELN. Eso ha generado un confinamiento de más de 7.000 personas en esas comunidades.

L.C.V.: El Ejército dice que no hay confinamiento…

L.P.: Ese es uno de los grandes temores que tenemos. En 2002 también negaron y subvaloraron los anuncios y las alertas que estábamos generando las comunidades y mire las consecuencias. Hoy los testimonios de muchas comunidades, pero también de la Diócesis de Quibdó, de organizaciones étnico territoriales y la misma Defensoría del Pueblo ratifican esa realidad. La ONU ha percibido y probado estas situaciones en los territorios.

L.C.V.: Las Fuerzas Militares han estado en el lugar y dicen que no han podido verificar esas cifras. ¿De dónde salen los cálculos de 600 paramilitares y 100 hombres del ELN?

L.P.: De los informes de Naciones Unidas, las alertas de la Defensoría, y los testimonios de las comunidades. Nosotros lamentamos que las autoridades militares sigan minimizando el riesgo en el que están las poblaciones. No tenemos ninguna motivación para inventarnos cifras. Las comunidades ven los grupos por los montes. Desafortunadamente este es un problema que en el territorio los únicos que no se dan cuenta son las Fuerzas Militares. De resto todo el mundo lo sabe.

L.C.V.: ¿Por qué cree que las Fuerzas Militares tienen otra versión?

L.P.: Tienen que actualizar su sistema de inteligencia, eso es necesario. Y en segundo lugar, sí nos preocupa algún nivel de convivencia, complacencia u omisión.

L.C.V.: Cuando en Colombia se habla de paramilitares en la mayoría de los casos se está hablando implícitamente de complicidad del Estado, ¿las Autodefensas Gaitanistas tienen algún vínculo o beneplácito del Gobierno?

L.P.: Nosotros no podemos comprender cómo entran a Bojayá más de 600 hombres de los grupos ilegales durante año y medio y las autoridades militares no toman las acciones pertinentes. Eso le lleva a pensar a la comunidad muchas cosas.

L.C.V.: Pero, ¿hay vínculos concretos entre las autodefensas y el Gobierno?

L.P.: La fuerza pública está en muchos territorios y esto sigue siendo evidente. No lo he planteado yo, sino la Defensoría del Pueblo, la Diócesis de Quibdó. Esta convivencia debe ser investigada y que se impongan controles. Para estos casos también se creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

L.C.V.: ¿Esto es una lucha por territorio o por corredores de droga, como dice el Ejército?

L.P.: Para nosotros es una disputa por el territorio. En Bojayá existen muchas disputas por el desarrollo minero-energético, pero también de infraestructura vial. Bojayá se considera un lugar por el que pasará el canal interoceánico. Sin duda estos temas se mezclan con fenómenos de narcotráfico pero no de forma exclusiva. Aquí confluyen muchos factores.

L.C.V.: ¿Esta situación actual es culpa de quién?, ¿del Estado por no llenar el vacío de las Farc tras el acuerdo de paz?

L.P.: Es una realidad que tras la salida de las Farc el Estado no copó esos territorios. Hoy insistimos en la importancia de profundizar la implementación del acuerdo de paz, una salida negociada con el ELN, y una política de sometimiento de las AGC a la legalidad. Si el Estado no toma en serio estas propuestas, las comunidades del pacífico estarán sometidas a la muerte.

L.C.V.: ¿Qué papel juega ELN en el Chocó?

L.P.: Utilizan el territorio como refugio para guardar personas secuestradas, han venido asesinando personas, hay violencia sexual y física contra las mujeres. Para nosotros, todos los actores armados que hacen presencia en la región se han convertido en un fenómeno de muerte. Por eso le hacemos un llamado al ELN para que dé muestras concretas de querer la paz.

L.C.V.: ¿Le hubiera gustado ser congresista en representación de las víctimas?

L.P.: La voz de las víctimas es muy importante. Si me hubieran dado la voz o la posibilidad estaría dispuesto, pero hay otras víctimas que pueden hacerlo.

L.C.V.: ¿Qué dice de la propuesta de la que habló el presidente para que esas curules sean a través de los partidos políticos?

L.P.: Insistimos en la importancia de la implementación integral del acuerdo de paz. Allí se planteó que estas circunscripciones tendrían un mecanismo y una fórmula específica para elegirse. Dejarlas a merced de los partidos tradicionales es limitar la autonomía y la libertad de las víctimas.

L.C.V.: Además de presencia militar, ¿qué más se necesita para que las cosas cambien en Bojayá?

L.P.: La presencia militar es importante y es una obligación de Estado. Sin embargo hoy todavía en Bojayá no se tiene un hospital de primer nivel para atender las enfermedades, tampoco hay médicos ni la capacidad suficiente. El 50 por ciento de las comunidades no tiene energía eléctrica. Se necesita un proceso de interconexión para que el fluido llegue de forma permanente. No hay infraestructura escolar y tampoco docentes. Valoramos lo hecho, pero se requiere una intervención más honda.

L.C.V.: Esas son necesidades básicas, pero eso no soluciona el problema económico de la región…

L.P.: Claro que no. Bojayá necesita una propuesta productiva. La gente allí tiene una vocación agrícola porque se da mucho el plátano, los cultivos de arroz. Allí hay una serie de iniciativas de transformación del producto. Pero los costos para los campesinos para transportar los productos son muy elevados, entonces se requiere una forma de transporte fluvial para que los productores puedan llevar hasta Quibdó su comercio y ganen algo.

L.C.V.: Hoy que se revive la tragedia de Bojayá, 74 muertos durante un ataque con cilindros bomba de las Farc, ¿qué piensa al ver a sus miembros en el Congreso?

L.P.: Yo soy una persona que he promovido la posibilidad de la reconciliación. Es importante que estén allí, no tengo ningún inconveniente con eso. Lo que sí lamento es que los gobiernos no hayan tomado una medida seria para garantizar la posibilidad de que las víctimas se sentaran en el Congreso para expresar nuestras preocupaciones. El escenario del Congreso es para ampliar la democracia.

L.C.V.: El proceso incluía no repetición, verdad y reparación. ¿Usted hoy se siente reparado?

L.P.: La reparación es una obligación del Estado. Las Farc se comprometieron con unas acciones reparadoras con el municipio de Bojayá, a partir del acto en que pidieron perdón y esperamos que esas acciones sean llevadas a cabo adecuadamente.

L.C.V.: Usted siempre ha dicho que luego de la masacre, las Farc se llevaron personas vivas y nunca se supo qué pasó con ellas. ¿Ya les contaron la verdad sobre ese hecho?

L.P.: En el marco del conflicto armado en la región hay más de 35 personas desaparecidas. En el acuerdo de paz se planteó la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Esperamos que nos puedan dar respuestas sobre esas 35 personas. Los colombianos debemos entender que el acuerdo integralmente es una forma de equilibrar la cancha que ha estado tan desbalanceada en materia de derechos humanos para la población rural, y especialmente para el pacífico.

L.C.V.: Pero, entonces no les han contado la verdad, ni tampoco reparado económicamente…

L.P.: En el acuerdo se creó la comisión para el esclarecimiento de la verdad. Eso las Farc lo deben contar allí y en la Jurisdicción Especial de Paz. Nosotros esperaremos que lo cuenten en esos estamentos. Pero en los últimos años el sistema de justicia ha sufrido una serie de dificultades y eso ha retrasado nuestra posibilidad de acceder a esa verdad y a esa reparación.

L.C.V.: ¿Tiene miedo por lo que le pueda pasar debido a sus denuncias?

L.P.: Por supuesto que tengo mucho miedo y temor.

L.C.V.: ¿Tiene hoy la protección necesaria?

L.P.: Hasta ahora están respondiendo y espero que protejan mi vida, la de mi familia. también la de muchos líderes que se encuentran en mi misma situación.