Los violentos días del Catatumbo

“No es que estuviéramos disfrutando de absoluta calma. Es sólo que hacía mucho no teníamos hechos violentos de forma tan seguida”. La frase es de Alexánder Collantes, personero de El Tarra (Norte de Santander). Su municipio es uno de los seis de ese departamento que en el último mes ha sido blanco de acciones violentas.
 
No exagera. El 6de enero un grupo de operarios de la empresa de aseo del municipio recogió en el parque principal un paquete abandonado en el andén de la iglesia, lo ubicó dentro del recolector de basuras y explotó. Dos hombres, Bibiano Ramírez Durán (25 años) y José Ángel Torres (57 años) murieron a causa del estallido. Ambos eran trabajadores de la empresa de aseo.
 
“Para nadie es un secreto que en la zona hay fuerte presencia de grupos al margen de la ley, están las FARC, el ELN y en un menor número el EPL, lo que hace que sea muy difícil que se mantenga el orden público”, cuenta el personero.
 
Antes del trágico episodio del carro de basuras, ese mismo municipio (de cerca de 17.000 habitantes) ya había sido atacado. El 31 de diciembre estallaron dos granadas en la estación de Policía. Dos uniformados resultaron heridos.
 
La semana pasada, el 11 de enero, un carro de servicio público que cubría la ruta El Tarra-Ocaña fue detenido por personas, que aunque de civil, manifestaron pertenecer a las FARC. Las autoridades aseguraron que se trató de un bus bomba.
 
“Es arriesgado decir por qué se agudizaron estos hechos, pero muchos asumen que puede ser una respuesta al plan de consolidación de las Fuerzas Militares en esa región”, aseguró una fuente a Semana.com.
 
Pero El Tarra no ha sido el único que ha tenido que padecer en los últimos días las acciones de los violentos. San Calixto, también en el Catatumbo, desde el pasado domingo está paralizado. Un carro abandonado, cargado al parecer con explosivos, impide la entrada y la salida del municipio. “Los alimentos empiezan a escasear, esa vía (en donde está el vehículo) es la única de acceso”, contó a Semana.com el personero de San Calixto, Jony Sánchez.
 
“El pasado 15 de enero presuntos integrantes de las FARC retuvieron un vehículo de transporte público afiliado a la empresa COOTRANSHACARITAMA, que transitaba en la ruta San Calixto-Ocaña y obligaron a los pasajeros a descender del automotor en el sector conocido como el Balcón, aproximadamente a un kilómetro de la cabecera del municipio de San Calixto”, señala la Defensoría del Pueblo en un reciente informe que da cuenta de los hechos que han azotado en los últimos días a la zona del Catatumbo.
 
El informe del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo también da cuenta de lo que ocurrió y alertó en la madrugada del pasado 15 de enero cuando en Tibú explotó un artefacto de bajo poder contra una patrulla de la Policía que adelantaba labores de vigilancia, con el fin de garantizar la seguridad del ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón.
 
Además, y según información recibida por la Defensoría, un día antes (el 14 de enero) se presentó un atentado contra la infraestructura eléctrica en la zona rural del corregimiento de Campo Dos del mismo municipio, lo que provocó la destrucción de dos torres electricidad y la suspensión del servicio de energía para los habitantes de esta zona.
 
La situación es crítica y el Gobierno lo sabe. El pasado lunes el ministro de Defensa, después de realizar un consejo de seguridad en la zona, aseguró que las FARC están dedicadas exclusivamente al narcotráfico en la región del Catatumbo y que por eso se han intensificado las acciones terroristas en los últimos días.
 
“Las FARC aquí se narcotizaron y lo que están tratando de evitar es perder esa fuente de financiamiento”, señaló Pinzón al recordar que por Víctor Ramón Navarro Serrano, alias ‘Megateo’, quien aparece reseñado como integrante del EPL, hay una recompensa de 2.000 millones de pesos.
 
El comandante de policía del departamento, coronel Eliécer Camacho, señaló que los últimos hechos son un intento de las FARC por demostrar su fortaleza en la región del Catatumbo.
 
“Todas las acciones tienen el objetivo de tratar de mostrar que tienen fuerza, que tienen un posicionamiento, pero la lectura que hacemos es que no es así porque sus acciones las hacen sin planeación”, dijo el coronel en diálogo con Caracol Radio.
 
Los habitantes de la región tienen miedo. No es para menos, en el informe de la Defensoría se recuerdan hechos como el del pasado día 13 de enero, cuando una volqueta con cargas explosivas fue activada a control remoto en cercanías de un bus intermunicipal que realizaba una ruta hacia Tibú. Cinco pasajeros resultaron heridos.
 
Siete días antes, otros tres civiles fueron víctimas de la violencia cuando en el corregimiento de la Gabarra, ubicado en el mismo municipio, fue activada una carga explosiva de bajo poder al paso de un grupo de policías.
 
La situación parece no tener fin a pesar del compromiso de las Fuerzas Militares con la región. El hecho más reciente, que volvió a afectar a El Tarra, acabó con parte de la infraestructura de una compañía petrolera.
 
El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, pide a las autoridades de Norte de Santander, las alcaldías de Tibú y El Tarra, Sardinata, San Calixto, Teorama, Convención y Hacarí, así como a la Fuerza Pública y a los organismos de seguridad del Estado, que evalúen la situación de riesgo de la población civil y tomen medidas para evitar que sean blanco de acciones como las que se han regitrado. Los personeros y los habitantes de la región piden lo mismo.
 
Por su parte, el ministro de Defensa ha anunciado que se incrementará la presencia de la fuerza pública en la región y ha reconocido, tal y como lo dijo en entrevista con El Espectador, que el tema del contrabando en esa zona es complicado y que hay denuncias contra la fuerza pública por existir una presunta tolerancia en el paso de la gasolina de contrabando a la capital de Norte de Santander, pero también a lugares como El Tarra, uno de los más afectados por la violencia.