Gnecco y Morales Diz: La estrategia del cartel de la toga en dos casos difíciles

El exgobernador del Cesar Lucas Gnecco acumula tres condenas de la Corte Suprema de Justicia. La primera fue en el año 2000 por el delito de costreñimiento al elector. La segunda fue en septiembre del 2009 por la suscripción de contratos irregulares. La tercera y la más dura vino en noviembre de ese año cuando el alto tribunal lo encontró responsable de corrupción al propiciar la celebración de 101 contratos irregulares para dotar planteles educativos. En ese momento, le impuso una sentencia de 24 años de cárcel.

Los pendientes del exgobernador, sin embargo, no paran allí. Por este último capítulo, por el que fue castigado por la corte con una condena ejemplar, aún quedan rezagos que están en un nuevo proceso que desde hace varios meses reposa en el despacho del magistrado Gustavo Malo. Estas deudas pendientes con la justicia serían las que habrían motivado que Gnecco buscara el apoyo de “la oficina” -de la que hacían parte Francisco Ricaurte y Gustavo Moreno- para frenar una nueva sentencia.  

Puede leer: Los nuevos salpicados por Gustavo Moreno 

SEMANA conoció las declaraciones de Gustavo Moreno ante la corte. En estas el abogado señala los procesos en los cuales se habría pagado por cambiar el rumbo de las decisiones en la Corte Suprema de Justicia. 

Respecto al ex gobernador, Moreno señala que hubo un manejo de su parte que fue más allá de la asesoría jurídica. “En el caso era evidente la condena porque se trataba de contratos fraccionados, lo cual había sido producto de un pronunciamiento anterior de la corte. Me explico, la corte había estudiado unos contratos, lo condenó, está cumpliendo domiciliaria. Ricaurte dijo eso lo vamos a demorar, aplace, aplace, mame gallo con eso. Y eso lo hicimos sin que nunca se nos compulsaran copias disciplinarias", indicó.

Este portal encontró que Moreno aparece como apoderado de Gnecco a partir del 7 de julio de 2015. El despacho del magistrado Gustavo Malo le concedió por lo menos cuatro aplazamientos de la audiencia preparatoria: el 4 de septiembre y el 5 de octubre del 2015, el 3 de marzo del 2016 y el primero de abril de ese mismo año. Para octubre del 2016, fecha en que Moreno renuncia al poder, aún no se había pasado de esta etapa procesal.

En contexto: Nilton Córdoba, salpicado con el pago de $200 millones para frenar captura 

“Directamente Francisco me dijo reciba al hijo del exgobernador, al congresista Gnecco, recíbale poder. Eran honorarios normales, no recuerdo la cifra, me tocaría revisar con documentación. No fue una cifra escandalosa, era normal, la orden era aplace, no se preocupe que lo van a dejar a aplazar. Francisco me decía que no me preocupara. En otras diligencias yo solicitaba aplazamientos y me negaban, ejemplo Luis Alfredo Ramos. El propósito era evitar que se instalara, dejar que a eso se le fuera bajando presión. Ellos creían que procedía prescripción, yo decía que no era procedente y la instrucción era que aplazara”, dijo Moreno.

Aunque asegura que Francisco Ricaurte nunca le hizo mención de haber negociado con el magistrado Gustavo Malo esos aplazamientos, ni que el ex gobernador tuviera conocimiento de alguna irregularidad, siempre le insistió en que no habría problemas. “Yo le decía, qué vamos a hacer si tengo diligencia, él decía no se preocupe que las van a aplazar, en ese escenario es que tenía conocimiento Lucas y Alfredo Gnecco (hijo) (...). No en todos los casos se trataba de dinero, había casos en donde había intereses de tipo político. Aclaro, la corte me preguntó en qué actos se tuvo injerencia o hubo manejos irregulares o corruptos. En lo que me consta, el doctor Gnecco no pagó para corromper o comprar pero Francisco me dice que vamos a dilatar, y no es una maniobra como la que uno podía hacer en cualquier proceso". SEMANA se intentó comunicar con el senador Alfredo Gnecco, hijo del exgobernador, pero no se obtuvo respuesta.  

Morales Diz, un caso difícil  

En plena puerta del Congreso fue capturado en marzo del 2016 el senador del partido de La U Martín Emilio Morales Diz. Sobre él se adelanta un proceso supuestos nexos con los grupos armados criminales. Unos testimonios de un grupo de paramilitares que terminaron en las Bacrim lo enredan con el homicidio de un ex alcalde de su municipio, San Antero, en Córdoba, Wilmer José Pérez. También lo señalan de haber presuntamente apoyado la expansión y consolidación de ese grupo en la región. 

Gustavo Moreno lo incluyó en la lista de clientes a los que intentó favorecer, aunque para los integrantes de la “oficina” era clara la situación jurídica tan complicada que tenía. Según el fiscal anticorrupción, el caso llegó a sus manos por cuenta de la congresista Zulema Jattin y, pese a las advertencias de Leonidas Bustos por la complejidad de las acusaciones, Francisco Ricaurte habría impartido la orden de aceptarlo.  

“Capturan a Martín que es persona cercana a ella, Pacho dice vamos a tratar de ayudar, Bustos dijo que ese es un tema de narcotráfico, no se metan allí porque hay homicidio y él mismo había participado y firmado la captura. Yo transferí ese mensaje y Ricaurte dijo métase que yo hablo con Gustavo (Malo) para que nos ayude”.

Por ese proceso se habría cobrado $ 1.000 millones, de los cuales Moreno cree que se alcanzaron a recibir $ 800 millones. En el testimonio, el abogado no sostiene tampoco que el ex senador conociera el destino final de ese dinero. “De esos honorarios recibí 250 millones y el excedente se lo entregué a Pacho Ricaurte. Me tocaría revisar los pagos, podrían ser fraccionados de 200, 300 millones”, dijo.

El ponente es el magistrado Eugenio Fernández Carlier, quien llamó a juicio a Morales a finales del 2016. La ayuda que se le ofreció -señala Moreno- era pidiendo que se decretaran pruebas.  “El compromiso que se asumió fue tratar de ayudar con posiciones de Malo de manera favorable”, indicó Moreno.  

Puede leer: "Mientras nosotros estemos en el poder no van a capturar a Argenis Velásquez"