Exactriz Lucero Cortés busca justicia ante la CIDH

Lucero Cortés cumplió la condena de cinco años de prisión domiciliaria que le impuso la Corte Suprema de Justicia por el delito de tráfico de influencias por haber presionado indebidamente a magistrados del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) para que sancionaran a un abogado demandado por su esposo.

Una semana después de recobrar su libertad, la exrepresentante a la Cámara viajó a Estados Unidos y presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda en contra del Estado por lo que consideró una vulneración de su derecho al debido proceso por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justica que la condenó a 60 meses de prisión.

En diálogo con Semana.com, la mujer afirmó: “Cumplí mi condena injusta y vengo hacer valer mis derechos. Mi proceso se hizo con una sola instancia y por más recursos y pruebas que presenté, ninguna fue tomada en cuenta para estudiar el caso”.

Cortés afirmó que se apoyó en su familia, fortaleció el espíritu y se dedicó a estudiar, “fueron cinco años con un déficit en la parte económica, pero me sirvieron para tener mi encuentro espiritual, familiar, me dediqué a estudiar y ahora estoy terminando una maestría en derechos humanos en la Universidad Sergio Arboleda”.

La exrepresentante está segura de poder demostrar que la justicia falló al condenarla en un proceso con una sola instancia judicial, “espero que la CIDH estudie bien el caso para que no se repita. Toda persona tiene derecho a que se revisen sus casos para no jugar con un derecho tan sagrado como es la libertad. La condena de primera instancia no debe existir”.

Según el abogado Víctor Mosquera, en Colombia cerca de 280 personas han sido juzgadas en procesos de primera instancia, “la norma es clara: toda persona tiene derecho a una segunda revisión de su proceso, hecho que no se está cumpliendo y que está complicando la situación jurídica de los ciudadanos”.

Mosquera está seguro de que la CIDH fallará a su favor la demanda presentada al Estado como una muestra de las injusticias que se están cometiendo con el sistema judicial en el país.

El proceso

Tras el capítulo del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), Cortés fue demandada por el exmagistrado de la Judicatura Rafael Vélez Fernández. La acusó de utilizar sus influencias y ofrecer sumas de dinero para afectar una decisión judicial en beneficio de su cónyuge, Manuel Rincón.

El objetivo era que la Judicatura sancionara disciplinariamente al abogado Juan Carlos Salazar, quien denunció al esposo de la congresista en un pleito jurídico por irregularidades en la compra de acciones de Superview.

En la decisión, el alto tribunal condenó y multó a la congresista al pago de 70 millones de pesos y la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, esta última sanción es la que busca la excongresista que le sea revocada con la demanda ins