La encrucijada de Luis Alfonso Hoyos

Las cartas están echadas. La suerte de Luis Alfonso Hoyos, quien fue el principal asesor del excandidato a la Presidencia Óscar Iván Zuluaga, está en su momento más difícil. Todo porque durante los últimos días se produjeron una serie de decisiones judiciales muy graves para él. El tema pasó relativamente desapercibido, en gran medida porque ocurrió en medio de los escándalos por la contratación en la Fiscalía y los anuncios del proceso de paz con las Farc.

Todo comenzó el lunes de la semana pasada cuando un juez de garantías avaló la medida de aseguramiento contra Hoyos. Con ello, aceptó la petición de la Fiscalía apoyada por el delegado de la Procuraduría. La acusación al exasesor incluye los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales, acceso abusivo a sistema informático y uso de software malicioso.

Aprobada esa medida, el ente acusador tiene vía libre para iniciar los trámites para pedir la captura y eventual extradición de Hoyos, quien se encuentra en Estados Unidos desde diciembre del año pasado, en donde se radicó tras alegar falta de garantías en su proceso y ser víctima de una persecución por parte de la Fiscalía.

El caso que tiene enredado a Hoyos, exdirector del Sena y exembajador de Colombia ante la OEA, tiene que ver con su supuesta participación en las actividades ilegales del hacker Andrés Sepúlveda. Este personaje fue capturado en mayo del año pasado y, tras celebrar un preacuerdo con la Fiscalía, aceptó cargos y fue condenado a diez años de cárcel. Sepúlveda reconoció, entre otros delitos, haber comprado información confidencial a militares y policías para usarla en su momento contra el proceso de paz y las campañas rivales.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Hoyos tenía pleno conocimiento de esas acciones ilegales de Sepúlveda e, incluso, fue más allá al autorizarlo para que accediera al correo electrónico de Francisco Santos cuando este estaba compitiendo con Zuluaga por la candidatura del Centro Democrático a la Presidencia.

Los anteriores son algunos de los argumentos con los que la Justicia planea pedir al exasesor en extradición. La Fiscalía está evaluando dos caminos. El primero es realizar la gestión directamente, es decir, a través del Ministerio de Justicia, la Cancillería, el gobierno de Estados Unidos y la Corte Suprema de ese país. Este es el proceso más corto. Si el ente acusador decide escoger esta ruta, debe presentar la medida de aseguramiento y la orden de captura ante las autoridades de ese país. Así las cosas, tendría respuesta en un tiempo no mayor a cinco meses.

La otra opción es el proceso por intermedio de la Policía Internacional (Interpol), trámite que comenzó el martes pasado al solicitar la circular roja que formaliza la orden de captura fuera de las fronteras. Este proceso es mucho más largo, pues la petición va a las oficinas centrales de Interpol en Francia donde, esa entidad, luego de estudiar el caso, determina si se avala la expedición del documento, lo difunde a los 180 países miembros de esa entidad y, finalmente, hace efectiva la captura.

Si bien desde diciembre Hoyos empezó a tramitar un asilo en Estados Unidos, el proceso apenas está comenzando y generalmente es demorado. El exasesor espera obtener ese estatus tal y como lo consiguieron en su momento el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, y el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. No obstante, la diferencia es que estos dos exfuncionarios comenzaron las gestiones con mucha más anticipación que Hoyos.

El abogado del exasesor apeló la decisión al tiempo que sus antiguos compañeros y algunos integrantes del uribismo rechazaron la medida. Lo cierto del caso es que, en este momento, hay una carrera entre la Fiscalía por acelerar la solicitud de extradición para que comparezca ante la justicia y el acusado que busca tener asilo político para protegerse de lo que considera una persecución.