Luis Alfredo Ramos solicitó a la Corte Suprema revocar su condena de 8 años de cárcel

El exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, presentó un recurso de apelación a la Corte Suprema de Justicia para que revoque la condena en su contra de siete años y 11 meses de prisión. La condena en primera instancia se le impuso a inicios de octubre, cuando el alto tribunal encontró que Ramos sí tuvo vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y recibió apoyo de grupos armados ilegales para sus campañas.

Ramos aseguró que confía en que en segunda instancia se haga justicia y reitera su inocencia. “Presenté ante la Sala de Casación Penal de la Corte, el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia expedido en mi contra. Con la certeza de quien es inocente, radiqué un escrito donde pongo en evidencia las contradicciones e inconsistencias de los testigos que dieron lugar a la decisión de la Sala de Juzgamiento, y diferentes vulneraciones al debido proceso en mi contra”, dijo, y añadió: “confío en que en segunda instancia prevalezcan la justicia, la valoración integral de la prueba y la verdad procesal.”

Cabe señalar que además de los 7 años y 9 meses que deberá afrontar en prisión Ramos, también debe pagar una multa de $7.000 millones y la sanción de inhabilidad de por vida. La condena explica que se da por los delitos de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales.

Lo que explica la decisión es que el exgobernador Ramos recibió dinero del asesinado excomandante del bloque Centauros, Miguel Arroyave. Y se menciona una reunión de finales de 2000 en Medellín en el centro comercial Obelisco y en la que habría participado alias ‘Jota’, del bloque Metro.

La Corte también asegura que en este caso no hay información sobre “los acuerdos a que llegó el acusado con comandantes de grupos de autodefensas, para recibir apoyo económico y en votos en las campañas que adelantó aspirando al Senado y a la Gobernación de Antioquia, a cambio de promoverlos durante el ejercicio de las funciones una vez elegido, como realmente ocurrió cuando se desempeñó como senador, hechos que tuvieron ejecución entre 2001 y 2007″.

La decisión deja claro que Ramos “contaba con la experiencia y preparación para comprender la ilicitud de su obrar, no obstante lo cual se determinó en la comisión de la conducta punible”.

En el documento se leen varios testimonios de jefes paramilitares que dan cuenta de cómo en la región hacían presencia los bloques Cacique Nutibara, Minero, Metro, Bananeros, Elmer Cárdenas, Central Bolívar y el Frente Cacique Pipintá, entre otros. La Corte Suprema también negó la posibilidad de conceder a Ramos prisión domiciliaria.

El fallo que tuvo el apoyo de la magistrada Blanca Barreto y el magistrado Ariel Torres señala que Ramos puso la función pública al servicio de estos grupos paramilitares “con el creciente estado de violencia que se presentó en el departamento de Antioquia y en general de tipo estructural que continúa sumido el conglomerado local, regional y nacional, menoscabando el interés que el Estado busca salvaguardar”.

Por otro lado, la sentencia desvirtuó los argumentos de la defensa del exgobernador sobre la acción de supuestos ‘testigos falsos’, puesto que no faltaron a la verdad, teniendo en cuenta que “coinciden en lo fundamental en los señalamientos contra Ramos Botero por sus coaliciones con las organizaciones al margen de la ley, grupos de los que hicieron parte los testigos, con el fin de promocionarlas y asirse de ellas para obtener sus fines electorales”.