La reaparición de Luis Bernardo Villegas en el escándalo de Odebrecht

Después de su paso por la Alcaldía de Samuel Moreno, el rastro de Luis Bernardo Villegas, exsecretario de Movilidad de Bogotá, se había esfumado del panorama público.

Hasta ahora, el exfuncionario había logrado esquivar la sombra que lo persigue por señalamientos que lo relacionan con supuestamente haber pedido una coima de 7.000 millones de pesos para la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas en 2009. Así lo mencionó el propio exfiscal Juan Vicente Valbuena –quien ya salió del organismo- y lo mencionó en audiencia pública como el hombre que habría solicitado la coima para que el contrato fuera adjudicado al consorcio ITC, integrado por la empresa francesa Soletanche.

Sin embargo, los señalamientos contra Villegas se desvanecieron en un caso que ni siquiera ahora la Fiscalía ha logrado aclarar.

El nombre de Villegas Giraldo volvió a salir a flote la semana pasada por cuenta del anuncio de la Fiscalía de llamarlo a interrogatorio por presuntamente haber participado en los sobornos de Odebrecht en Colombia.

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El nuevo testigo estrella de la Fiscalía en este caso, Federico Gaviria, acaba de mencionarlo como una persona que sirvió a los intereses de Odebrecht como influenciador y lobbista a través de varios funcionarios del área jurídica de la ANI. Primero, indica, ayudó a tramitar el contrato de estabilidad jurídica en favor de Odebrecht en 2012. Y, después, habría prestado sus servicios a la firma brasileña a través de los ejecutivos Éder Paolo Ferracutti y Yesid Arocha para sacar adelante el cuestionado otrosí Ocaña-Gamarra.

Según le dijo Gaviria a la Fiscalía, él coincidió con Villegas en tres o cuatro ocasiones en las cuales le habría manifestado que su función era influenciar en el área jurídica de la Agencia Nacional de Infraestructura para que se aprobaran de forma favorable todos los asuntos que tuvieran que ver con la adición. Por su papel, según le habría manifestado Ferracutti, Villegas habría recibido unos 7.000 millones de pesos.

SEMANA investigó y encontró que después de salir del Distrito, el nombre de Villegas apareció vinculado como representante legal de la firma Inversores Profesionales S en C en Panamá. El espejo de esta firma en Colombia tiene como sede principal Bogotá y está en cabeza de Elisa Marina Denublia Marino. Esta empresa tuvo, por lo menos, cinco contratos con la Concesionaria Ruta del Sol SAS entre 2013 y 2014, que suman 1.336 millones de pesos. 

Entre los objetos de estos contratos aparece la asesoría económica, administrativa y financiera para la ejecución del contrato que haría realidad el tramo 2 de la Ruta del Sol. Este portal pudo constatar que en las facturas de Inversores Profesionales S en C, a través de las cuales se hizo cobro de algunos de estos contratos, aparece relacionado el correo electrónico: lbvillegas@etb.net.co 

Inversores Profesionales S en C es una de las firmas que están bajo la lupa de la Fiscalía porque los contratos firmados con la Concesionaria -conformada por Episol y Odebrecht- no habrían contado con el debido soporte de certificación previo y, además, habría incumplido con las exigencias de ejecución.   

Estos no serían los únicos negocios acordados entre la firma y la concesionaria. SEMANA también conoció el contrato 059 de 2015, suscrito con el objeto de brindar asesoría financiera y jurídica para el proceso de licitación Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó.

Esta obra, que une a Santander con Antioquia, fue entregada en agosto de 2015 al Consorcio Estructura Plural Cintra-Concesia (conformado por Cintra, el fondo de inversiones Ashmore y el grupo local Colpatria) por 1,6 billones de pesos. Aunque Odebrecht no apareció entre los favorecidos, Inversores Profesionales -la empresa de Villegas- recibió por asesorar este proyecto 945 millones según el contrato 059 de 2015.

Este portal se intentó comunicar con Villegas o con los representantes en Colombia de Inversores Profesionales S en C pero no fue posible.

Los pendientes de Villegas

El exsecretario de Movilidad fue sancionado por la Personería de Bogotá con destitución y 11 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos. La decisión fue tomada en septiembre de 2009 con base en las irregularidades que rodearon la contratación del censo de taxis en Bogotá. Según la Personería, no se cumplió con un proceso licitatorio para escoger al contratista que realizaría el censo, ni se hicieron los estudios técnicos para determinar el valor del contrato. 

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En el caso de Tunjuelo-Canoas, el exfiscal Valbuena –quien ya salió del organismo- lo mencionó en audiencia pública como el hombre que habría solicitado la coima de cerca de 7.000 millones de pesos para que el contrato fuera adjudicado al consorcio ITC, del que hacía parte la empresa francesa Soletanche Bachy. "Voy a señalar a la Fiscalía que se trata de Luis Bernardo Villegas", dijo Valbuena cuando realizaba las primeras imputaciones relacionadas con el carrusel de la contratación. Sin embargo, desde entonces, el exsecretario de Moreno no había reaparecido en público hasta que este miércoles la Fiscalía lo ligó con el siguiente gran escándalo de obras de construcción que azotó al país.