El exdirector de la ANI versus el empresario Sarmiento

¿Cómo se debe liquidar un contrato de concesión de una megaobra ganado con un soborno? ¿Cómo se debe diferenciar en la liquidación el tratamiento al concesionario encargado de construir la obra del de los bancos que la financiaron? ¿Y cómo manejar ese asunto cuando un mismo grupo económico participa tanto en la construcción como en la financiación? Esos tres interrogantes en este momento tienen enfrentados al grupo de Luis Carlos Sarmiento con el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade y son uno de los mayores chicharrones que tendrá que resolver el nuevo gobierno.

Para encarar esta situación, sin antecedentes en el país, el gobierno y el sector privado comenzaron a buscar fórmulas para liquidar el contrato de la Ruta del Sol tramo II. En este, el grupo de Luis Carlos Sarmiento tenía el 33 por ciento de la concesión y sus bancos habían financiado buena parte de los 2,4 billones de pesos invertidos en ese proyecto, ahora paralizado. Sin embargo, mientras se definía el tema, el sector financiero encendió sus alarmas y frenó la llegada de recursos a los nuevos proyectos.

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Con la aprobación de la Ley de Infraestructura, a finales del año pasado, el camino parecía aclararse y hubo algunos cierres financieros. Pero tanto Luis Fernando Andrade como el excontralor Edgardo Maya plantearon su desacuerdo con el argumento de que esa fórmula resulta demasiado favorable a los intereses de los concesionarios y de los bancos. El centro de sus críticas es que la forma como quedó aprobada esa norma les permite a estos que la inflación sea contabilizada tanto en los intereses de los bancos como en el valor de las obras, lo cual para ellos es un doble beneficio en desmedro de las finanzas del Estado, y no tiene razón de ser.

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupoa Aval

Para el excontralor Maya se trata de un ‘mico’ que debe ser eliminado y, por eso, a finales de agosto demandó por inconstitucionalidad el artículo 20 de esa ley. Algunos parlamentarios, encabezados por Luis Fernando Velasco, coinciden en la necesidad de una reforma en este sentido.

Por su parte, Luis Fernando Andrade, cuando era presidente de la ANI, aplicó para la liquidación del contrato criterios diferentes de los pactados originalmente. Lo justificó con el argumento de que el Estado tenía la obligación de penalizar a los contratistas que incurrieron en sobornos para ganar licitaciones. Además, agregó que en el contrato original había un grave error: reconocer dos veces el efecto de la inflación, lo que obligaría a hacer pagos a los concesionarios por beneficios no recibidos por el Estado, por más de 400.000 millones de pesos.

Para el Grupo Sarmiento Angulo la fórmula aplicada por Andrade incumplía los términos del contrato. Y en cuanto al argumento de penalizar los sobornos, ellos aclaran que Odebrecht los cometió sin participación alguna del Grupo Aval, de la familia Sarmiento. Ese fue el florero de Llorente que dio pie a un cruce de entrevistas en medios y cartas entre las dos partes, en las que cada uno reiteraba su posición sin que los lectores pudieran entender mucho de qué se trataba.

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En ese rifirrafe cada uno se fue lanza en ristre contra el otro. Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez llegó a insinuar en entrevista con María Isabel Rueda en El Tiempo que Andrade cambió su posición respecto de lo acordado porque “seguramente se vio comprometido... y presentía su salida”. En respuesta, Andrade se declaró perseguido por el poderoso grupo e insinuó que su detención podía obedecer a una retaliación por haber bloqueado esos 400.000 millones de pesos.

Estas dos posiciones enfrentadas han creado una incertidumbre que tiene en el limbo al ambicioso programa de concesiones viales 4G. Parte del suspenso obedece a que no se sabe cuál será la decisión sobre la demanda del excontralor Edgardo Maya. Para él, tal como está la Ley de Infraestructura dejaría abierta la puerta para reconocer como ‘gastos’ las coimas y pagos indebidos hechos en contratos de asociación público-privada. Agrega que de ese modo el Estado colombiano terminaría por reembolsarle a Odebrecht los sobornos que cometió en el país. Cuestiona que, al tener aplicación retroactiva, parece “hecha a la medida” para este caso y recuerda que del delito no puede nacer derecho alguno.

Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI

Representantes tanto del sector financiero como del gobierno afirman que la Ley de Infraestructura hizo retroactivo este pago porque buscaba dar certeza jurídica a este tipo de casos y destrabar los cierres financieros. Además, aseguran que no se puede hablar del reconocimiento de sobornos, puesto que la ley establece criterios claros para reconocer los gastos: deben haber sido ejecutados, estar asociados al desarrollo del objeto del contrato y pagados a condiciones de mercado. En otras palabras, ahí no se pueden meter costos o penalidades que terceros hayan aplicado al contratista, salvo los financieros.

Hasta ese momento, la obra había avanzado en alrededor del 55 por ciento. Algunos observadores independientes de los dos lados del conflicto consideran que el artículo 20 de la Ley de Infraestructura no habla de un doble reconocimiento de la inflación y que, para evitar malas interpretaciones, esto podría arreglarse mediante una buena reglamentación que distinga entre el capital invertido por el concesionario y las deudas del sector financiero. Insisten en que hay que tener en cuenta que en obras inconclusas como estas hay que responderles a los terceros de buena fe, como los trabajadores, los proveedores y los financiadores.

Cuesta arriba

La papa caliente que le ha caído al nuevo presidente de la ANI, Louis Kleyn, comprende los siguientes elementos. 1) La obra tiene hasta ahora un 55 por ciento de avance. 2) El consorcio constructor, del cual forma parte del Grupo Sarmiento, calcula que el valor de las obras a que tiene derecho por los términos del contrato asciende a 3,6 billones de pesos (eso incluye los 2,4 billones de pesos de los bancos). 3) Para la ANI, el valor total de la liquidación estaría más cerca de los 2 billones de pesos, es decir, casi la mitad de lo que calcula el concesionario. Como se ve, la diferencia entre las dos partes es abismal.

Cabe aclarar que la ANI ha hecho algunos pagos a trabajadores, proveedores y al propio sector financiero y hacia finales del año pasado les giró a los bancos alrededor de 800.000 millones de pesos, con lo que la deuda habría bajado hasta 1,6 billones de lo previsto. Pero aunque han efectuado algunos pagos con los intereses corrientes, la deuda con la banca estaría hoy nuevamente es alrededor de 1,9 billones de pesos.

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En esta discusión fuentes del gobierno mencionan la necesidad de diferenciar el pago al concesionario, de la deuda que este tiene con los bancos. En otras palabras, aclaran que la actual legislación tiene en cuenta que en muchos casos el constructor no tiene nexos de ninguna clase con el financiador. Y que, por lo tanto, hay que buscar la salida haciendo abstracción de que en este caso el Grupo Aval tiene una pata en ambas partes.

Luis Carlos Sarmiento, consciente de la dimensión de este enredo, ha dejado saber que estaría dispuesto a renunciar al pago de cerca de un billón de pesos al concesionario siempre y cuando le garanticen que le cancelarán en su totalidad la deuda con sus bancos. Pero Odebrecht se puede atravesar a este ofrecimiento, pues es la dueña del 66 por ciento de la concesión y, por lo tanto, manda.

 La fuerte controversia que hoy tiene frenado el programa 4G muestra que a Odebrecht no le bastó el daño que le hizo al país, sino que aún sigue teniendo la capacidad de bloquear las posibles soluciones. Y que sus efectos van más allá de la Ruta del Sol II y se extienden a la totalidad de las 4G.