NACIÓN
Luis Fernando Almario, un cacique con dos amos
El excongresista recibió apoyo de las FARC y auspició a las AUC para consolidar su poder político en el Caquetá. A esta conclusión llegó la Procuraduría, que lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por 18 años.
“Primero se valió del auxilio electoral del grupo subversivo de las FARC y luego del paramilitar para acceder al Congreso de la República”. Con esta frase, la Procuraduría sintetizó la clave del ascenso político del cacique conservador del Caquetá Luis Fernando Almario. La semana pasada, en un fallo de única instancia que conoció SEMANA, el ente de control declaró la muerte política del excongresista: lo inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos debido a sus nexos con paramilitares.
De acuerdo con el fallo, Almario promovió el fortalecimiento del Frente Andaquíes del Bloque Central Bolívar de las AUC. Lo insólito es que antes de que llegaran los paramilitares, ya había recibido el apoyo de la guerrilla. Sin embargo, la Procuraduría se abstuvo de sancionarlo por sus nexos con las FARC, pero no porque lo halló inocente, sino porque ese proceso ya prescribió. El ente de control dejó claro en el fallo que el excongresista favoreció a los dos grupos ilegales pese a la virulenta guerra por el territorio y por el negocio del narcotráfico. Así no solo mantuvo su curul en la Cámara de Representantes desde 1998 hasta 2008, sino que se consolidó como el barón electoral del Caquetá.
Uno de los capítulos más escabrosos de la historia política de ese departamento fue cuando a finales del 2000 la temida columna Teófilo Forero de las FARC asesinó a Diego Turbay Cote y seis personas más, entre ellas su mamá, Inés Cote de Turbay, que iban a un acto político. Las denuncias por la masacre de toda esa familia, que representaba al liberalismo de la región, apuntaron a Almario. Según varios testimonios de guerrilleros como Gerardo Aguirre Ballesteros, Lucas Medina y Fernando Bahamón, Almario convenció a las FARC de que los Turbay habían llevado a los paras a la región y por eso Hernán Darío Velásquez, alias ‘el Paisa’, dio la orden de asesinarlos. Sin embargo, otros testimonios dan cuenta de que el grupo guerrillero concluyó que Almario lo traicionó y que realmente fue él quien facilitó la llegada de los paras.
En 2008, la Corte Suprema de Justicia llamó al excongresista a juicio. Pero él renunció a su fuero y el caso pasó a la Fiscalía. Desde entonces, tutelas, habeas corpus, la declaración de nulidad de las actuaciones de la justicia en el proceso, solicitudes de traslado a Florencia, entre otras estrategias dilatorias, han retrasado una sentencia sobre la presunta participación de Almario en el crimen. Además, los fiscales que han investigado el caso han tenido toda suerte de dificultades, entre ellas, el hecho de que van más de 40 testigos muertos a lo largo del proceso.
Hace más de un año el columnista Daniel Coronell reveló un video que podría ser la prueba reina de la participación de Almario en la masacre. Dos jefes guerrilleros activos, Mauricio Gareca y Rubén Polanco, aseguran ante una cámara que Almario les dio información clave para el exterminio del ‘turbayismo’. Los guerrilleros también admiten que secuestraron y mataron a Rodrigo Turbay, tres años antes de la masacre, después de que Almario les confirmó que se estaba apropiando de un contrato de una carretera.
En julio pasado, Almario fue detenido por el CTI pero por parapolítica. Los mismos testimonios a los que la Procuraduría les dio validez, en los que José Hernán Sena, alias ‘Nico’ y Carlos Fernando Mateus, alias ‘Paquita’, dieron cuenta del apoyo político y económico que le suministraron, podrían condenarlo. Los ‘paras’, según el fallo, protegieron a Almario y a sus pupilos políticos, entre los que se cuenta el exgobernador Juan Carlos Claros, su hermana Nelcy y algunos alcaldes. A cambio, tenían injerencia en el manejo de los recursos del departamento. Esa relación se mantuvo, incluso, después de que los grupos paramilitares se desmovilizaron, pues sus estructuras mantuvieron la actividad delictiva a través de las bandas criminales.
No obstante, por la presunta relación de Almario con las FARC todavía no hay un pronunciamiento de fondo. Por eso, la parte civil ha pedido que el exterminio de los Turbay sea considerado un genocidio político para que el proceso no prescriba.
El fallo de la Procuraduría, aunque solo sea disciplinario, sienta un precedente valioso. No solo es la primera vez que un ente de control le impone una sanción a Almario, sino que explica cómo pasó de servirle a la guerrilla a hacer pactos con paramilitares. Y además arroja luces sobre cómo fue el contubernio entre grupos criminales y la política de esa región.
