Luis Fernando Almario fue clave para que las Farc se tomaran el poder político: La acusación de la JEP por delitos de lesa humanidad

El excongresista liberal Luis Fernando Almario Rojas se convirtió este lunes en la primera persona en ser acusada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por delitos de lesa humanidad de persecución. El documento fue presentado por la Unidad de Investigación y Acusación.

El exparlamentario, quien fue señalado del crimen del secuestro y asesinato de cuatro integrantes de la familia Turbay Cote, el cual fue ejecutado por la guerrilla de las Farc el 29 de diciembre del año 2000, deberá responder por 30 conductas delictivas.

Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, detalló este lunes que el exrepresentante a la Cámara se juntó con el Bloque Sur de las Farc para apropiarse del poder político en el departamento del Caquetá.

“Era el líder de un entramado político que se apoderó junto con el Bloque Sur de las Farc del poder político en el Caquetá”, aseguró Álvarez Santoyo.

“Lo que ocurrió en el Caquetá no puede ”

Por esto, inició una guerra en contra de la familia Turbay Cote, la más reconocida y poderosa de la región buscando su aniquilamiento. De esta forma planearon y ejecutaron el homicidio de Diego Turbay Cote (quien era el presidente de la Comisión de Paz del Senado); su madre, Inés Cote de Turbay; Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos.

Para la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Almario fue clave para que las FARC se tomaran el poder político en el departamento. Almario fue más allá puesto que se alió también con los paramilitares para alcanzar sus objetivos políticos. “Por la parapolítica él ya se encuentra condenado”.

“Luis Fernando Almario fue clave para lograr un objetivo que se había trazado las Farc a través de la Séptima y Octava Conferencia. Esto es la toma del poder político a través de todos los medios”, aclaró el presidente de la Unidad. “Hecho que lograron en el departamento del Caquetá en ese momento histórico entre 1993 y 2002”.

Estas acciones, reseñó, tuvieron unas consecuencias políticas graves para la toma del poder por vías ilícitas. “Esto no puede volver a ocurrir en este país. Los alcaldes, gobernadores, concejales, representantes a la Cámara, los diputados, no deben llegar a estas corporaciones por acuerdos entre políticos y miembros de grupos al margen de la ley. Es grave para la democracia, para el país y para cualquier lugar del mundo”.

El dirigente político habría estado detrás de los homicidios de seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador, así como de tres periodistas, un arquitecto, dos conductores y cuatro escoltas. Así como en el secuestro de un congresista, un alcalde y un concejal.

“Quiero destacar la importancia de la participación de las víctimas en el proceso y la investigación. Sin la participación de ellas tal vez ni hubiésemos podido entender la gravedad de lo que ocurrió en el Caquetá, ni hubiéramos podido establecer la dimensión del daño de este conglomerado de familias sino la sociedad caqueteña en consecuencia al actuar de Luis Fernando Almario y el Bloque Sur de las Farc”, agregó.

Habría estado además en casos de desplazamiento forzado de dos periodistas, una delegada de la Registraduría Nacional, un candidato a la Alcaldía de Puerto Rico (Caquetá), un concejal de Florencia (Caquetá), un escolta y un conductor de la familia Turbay Cote.

Por estos hechos, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz pedirá la máxima pena que son 20 años de cárcel.

El 8 de octubre de 2021, la JEP rechazó el sometimiento de Almario por su ausencia de reconocimiento de responsabilidad y un insistente alegato de inocencia por los graves hechos que se le atribuyen. El expediente pasó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción.