| Foto: León Darío Peláez

NACIÓN

Caso Odebrecht: Luis Fernando Andrade denuncia persecución de la Fiscalía

A través de una carta el expresidente de la ANI dice que le "han imputado cargos sin ningún fundamento" y acusa al ente investigador por "la parcialización que favorece intereses contrarios a los de la nación".

11 de agosto de 2018

El expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, quien está en prisión domiciliaria en un proceso que se le sigue por el escándalo de sobornos de Odebrecht, denunció este fin de semana que la Fiscalía le ha imputado cargos "sin ningún fundamento" por este caso.

"Me preocupa (...) la infundada persecución de la Fiscalía y la parcialización que favorece intereses contrarios a los de la nación. En (la obra) Ruta del Sol II me han imputado cargos sin ningún fundamento, como ya se ha demostrado por testimonios rendidos bajo juramento en la Corte Suprema, Procuraduría y Fiscalía", afirmó el exfuncionario. 

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La misiva, que divulgada por el exdirector de la ANI en sus redes sociales, fue publicada dos días después de que la Fiscalía anunció que le imputará nuevos cargos por "interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales" como parte de una investigación por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en el país.

Y es que al proceso contra el exdirector de la ANI le salió una nueva pata. Sin que se defina aún su responsabilidad en las irregularidades alrededor de la adjudicación de la Ruta del Sol II, la Fiscalía lo llamará a una nueva imputación de cargos por otro tema. Se trata de una obra contratada en el marco de la Ruta del Sol III, el mismo contrato que tiene tras las rejas a Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos.

Andrade será acusado por la adición en el contrato de la Ruta del Sol III, a cargo de Yuma Concesionaria S.A., liderada por la empresa Salini Impregilo Spa sucursal de Colombia, así como por supuestamente favorecer la adjudicación del "otrosí número 5 del contrato", que contenía "los estudios y diseños para la construcción de Puente Plato, en el departamento de Magdalena".

La Fiscalía ya le había imputado cargos al exdirector de la ANI el año pasado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos de la concesión de la Ruta del Sol II. El ente acusador considera que Andrade habría jugado un papel importante en la consecución de contratos por parte de Odebrecht, específicamente en el tramo Ocaña-Gamarra, contrato por el cual, supuestamente, la multinacional brasileña pagó un soborno de 4,6 millones de dólares a través del exsenador Otto Bula.

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"Yo siempre luché a favor de los intereses de Colombia y estuve al margen de los pagos ilegales que se aproximan a la escandalosa cifra de 50 millones de dólares. Nadie se atrevió a ofrecerme sobornos porque sabían que los denunciaría de inmediato", resaltó Andrade en la misiva.

En ese sentido, el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura señaló que "decenas de personas que participaron en los procesos de decisión de los contratos rindieron testimonio bajo juramento" y declararon que "él siempre tomó decisiones en el mejor interés del país y en el marco de la ley".

Para Andrade, las acusaciones de la Fiscalía están basadas en "un testimonio de un exfuncionario de la ANI sin poder de decisión que estaba secretamente al servicio de los corruptos". "Según la propia Fiscalía, (el funcionario) mintió bajo juramento, recibió dinero de los corruptos e intimidó a un testigo. Es un testimonio falso, sin ninguna prueba documental que lo ratifique, y que dio para beneficiarse en un cuestionable principio de oportunidad", añadió.

Según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África, entre ellos Colombia, donde habría entregado más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014.

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Sin embargo, la Fiscalía señaló luego que las coimas que presuntamente pagó Odebrecht en Colombia fueron de 84.000 millones de pesos (unos 27,7 millones de dólares) y no 11,1 millones de dólares, como indicó en principio el Departamento de Justicia de EE.UU.

*Con información de EFE