Luis Fernando Andrade le responde a Vicky Dávila

En su columna “Santos y Ruta del Sol”, publicada el pasado 4 de agosto, la periodista Vicky Dávila salta a una serie de conclusiones basándose en apartes de una conversación telefónica tomados fuera de contexto. Según sus conclusiones, yo sería parte de un “contubernio… para que todos los intervinientes marcharan en la misma línea, la del menor daño posible a los contratistas (Odebrecht y Grupo Aval, los socios de Ruta del Sol, Sector 2)”. Nada puede ser más lejano de la verdad.

Primero, la demanda de nulidad por causa ilícita que adelantó ante el Tribunal de Arbitramiento la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en febrero de 2017, siendo yo su presidente, era lo que exigía la ley. La razón es que a partir de enero de 2017 ya se tenía certeza que el contrato había sido obtenido a través de un soborno. Además, la nulidad era la alternativa con las consecuencias más severas para el concesionario. En efecto, al lograrse la declaratoria de nulidad, el concesionario (i) solo recibía de la ANI el reembolso por las obras realizadas que efectivamente beneficiaban al país, sin reconocerle utilidad alguna y (ii) perdía los derechos adquiridos a través del contrato para buscar compensaciones por sobrecostos e imprevistos (conceptos por los cuales ya había presentado reclamaciones a la ANI por más de 750 mil millones de pesos).

Ver: El coletazo de Odebrecht luego del veredicto arbitral

El laudo del Tribunal del pasado 6 de agosto da la razón a nuestra demanda de nulidad y es bastante claro en estos aspectos. Gracias a ese laudo, el Estado colombiano se ahorró cerca de 2 billones de pesos con relación a las pretensiones de los socios de Ruta del Sol. El Estado se ahorró 750 mil millones en las reclamaciones ya mencionadas, 530 mil millones por la eliminación del reconocimiento de utilidades que ya habían sido repartidas como dividendos y el resto en otros ajustes en la valoración de las obras y los interesas cobrados.

Segundo, es obvio que desde la ANI mantuvimos conversaciones con la Procuraduría, la Agencia de Defensa Jurídica y la Superintendencia de Industria y Comercio, así como con otras entidades del Estado. Lo hicimos porque considerábamos necesario tener coherencia en las acciones del Estado para cuidar los intereses de los colombianos: (i) reanudar el proyecto cuanto antes, (ii) proteger los recursos del Estado, (iii) proteger los actores de buena fe y (iv) castigar a los corruptos. El hecho de que se hayan dado conversaciones no significa que no se haya respetado la autonomía de las diferentes entidades y que las mismas no hayan actuado con base en su mejor criterio.

Por ejemplo, la Procuraduría instauró una Acción Popular para proteger la moralidad pública, proteger a los actores de buena fe, proteger los recursos del estado y obligar a los contratistas a pagar los perjuicios causados por sus actos de corrupción, entre otros importantes objetivos. Como consecuencia de esta demanda, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dicto una serie de medidas cautelares, inhabilitó a los socios de Ruta del Sol a contratar con el Estado y condenó a los contratistas a indemnizar al Ministerio de Transporte por una cifra cercana a 800 mil millones de pesos, marcando un hito en la historia de contratación pública en el país.

Pero no siempre estuvimos de acuerdo con la Procuraduría. Por ejemplo, la Procuraduría inicialmente pidió unas medidas cautelares que la ANI no podía cumplir. Por eso fue necesario explicarle a la Procuraduría cuales eran nuestros objetivos, nuestras restricciones, y como las medidas pedidas ante el Tribunal podían ser modificadas para que fueran cumplibles y efectivas.

En paralelo, la Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación sobre la violación de las normas de competencia en la licitación de Ruta del Sol, Sector 2. En la ANI nos preocupaba que las acciones de la Superintendencia fueran en contravía de los objetivos del Tribunal de Arbitramento. Al final, la Superintendencia tomó las decisiones que consideró pertinentes.

En conclusión, no siempre estuvimos de acuerdo. Pero, tras haber enriquecido con esas conversaciones el análisis por parte de cada entidad del Estado, las tres actuaron autónomamente en lo que cada una consideró era de su fuero de competencia.  La buena comunicación contribuyó a desarrollar los argumentos que acogieron los tribunales y árbitros en la defensa de los colombianos.

Tercero, es verdad que en el primer semestre de 2017 buscamos una conciliación para (i) recuperar el control de las obras, (ii) terminarlas cuanto antes y (iii) liquidar las cuentas con los actores de buena fe, como lo pedía la Acción Popular de la Procuraduría. A través de este acuerdo se lograron varios objetivos: tomar control de las cuentas de la Fiducia que tenían los recursos de los peajes, asegurar el mantenimiento de la vía, pagar la liquidación de los empleados y hacer los pagos a proveedores no relacionados a los socios de Ruta del Sol.

Todo esto se hizo para reducir los efectos negativos de los actos de corrupción, siempre con el compañamiento de la Procuraduría, la Agencia de Defensa Jurídica y la interventoría. Sin embargo, no se logró un acuerdo que fuera en interés del Estado por el valor total de la liquidación, que de todas formas estaba sujeto al peritaje de la interventoría. Yo mismo le notifiqué al Tribunal de Arbitramento la imposibilidad de esa conciliación en junio de 2017.

Cuarto, según la columna el suscrito habría tratado de evitar la caducidad para proteger al Grupo AVAL. La verdad es que no podíamos declararla. El Tribunal de Cundinamarca, dentro de la Acción Popular, ordenó suspender el contrato y luego la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó su terminación. La caducidad no se podía declarar una vez suspendido y luego terminado el contrato. Ambas decisiones se tomaron para proteger la moralidad pública, tan solo unas semanas después de las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht ante la Fiscalía.

Por cierto, cuando yo estaba como su director encargado, Cormagdalena declaró la caducidad en otro contrato de Odebrecht, el contrato de Asociación Publico-Privada de dragado del rio Magdalena. No pedimos la nulidad porque los ejecutivos de Odebrecht no confesaron haber pagado sobornos en esa licitación. Y aunque tuvo consecuencias negativas para Odebrecht y sus socios, ellas no fueron tan severas como las que están sufriendo ahora los socios de Ruta del Sol, Sector 2, como consecuencia de la declaración de nulidad por causa ilícita.

Yo siempre actué en función de los mejores intereses del Estado y creo haber hecho una contribución importante al país. Lideré la creación y desarrollo de la ANI, una entidad considerada como referente a nivel internacional. También lideré la estructuración y adjudicación de un gran numero de proyectos que el país necesita para salir de su ancestral atraso en infraestructura. Por cierto, nunca he sido parte de un partido ni he participado en campañas políticas. Trabajé toda mi vida en el sector privado y quise contribuir mi experiencia al sector público al final de mi carrera profesional. Por esa razón no he tenido ningún reparo en reconocer el gran esfuerzo que está llevando a cabo la actual administración para resolver los problemas que han aparecido en la ejecución de los proyectos y asegurar que lleguen a feliz término. Muchos de estos problemas, por cierto, se han generado por la desconfianza creada por los sobornos en Ruta del Sol, Sector 2.

En la ANI creamos mecanismos para generar transparencia en el difícil mundo de la contratación de infraestructura y enfrentamos intereses indebidos de particulares, sin tener en consideración su importancia en el mundo económico y político. Nuestras acciones para proteger los intereses del Estado en Ruta del Sol, Sector 2, permitieron los logros que se están materializando ahora, más de dos años después. Nunca imaginé los grandes riesgos que estábamos corriendo mi familia y yo como consecuencia.