Luis Gonzalo Gallo, testigo en despojo de tierras en Urabá, declaró ante la JEP

Ante la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, en el marco del Caso 04 que hace referencia a la ‘Situación territorial de la región de Urabá' durante el conflicto armado interno. Esta declaración es clave para conocer cómo fue el proceso de despojo de tierras por parte de los paramilitares, que generó un desplazamiento masivo en la zona en las décadas de los ochenta y los noventa.

Gallo, quien fue asesor financiero e integrante de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba (FCG), tiene conocimiento de primera mano sobre la compra de tierras por precios irrisorios ejecutada por la Fundación para la Paz de Córdoba (Fundapazcor), liderada por Sor Teresa Gómez, hermanastra del denominado Clan Castaño, conformado por Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil.

En la diligencia judicial, según se pudo establecer, la magistrada Nadiezhda Henríquez le recordó que debido a su sometimiento a esta justicia especial debe aportar la verdad plena sobre los hechos de los que fue testigo y partícipe en la región del Urabá.

Gallo tiene un proceso en la justicia ordinaria por los delitos de concierto para delinquir agravado, destrucción y apoderamiento de bienes protegidos, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil. Todo esto por participar en las actividades ejecutadas por los paramilitares con el aval de empresarios y ganaderos de la zona.

El empresario también es investigado por lavado de activos, por la compra masiva de tierras en la región de Tulapas, en Turbo, San Pedro de Urabá y Necoclí (Antioquia).

El caso por el que se sometió Gallo Restrepo tiene una relación directa con los hechos que ya narró el exgobernador encargado de Córdoba y expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba Benito Osorio Villadiego.

En su sometimiento, Gallo se comprometió a entregar información y documentación sobre la forma en cómo se despojaron las tierras con el apoyo de los grupos paramilitares. Como participe directo de este caso se comprometió a dar actas, documentos, estados financieros y declaraciones y pruebas del papel del Fondo Ganadero de Córdoba.

El caso 06 de la JEP “prioriza la situación territorial a partir de hechos del conflicto armado ocurridos en la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó, presuntamente cometidos por miembros de las Farc-EP, fuerza pública, agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles; desde el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016.

El nombre del empresario también aparece vinculado al proceso contra el exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino. El oficial habría presionado, en febrero de 2014, a la fiscal para que suspendiera la orden de captura en contra de Gallo y otros 14 integrantes del Fondo Ganadero de Córdoba por presuntamente haber despojado de tierras a campesinos. Tanto Palomino, como quien fuera en ese momento director de la Dijín, el mayor Jorge Enrique Rodríguez, habrían acudido a la casa de la fiscal para presionar que no se hiciera la captura, un hecho que investiga la Corte.

En el escrito de acusación se advierte que el general Palomino “utilizó indebidamente influencias derivadas del ejercicio del cargo y de la función sobre la fiscal delegada ante los jueces penales del Circuito, entonces adscrita a la Unidad de Análisis y Contexto, Sonia Lucero Velásquez, con el fin de que esta cancelara la orden de captura que había expedido contra el ciudadano Luis Gonzalo Gallo Restrepo”.

Según la versión de Velásquez, en esa visita se habría intentado frenar justamente la captura del empresario. Ahora bien, el general (r) Rodolfo Palomino señala que él sí hizo la visita, pero fue con la intención de expresarle apoyo y respaldo en la operación que se adelantaba en ese momento y que todo obedece a una especie de mala interpretación. O al menos, esa es la explicación que le dio a la Corte. De hecho, insiste en que fue él mismo quien estuvo al frente del operativo de captura de Gallo, por lo cual no se le puede señalar de ninguna irregularidad por este caso, siendo eso precisamente lo que debe investigar entonces el Alto Tribunal.