Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes, exgobernadores del Magdalena, fueron imputados por el millonario desfalco al departamento

Este martes, la Fiscalía General les imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado a los exgobernadores del Magdalena, Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes de Zúñiga, por las irregularidades en la celebración en cinco contratos avaluados en 457 mil millones de pesos.

Este proceso tiene relación con el denominado ‘Robo al Magdalena’, en el que se destaca las entrega “caprichosa” de los contratos celebrados entre el 2013 y el 2019. La Fiscalía sostiene que 74.779 millones de pesos de esos convenios ya se perdieron o quedaron en manos de terceros.

La investigación reveló que el 4 de octubre de 2013, Luis Miguel Cotes, siendo Gobernador, suscribió un contrato para el mejoramiento de la vía Palermo – Sitionuevo – Remolino – Guáimaro (Magdalena), por un valor superior a 432.010 millones de pesos, en medio de lo que serían incrementos patrimoniales sin sustento, y posibles anomalías en los estudios previos y la estructuración del presupuesto.

Mientras que su sucesora, Rosa Cotes de Zúñiga, celebró varias adiciones al contrato original entre septiembre de 2017 y octubre de 2019, que significaron más recursos para el constructor.

Para el ente investigador, los exmandatarios habrían generado al departamento millonarias pérdidas económicas que configurarían un peculado que asciende a más de 73.109 millones de pesos. Finalmente, está acreditado que la denominada ‘Vía de la Prosperidad’ pasó de ser un corredor de 52 kilómetros a un proyecto de apenas 18 kilómetros. Es decir, se ejecutó el 34% de lo planeado.

En el caso de Rosa María Cotes de Zúñiga, gobernadora de Magdalena para el periodo 2016 – 2019, tramitó y celebró tres contratos para la implementación de las normas internacionales de contabilidad, por valor de 1.023 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que el trámite contractual se hizo de manera directa y sin concurso de méritos. También se constató que la empresa contratada se habría apartado del objeto definido y se limitó a realizar una consultoría.

Por estos mismos hechos de corrupción, la Fiscalía General tiene pendiente una imputación de cargos contra el exalcalde de Santa Marta y actual gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, por un presunto peculado que se acerca a los 1.670 millones de pesos. El ente investigador solicitará que sea cobijado con detención domiciliaria puesto que como mandatario actual es jefe administrativo y contractual, y principal ordenador del gasto público.

La imputación tiene relación posibles falsedades documentales, y varias inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato de obra del 30 de diciembre de 2014, que contempló la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino. En la investigación se determinó que el proyecto fijó un valor inicial de 10.044 millones de pesos, pero recibió adiciones por encima de los 5.000 millones de pesos. Asimismo, se estableció que el plazo previsto de cinco meses se amplió a tres años.

La Fiscalía imputará al Gobernador los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. El 1 de abril de 2015, fue suscrito un contrato para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en Santa Marta. El valor definido en su momento fue de 6.954 millones de pesos; sin embargo, las evidencias indican que se habría presentado un peculado de más de 979 millones de pesos, representado en sobrecostos.

Este contrato no ha sido liquidado y las obras, al parecer, fueron suspendidas en 2018. En las verificaciones se conoció que se reanudaron a finales de diciembre de 2022. En este frente investigativo el exalcalde y actual gobernador de Magdalena será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravada.

La Fiscalía identificó presuntas inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato suscrito el 28 de octubre de 2015, por valor de 2.682 millones de pesos, y cuyo objeto era la adecuación del Coliseo de Gaira. En la investigación fue detectado un posible peculado de 690 millones de pesos, materializado en sobrecostos. Asimismo, se constató que, trascurridos más de siete años, el escenario no ha sido entregado en condiciones adecuadas, se encontraría en deterioro e inutilización.

Por estos hechos, el entonces alcalde, Carlos Caicedo Omar, será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.