Mano derecha de Martínez en Presidencia aceptó cargos en caso Odebrecht

Antes de que Néstor Humberto Martínez renunciara a la Fiscalía, se radicó en total hermetismo una solicitud que en apariencia comenzaba a desenredar uno de los grandes misterios de la corrupción de Odebrecht en Colombia. El 24 de abril, fiscales pidieron pista ante los jueces de Paloquemao para imputarles cargos al abogado de Odebrecht, Yesid Arocha, y al exasesor del Ministerio de Comercio, Luis Miguel Pico Pastrana.

A pesar de que ambos están salpicados en varios capítulos judiciales, los hechos con los que se estrenaron ante la justicia están relacionados con la forma turbia en que el Consorsio Ruta del Sol 2 –cuyos socios mayoritarios son Odebrecht y Corficolombiana– consiguió la firma de un contrato de estabilidad jurídica con el Gobierno. Su suscripción era clave porque garantizaba que se mantuviera por 13 años la aplicación la normas del 2012 en materia de impuesto al patrimonio; el beneficio venía asociado a las obras de ejecución del contrato de construcción de la Ruta del Sol II, licitación cuyo valor ascendió a los 2,5 billones de pesos. 

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Por dos años, (del 2010 al 2012) el encargado de pedalear este contrato fue Néstor Humberto Martínez, apoderado de la Concesionaria Ruta del Sol 2. Años después se vino a conocer que por un lado trabajaba el abogado Martínez Neira, y por otro los lobbistas de Odebrecht, estos últimos repartieron coimas que alcanzaron los 4.000 millones de pesos. Van cuatro ventiladores que confirman la versión de la repartija de sobornos en el Gobierno y el Congreso: Otto Bula, Federico Gaviria, Gabriel Dumar y Bernardo ‘Ñoño‘ Elías. Incluso el Ñoño ya fue condenado por este caso previa aceptación de cargos. 

Martínez Neira, quien fue fiscal general desde agosto de 2016 y hasta el mes pasado, ha confirmado haber sido representante de la firma para sacar adelante el contrato y ha asegurado que fue la Fiscalía la que hizo público el presunto pago de coimas por 4.000 millones de pesos. "Aunque, aclaro, yo no soy el fiscal del caso”, dijo en entrevista concedida al diario El Espectador. En efecto, las pistas sobre esta coima fueron anunciadas por la vicefiscal María Paulina Riveros en diciembre del 2017. Y la de Pico es la primera cuenta de cobro que pasa la Fiscalía.

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Sin ninguna publicidad, el exviceministro Luis Miguel Pico fue citado el pasado 21 de mayo ante el juzgado 49 de Control de Garantías y allí cambió la versión que hasta ahora había sostenido públicamente. En vez de presentar sus declaraciones de renta y asegurar que los señalamientos en su contra son un error, terminó por aceptar el cargo por el delito de cohecho impropio que le imputó la Fiscalía. 

Para el momento en que ocurrieron los hechos que investiga el caso, es decir, los intríngulis del contrato de estabilidad jurídica, a finales del 2012, Pico era el Secretario Privado del exministro de Comercio Sergio Díazgranados. Antes había sido asesor en la Unidad de Trabajo Legislativo de la congresista Zulema Jattin; después, fue asesor de la presidencia del Partido de La U, entre el 10 de octubre del 2013 y el 6 de octubre del 2014. Al otro día, el 7 de octubre de ese año, Martínez Neira lo nombró en la Casa de Nariño. Era el encargado de manejar todas las conexiones del entonces Súperministro con el Congreso, fue posesionado como el director de asuntos políticos (ver decreto). Una vez salió de Palacio fue posesionado como viceministro del Ministerio de Agricultura.

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A pesar de que la página web de la Rama Judicial registra que Pico no admitió responsabilidad alguna por este caso, SEMANA pudo confirmar que sí hubo allanamiento a cargos y a su caso solo le resta la tasación de sentencia. Quien fue uno de los hombres más cercanos a Martínez Neira y el entonces ministro de Comercio admitió haber recibido 50 millones de pesos de parte de Bernardo Miguel Elías para darle a cambio información sobre los avances en el Ministerio de Comercio del contrato de estabilidad jurídica.

Esta fue la versión que el Ñoño le entregó a la justicia y sin que Pico aporte ningún dato adicional al asunto recibirá la rebaja del 50 por ciento de la pena. De acuerdo al Código Penal, su sentencia podría ir entre 2 y 8 años de cárcel, que reducidos a la mitad por aceptación anticipada convierten su castigo penal en excarcelable. Esta fue la razón por la cual el mismo 21 de mayo la Fiscalía retiró la solicitud de medida de aseguramiento intramural y Pico fue enviado a detención domiciliaria.

En lo que concierne a Yesid Arocha, la justicia lo citó a imputación de cargos para el próximo 25 de junio; la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento por el delito de cohecho. Sin embargo, antes de requerirlo primero tendrán que resolver cómo tramitar su traslado desde Brasil, país en el que se refugió desde hace semanas y con el que no existe un tratado de extradición.

Pico logró un acuerdo con el que asume responsabilidad y se evita un juicio en el que podrían aparecer otros resposables o nuevas situaciones irregulares. Aún tiene investigaciones andando por supuestas coimas que se pagaron a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos y por presuntas irregularidades en la forma en que se estaba tratando de negociar la cesión del contrato de ingeniería para la navegación del río Magdalena a cargo de una firma portuguesa. No obstante, ni su sentencia, ni los cuatro testimonios que tiene la justicia parecen aclarar todos los nubarrones que persiguen el millonario contrato de estabilidad jurídica.

¿Quiénes recibieron dineros de corrupción por este contrato, por qué gestión y quién pagó? ¿Qué llevó a que los ejecutivos brasileños se abstuvieran a hablar del contrato de Estabilidad Jurídica cuando habían delatado coimas de más valor? ¿Por qué este contrato –que si bien ya no surte efectos actualmente– no ha sido demandado para su nulidad ni por las partes ni por la Procuraduría? ¿El Estado se abstendrá de reclamar lo que podrían ser millonarios reintegros de impuestos a la Dian? ¿Por qué las negociaciones de ninguno de los cuatro delatores y a la vez implicados están marchando en la justicia? Esas son algunas de las preguntas que siguen sin respuesta al cabo ya de tantos años. 

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El impedimento que nunca llegó 

A pesar de que los opositores de Néstor Humberto Martínez pidieron desde el día número uno del escándalo de Odebrecht que se declarara impedido por haber sido abogado del grupo Aval, de Consorcio Ruta del Sol y de Luis Carlos Sarmiento Angulo, las peticiones de Martínez para apartarse de la investigación del megaescándalo dan la sensación de haber llegado de manera tardía a la Corte Suprema de Justicia.

Martínez admitió el 12 de febrero de 2017, en pleno destape del escándalo de Odebrecht en Colombia, que fue contratado en el año 2012 por la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol SAS para tramitar una petición ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo relacionada con conseguir la suscripción del contrato de estabilidad jurídica. En realidad, Martínez Neira fue contratado en 2010 por el representante legal de la concesionaria, Marko Harasic. Así se desprende del documento con que Harasic le otorgó poder al abogado Martínez.  

En el debate de control político contra Martínez en el Congreso, el senador Gustavo Petro señaló que por este contrato le pagaron a Martínez Neira 30 millones de pesos mensuales y 50 millones como cuota de éxito. Harasic fue reemplazado por el portugués Éder Paolo Ferracuti, quien tiene orden de captura en Colombia y pedalea un principio de oportunidad.

En esta labor, Ferracuti y otros dos ejecutivos –Amilton Ideaki Sendai y Marcio Marangoni– tocaron la puerta de la Fiscalía en mayo de 2018 para llegar a un acuerdo. Esta petición de principio de oportunidad hizo que Martínez Neria se declarara impedido ante la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, el entonces fiscal general no mencionó en su solicitud la necesidad de apartarse de la negociación por haber trabajado para Ferracuti, cuando él fue el representante legal del consorcio y sacó adelante el contrato de estabilidad jurídica. Martínez Neira tampoco informó sobre Pico, quien resultó haber prestado sus servicios a favor de los "buldóceres", como les llamaban a los congresistas capaces de mover los intereses más oscuros de Odebrecht en el Congreso. Con relación a Pico no se dijo nada a la Corte Suprema.

De otra parte, llama la atención que pese a que trabajaron por el mismo propósito –Néstor Humberto Martínez Neira, como apoderado del consorcio, y Otto Bula y Federico Gaviria, como lobistas– en ningún interrogatorio de la Fiscalía a los ‘ventiladores’ del caso se les ha interrogado sobre el rol del abogado Martínez. Cabe recordar que el preacuerdo que pretende conseguir Federico Gaviria dependió de la Fiscalía, directamente del despacho del fiscal Daniel Hernández hasta el pasado mes de diciembre, cuando la Corte Suprema de Justicia lo envió a la Fiscalía ad hoc quien alcanzó a acusarlo por cuatro delitos. Ahora, con la salida de Néstor Humberto Martínez es probable que el caso regrese a manos de Hernández.

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En cuanto a Bula, el otro gran delator de Odebrecht en Colombia, su abogado defensor aseguró a SEMANA que existe un protocolo de negociación en el que la Fiscalía se comprometió a negociar un “principio de oportunidad por el delito de lavado de activos a cambio de inmunidad penal”. No obstante, esta parte de la negociación –que habría obligado a que el exfiscal Martínez se declarara impedido– permanece en el búnker, congelado, desde hace dos años. Es decir, durante los últimos años, la Fiscalía mantuvo el toro por los cuernos.