Madres cabeza de familia podrán pagar sus condenas con trabajo comunitario

Las cárceles del país enfrentan un complejo hacinamiento que constantemente pone en evidencia la Defensoría del Pueblo. Ante esto, el senador Rodrigo Lara Restrepo lideró una iniciativa en el Congreso que busca descongestionar, en parte, el nivel de ocupación: un proyecto de ley que permite que las mujeres cabeza de familia que no hayan sido condenados por hechos violentos o que generen peligro para la sociedad puedan purgar sus condenas con trabajo comunitario desde sus viviendas.

El proyecto fue aprobado por el Congreso y pasó a sanción del presidente Iván Duque. Lara argumentó su iniciativa con las propias cifras del Inpec, que confirman que en 33 años la población femenina en los penitenciarios del país creció más de 400 por ciento, pues se pasó de 1.500 reclusas en 1991 a 6.954 en 2021.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, la Universidad Javeriana y el Centro de Investigación y Docencia Económica de México realizaron un estudio que concluyó que, del total de las mujeres condenadas actualmente en Colombia, el 75 por ciento son madres cabeza de familia y el 53,4 por ciento está condenadas por delitos menores en los que incurrieron por sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Ante esto, Lara se motivó a presentar esta iniciativa, aprobada el 18 de junio. “La iniciativa fue conciliada y probada por ambas cámaras del Congreso y ahora se encuentra a la espera de sanción presidencial”, expresó Lara, quien hace dos años buscó la aprobación del mismo.

Las mujeres que se beneficiarían de la ley deberán cumplir algunos requisitos establecidos, entre ellos, ser madre cabeza de familia, es decir, responder económicamente por sus hijos, no tener antecedentes penales dentro de los cinco años anteriores al delito, ser condenadas a penas menores o iguales a los seis años, no haber cometido delitos violentos o que pongan en riesgo la seguridad ciudadana ni la seguridad de su hijo. Además, deberán demostrar que cometieron el delito por razones de marginalidad que afecten la manutención del hogar.

Las principales beneficiadas serán las mujeres que fueron contratadas, por sus condiciones de pobreza, como mulas o transportadora de drogas. “Es una excelente noticia para las mujeres madres cabeza de familia condenadas por penas relacionadas con el procesamiento y tráfico de estupefacientes(…) En particular corrige un problema estructural de nuestro sistema de justicia que castiga con severidad a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico como son las mujeres que han tenido que convertirse en mulas y cultivadoras de hoja de coca”, aclaró el dirigente.

Lara, cuando propuso y debatió su iniciativa en el Congreso, insistió en lo que ocurre cuando se separa a la mamá de sus hijos: “Estamos ante dos condenas: a la mujer y al mismo tiempo la de sus hijos pues ellos quedan a la deriva, con condiciones precarias, que los lleva a fenómenos como la deserción escolar, las adicciones y la posibilidad de caer en comportamientos delincuenciales”.

Tan pronto el presidente Iván Duque sancione el proyecto de ley, el Inpec empezará la revisión de cuáles son las mujeres que podrían beneficiarse. Y las condenadas podrán iniciar a adelantar las solicitudes del pago de sus condenas con trabajo social.