“En Colombia los funcionarios gobiernan con una espada de Damocles”

SEMANA: El informe de la Misión Electoral despertó una enorme controversia en el mundo político. ¿Veía venir esa tormenta?

ALBERTO YEPES: Me gustaría explicar el porqué de nuestro trabajo. La Misión lo que hizo fue seguir los mandatos del acuerdo de La Habana que ordenaba reestructurar la organización y el sistema electoral para que, entre otras cosas, una vez firmado el acuerdo de paz, las Farc y todos los actores políticos puedan participar con garantías y seguridad jurídica dentro de un sistema electoral que así lo permita.

SEMANA: ¿Si ese era el objetivo, no le parece que se excedieron en proponer un espectro tan amplio?

A.Y.: No. La propuesta de la Misión no está destinada a las Farc, sino a todos los colombianos. Como resultado del acuerdo se estableció que el sistema electoral no funcionaba, que no había un sistema jurídico electoral ni una organización que garantizara la estabilidad, la institucionalidad y la legitimidad de las elecciones. Y nuestro trabajo era responder a esa realidad.

SEMANA: Comencemos, entonces, a responder a cada uno de los puntos que han levantado esa polvareda. ¿Por qué eliminar la Sección Quinta del Consejo de Estado, a la que usted pertenece, y cambiarla por una supercorte electoral?

A.Y.: Hoy hay tres organizaciones con funciones electorales: el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. Nuestra propuesta se basa en corregir algunos vicios que puede tener el funcionamiento actual. La Sección Quinta del Consejo de Estado es hoy el órgano judicial más eficiente que hay en el país. Tanto, que está certificada por la ISO 9000 y tiene un 95 por ciento de eficiencia. A pesar de esto, hay dos problemas estructurales que no se pueden resolver.  El primero tendría una solución con la creación de una corte electoral especializada que pueda hacer algo que hoy no puede el Consejo de Estado: fallar los procesos en tiempo real.

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SEMANA: ¿Cómo así?

A.Y.: Hoy, por ejemplo, no se puede revocar la inscripción de los candidatos a elección popular. Entonces la persona se presenta y apenas gana la demandan. Cuando lleva tres o cuatro meses, o incluso cuando le faltan apenas unos días para terminar el periodo, se le dice: “¡Qué pena, usted sí estaba inhabilitado!”, cuando otro órgano del Estado ya lo había dejado participar. ¡Eso va contra todo! Afecta la representación, la democracia y la institucionalidad. No hay otra forma de solucionar eso que con la creación de esa nueva corte a la cual se le atribuye la potestad de decidir las controversias, juzgando, en los actos previos a las elecciones, este tipo de situaciones, cosa que hoy no puede hacer por encontrarse en el marco del derecho contencioso administrativo y no del derecho electoral autónomo. Esos procesos deben fallarse antes de que las personas se posesionen y no cuando ya están ejerciendo sus cargos y al frente de enormes responsabilidades para el país.

SEMANA: ¿Por qué?

A.Y.: Porque hoy dentro del Estado colombiano hay una enorme inseguridad jurídica. Sobre los funcionarios y elegidos pesa durante todo su periodo una espada de Damocles. Muchos gobiernan sub judice. Además desaparecerían las elecciones atípicas, las cuales tienen un costo enorme para el país (más de 20.000 millones). Igual pasa en altos cargos, como el contralor, el procurador, el fiscal. Para ellos lo que se propuso es que una vez hecha la elección por el Congreso, la Corte Electoral tendrá que fallar antes de que se produzca la posesión de la persona.

SEMANA: A sus compañeros magistrados les molestó mucho esa propuesta. En especial la parte en la que les ofrecen ser los primeros magistrados de esa nueva corte…

A.Y.: No son ciertas las críticas del Consejo de Estado. La reforma electoral no es solo conveniente, sino necesaria, eso nadie lo discute. Su observación sobre la inconstitucionalidad, porque esta no se pueda tramitar por fast track, me parece que es una excusa formal. Si esto no se puede tramitar, no habría nada que se pudiera tramitar, la pertinencia es absoluta. Tampoco es cierto lo del supuesto impacto fiscal, porque el ahorro de las elecciones atípicas sería enorme. Sobre ser los primeros magistrados, es más un reconocimiento de toda la Misión Electoral a su prestancia y capacidad que a otra cosa. Pero claro que son libres y es respetable su decisión de no haber aceptado.

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SEMANA: Otro muy molesto es el procurador Fernando Carrillo. Para él la Procuraduría no puede perder la facultad de sancionar a los elegidos por voto popular como ustedes proponen… 

A.Y.: Nuestra propuesta es que así como la corte electoral estudia el ingreso de las personas a la democracia, ella es la que debe garantizar quiénes salen y cómo salen, igualmente. Por lo tanto, la pérdida de investidura debe ser estudiada por esa corte al igual que la destitución disciplinaria.  Entre otras cosas, para cumplir los estándares internacionales y el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que dispone que solo en ejercicio de la función jurisdiccional   pueda separarse del cargo a un servidor elegido por voto popular. La Procuraduría seguiría teniendo una función muy importante: podría acusar cuando considere que un funcionario debe ser destituido y la corte decide. Ahora, también es inconveniente que el procurador discipline a sus electores. Sin embargo, no descarto que puedan existir otras soluciones para que esa entidad de control continúe disciplinando a alcaldes, gobernadores, diputados y concejales.

SEMANA: ¿Y la propuesta de las listas cerradas? Los partidos como el Polo han dicho que es para que los grandes puedan ocultar a sus candidatos no muy santos… 

A.Y.: La idea es que los partidos se fortalezcan. Si las listas son cerradas, la nueva corte ya no tendría que vigilar a cada uno de los candidatos al Senado, sino a cada partido. Por lo tanto, por lo menos en el Senado, va a tener un control directo, inmediato y en tiempo real de la actividad de cada uno de ellos. Para la Cámara, existe la propuesta de circunscripciones uninominales que se crean para que todo el territorio colombiano tenga representación en el Congreso; cada departamento tendría, por lo menos, tres representantes. Esto para que ninguno se quede sin representación. Aumentaría entre 10 o 12 miembros, pero esos aumentos irían para Guainía, Putumayo, Amazonas y otros.

SEMANA: Una vez presentada la propuesta, ¿qué vendría?

A.Y.: Vienen los nuevos diálogos con los partidos políticos por parte del gobierno. Se va a explicar el contenido de la reforma. Se introduciría en dos actos legislativos, uno para la organización electoral y otro para el sistema electoral. Posteriormente, vendrán los desarrollos legales.

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SEMANA: El presidente del Senado ya rechazó que esta se tramite por ‘fast track’…

A.Y.: Como dije, no vemos ningún impedimento para que se tramite por fast track. No se crea ningún poder electoral ni ninguna rama como se ha dicho. Lo que hay es una reorganización. Por lo tanto, yo no veo ningún problema para que esto pase el examen en la Corte Constitucional. Simplemente lo que se haría es desarrollar el acuerdo de paz.  Sería una lástima desaprovechar esta oportunidad para avocar al país a una asamblea constituyente

SEMANA: Sus colegas del Consejo de Estado han sido quienes más fuertemente lo han criticado. ¿Cómo recibe usted eso?

A.Y.:   Creo, y no todos, que han controvertido mis propuestas, no a mí personalmente. Yo soy coherente con las ideas y convicciones que tengo desde hace mucho tiempo y que se han reflejado en mis providencias, aclaraciones y salvamentos de voto. Creo que para que el derecho electoral funcione tiene que tener otro tipo de soluciones, soluciones en tiempo real y no dentro del marco del derecho administrativo. Creo en la autonomía del derecho electoral.