Magistrado Camilo Andrés Ruíz, quien formó parte del Cartel de la Toga, es destituido e inhabilitado por 18 años

Siete años después del más grande escándalo de corrupción en la Rama Judicial y que involucró a algunas de las máximas cabezas de la Corte Suprema de Justicia, siguen dándose coletazos de este hecho que significó, en palabras simples, que, a cambio de dinero, magistrados engavetaban espinosos procesos penales.

Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación acaba de decidir, en fallo de segunda instancia, la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 18 años del exmagistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Camilo Andrés Ruiz, por su participación en el denominado Cartel de la Toga, al recibir dinero a cambio de entorpecer y dilatar procesos entre 2015 y 2017.

El organismo de control encontró probados los cargos y que la conducta desplegada por el disciplinado transgredió el principio de moralidad de la función pública, al intervenir de forma ilícita en investigaciones penales como las que en su momento se adelantaron contra los excongresistas Argenis Velásquez Ramírez y Milton Córdoba Manyoma.

La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento ratificó que el entonces servidor recibió dinero a cambio de proceder de manera irregular y ejecutar actos contrarios a sus deberes funcionales como retardar sustanciaciones, tramitar aplazamientos de diligencias de pruebas y evitar que se tomaran decisiones en contra de los investigados.

Durante esta etapa procesal, el Ministerio Público rechazó las nulidades presentadas y, por el contrario, convalidó la totalidad de la sentencia proferida en primera instancia, por lo que las faltas atribuidas al exmagistrado auxiliar fueron calificadas de manera definitiva como gravísimas cometidas a título de dolo.

El caso Ricaurte

Tal vez el magistrado más reconocido en el escándalo del Cartel de la Toga es Francisco Ricaurte, nada menos que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Él ya fue condenado penalmente y el fallo fue ratificado en segunda instancia.

Sin embargo, presentó recurso de casación, que debe ser resuelto en la Corte Suprema, la misma que él presidió. El asunto se ha vuelto un chicharrón porque el alto tribunal debe demostrar su independencia y transparencia.

Por eso, justamente, decidió declarar impedidos a cuatro de sus magistrados para que conozcan y tomen decisiones sobre las demandas de casación que interpuso la defensa del exmagistrado Francisco Ricaurte, en la sentencia que modificó su condena en primera instancia, en el proceso que se adelanta en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, y utilización indebida de información oficial privilegiada.

Sobre esas demandas de casación, los magistrados Myriam Ávila, Fernando León Bolaños, Diego Corredor y Luis Hernández expresaron su impedimento para conocer ese caso. Pero ¿cuáles fueron las razones?

La magistrada Ávila le explicó al tribunal que cuando fue procuradora delegada para el juzgamiento penal, intervino en los procesos que adelantó la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en contra de los exmagistrados de la Corte Suprema, José Leonidas Bustos y Gustavo Malo, investigados también en el controvertido Cartel de la Toga.

El caso del magistrado Fernando León Bolaños se resume en que respaldó los fundamentos de la sentencia que declaró responsable penalmente al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, dentro de la investigación que se adelantaba contra el exmagistrado Bustos Martínez.

“Su criterio se encuentra comprometido, dado el conocimiento y valoración anticipada expuesta frente a aspectos esenciales que a la vez son objeto de discusión en la causa adelantada contra el doctor Francisco Ricaurte”, dijo el magistrado ponente Carlos Solórzano sobre su impedimento.

El magistrado Diego Corredor explicó que su concepto también se conoció en pleno debate penal cuando era conjuez de la Sala de Casación Penal, y esa sería una causal sobre las decisiones que se van a tomar a futuro del acusado.